Imagínese despertar una noche, su hermano, su padre, madre o su pareja llega y le dice que tiene que recoger lo que pueda de ropa. Solo lo que pueda llevar consigo, todo lo demás queda allí. En la oscuridad de la noche sale de su casa y lo deja todo. Aun no entiende qué pasa, solo sabe que si vuelve perderá la vida. Desde ese momento usted es un desplazado por la violencia en Honduras, una crisis que, al ocurrir por goteo, es invisible, pero afecta ya a miles de personas.
Según datos presentados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Decentralización (SDHJGD), en Honduras se estiman alrededor de 174,000 personas desplazadas internas como efecto de la violencia. Ese dato podría incluso ser conservador, según lo manifestó Carlos Sierra de Ciprodeh, quien estima que podrían llegar a ser más de 300,000 las personas desplazadas en el país.
«El tema del desplazamiento en Honduras es de reciente estudio pero no de reciente afectación», indica Sierra, resaltando que en Honduras, a diferencia de Colombia o México —países de referencia para entender el fenómeno hondureño— el desplazamiento se ha dado por goteo.
«El fracaso de la política de seguridad en el país ha llevado a un desbordamiento de la violencia y este desbordamiento de la violencia ha generado una gran cantidad de víctimas que es lo que no vemos en los diarios. Vemos a las personas muertas, vemos las capturas, escuchamos todas estas crónicas sobre la criminalidad en Honduras pero nadie habla sobre la esposa que quedó viuda, el hijo que quedó huérfano; las personas que tienen que desplazarse de su comunidad por el tema de la criminalidad propiamente dicha», afirma Sierra.
Según el documento titulado Características del Desplazamiento Interno en Honduras presentado por la SDHJGD, dentro de las razones para el desplazamiento en Honduras están el ser el considerado “enemigo” o “traidor” por maras, pandillas o redes de narcotráfico; la real o presunta cooperación con las fuerzas de seguridad o justicia; la sospecha de colaboración con grupos rivales o, sobre todo en el caso de las maras, la decisión de abandonar la banda sin el permiso de sus líderes.
«Hace unos tres, cuatro años, una familia completa de unos ocho o nueve personas, llegó a una posta policial y dijo que no podían ir a ningún otro lado, no podían regresar a sus casa porque si regresaban los mataban. Ese caso puso las alertas de lo que ya venían recibiendo las iglesias, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres…», cuenta Carlos Sierra de Ciprodeh.
El caso de esa familia demostró que no solo las personas ligadas de una u otra manera a las maras, pandillas y bandas de crimen organizado que caen en categoría de proscrito por esos grupos criminales sufren de desplazamiento forzado. También personas que no pertenecen a las maras o pandillas. Gente común, trabajadores que luchan por salir adelante y de la noche a la mañana, por suerte o circunstancia, lo pierden todo. El rechazo al pago de la extorsión, a la colaboración con maras o pandillas en sus actividades delictivas, mujeres jóvenes que rechazan las atenciones de los mareros o de los narcotraficantes; personas que discuten o enfrentan a los integrantes de los grupos criminales; niños o demás personas que frecuentan escuelas o realizan actividades en territorios controlados por maras o pandillas enemigas, son víctima directas de la violencia en las comunidades que las obliga luego a desplazarse.
La “resistencia” en contra de la criminalidad en barrios y colonias de Honduras puede ser sancionada con la muerte u otras violaciones graves a los derechos humanos, y llevar al desplazamiento.
Entre el 2011 y el 2012 se reportó un alarmante incremento de hondureños solicitantes de asilo en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá. Esos casos dispararon las alertas de la ACNUR, del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Consejo Noruego de los Refugiados, tres instituciones que se habían retirado de la región luego del final de la guerra en Centro América y que volvieron en 2012, ante los llamados de alerta de los hondureños solicitantes de asilo. Esos elementos se conjugan para que tanto la Cooperación Internacional, como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen al gobierno de Lobo Sosa para pedir que reconozca la problemática.
De los países de la región que sufren situaciones similares, sólo Honduras ha tomado la decisión política de reconocerlo como problema. Un paso importante, pero aún insuficiente.
«Para nosotros era muy importante que el estado de Honduras reconociera que la problemática de la seguridad se había ido de las manos, esa problemática había generado una gran cantidad de víctimas y muchas de estas víctimas estaban siendo desplazadas por la violencia. Ahí debemos reconocer un poco la apertura del gobierno de Porfirio Lobo Sosa a través de la ministra de Derechos Humanos Ana Pineda, que primero emprendió un rápido análisis sobre lo que estaba ocurriendo, las cifras que estaba dando la policía, las cifras que estaba dando la Secretaria de Educación con traslados de muchos niños en las escuelas entre el país, las cifras que tenían las organizaciones de Derechos Humanos y las iglesias, para poder reconocer, que efectivamente se estaba generando un desplazamiento por goteo», afirma Carlos Sierra.
Un estudio realizado por la Asociación de las Hermanas Scalabrinianas en Honduras con el apoyo del ACNUR y ECHO evidencia, según el documento Características del Desplazamiento Interno en Honduras presentado por la SDHJGD, que al menos 5.4% de los migrantes deportados de Estados Unidos entre junio y diciembre del 2013, abandonaron Honduras para escapar de la violencia y la inseguridad.
De igual manera, un diagnóstico llevado a cabo por el Servicio Jesuita a Migrantes de México en siete albergues para migrantes de ese país, confirma que la violencia generalizada es la segunda causa de salida de los hondureños, con una tasa del 6% sobre un universo total de 9,313 registros.
La pastoral de movilidad humana en México estima, que en los últimos cinco años (2011-216) cerca de 300,000 hondureños intentaron pasar por México en su intento por llegar a los Estados Unidos, de esos 18,000 personas lo habrían hecho en condiciones de desplazados por la violencia.
Según el análisis 2011 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras «Comportamiento de la Migración y las Remesas Internacionales», unas 850.000 personas de origen hondureño viven fuera del país. El mismo informe señala que a mayo 2010 emigraron 238,669 hondureños, el 6% de ellos, según las Hermanas Scalabrinianas, escapando de la violencia.
Cerca de 29,400 personas se vieron forzadas el año pasado a migrar internamente en Honduras por la inseguridad, según datos divulgados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)
Dice el documento Características del Desplazamiento Interno en Honduras presentado por la SDHJGD: «La «inseguridad» generalizada que la población siente en sus comunidades, creada por el actuar de los grupos criminales no está basada en incidentes concretos de confrontación, sino que deriva más bien de un miedo instalado en la población (por ejemplo el temor de las madres al reclutamiento de sus hijos). Sin embargo ciertos eventos específicos pueden desencadenar el desplazamiento, como por ejemplo la llegada de un grupo criminal a un barrio, la remoción de una posta policial, o el presenciar un crimen».
Carlos Sierra resume así las causas del desplazamiento de personas en Honduras: «hay personas que son víctimas de una extorsión y deciden irse. Hay también otras que viven en comunidades con alta criminalidad, que han presenciado un hecho violento o una muerte violenta, esas personas, por el temor se desplazan. Si usted llega a ver el rostro de determinados delincuentes, usted tiene que salir de esta comunidad. En otros casos es más directo, los delincuentes vienen y le dicen, “yo voy a reclutar a su hijo o hija mañana, así que me lo tiene listo con la maleta” y esta persona opta por irse…»
