/EL DERECHO DEL PUEBLO A LA INSURRECCIÓN POPULAR

EL DERECHO DEL PUEBLO A LA INSURRECCIÓN POPULAR

Por Gilberto Ríos Munguía (•)

“Artículo 3 Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.” Constitución de la República de Honduras, 1982.

Nuevamente el Presidente Manuel Zelaya es motivo de debate en los medios de la oligarquía y en los círculos políticos del país; ante la inestabilidad del régimen, la grave crisis económica, social y de seguridad que atraviesa Honduras sumado al escándalo internacional que devino de la llamada “Caravana de Migrantes” -que no es otra cosa que un éxodo masivo de seres humanos que huyen del país-, la convocatoria a la insurrección hecha por el Coordinador Nacional de la principal fuerza de oposición política ha querido estigmatizarse como “la solución de la oposición violenta”.

Si en otros momentos y contextos la izquierda planteaba el rompimiento de toda norma de la “legalidad Burguesa” o “Democracia Formal”, en América Latina después del Consenso de Washington (1989), los tratados de paz en la zona centroamericana y la institucionalización de las guerrillas convertidas en partidos políticos, la izquierda se concentró en generar espacios de participación en la vida democrática de los diferentes países, estos espacios estaban limitados por la ley y sobre todo moldeados por el mercado, la fuerza del capital y sus diferentes formas.
La década de los noventas significó un periodo de replanteamiento de las otrora guerrillas y fuerzas insurgentes, no sin conatos de violencia revolucionaria como los que se recuerdan en Venezuela con el alzamiento de un sector de las fuerzas armadas lideradas por el Comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, la irrupción Zapatista del EZLN el 1 de enero de 1994 y la toma de la Embajada de Japón en Lima, Perú por el MRTA en diciembre de 1996, por mencionar algunos. Años más tarde la “normalización” había llegado y las expresiones de la izquierda se dedicaron mayoritariamente a construir maquinarias electorales en el formato convencional.

Pero los pueblos no esperaron a que estas fuerzas se perfeccionaran en los comicios que respetan los calendarios establecidos por las clases pudientes. La profundización del neoliberalismo, los altos niveles de marginamiento social y crisis económica, provocaron también alzamientos populares que dieron al traste con los planes de la élites, muestra de ello fueron las insurrecciones de Argentina (2001), Bolivia (2000 – 2003) y Ecuador (2005), donde la llamada partidocracia –el establecimiento- no representaba más que una anquilosada forma de burocracia disfuncional a los intereses del pueblo y de la propia élite.

Esa misma década de los años 2000, el avance de las fuerzas progresistas en la arena de la legalidad burguesa, fue tan importante que logró abrirse paso en la representaciones del poder local, las legislaturas nacionales y también con las primeras magistraturas de los Estados a lo largo y ancho del continente, consiguiendo importante reformas que ante todo incidieron en la distribución de la riqueza, la oportunidad de empleo y la disminución significativa de la pobreza y la miseria.

El 20 de enero de 2001 tomó posesión en EEUU el Complejo Militar Industrial y las compañías petroleras, que promovieron la invasión imperialista en países de medio oriente (Afganistan, Irak, Libia), provocando millones de muertes de civiles inocentes y el saqueo de sus recursos naturales, a la vez la guerra significó un altísimo costo para los contribuyentes norteamericanos y un costo adicional en algunos miles de efectivos militares de su ejército; el único ganador fue el sector privado corporativo. En ese momento, de este lado del hemisferio los norteamericanos habían “descuidado” el control del crecimiento de la oposición –sumado a un altísimo nivel de corrupción sus agencias de inteligencia-, que permitieron la consolidación de muchas fuerzas progresistas y la toma del poder de gobiernos en la mayoría de países de la región.

Hoy ante la violación de su propia norma democrática a través de golpes de estado, fraudes electorales, criminalización de la protesta pública, persecución judicial de la oposición política y el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, la correlación política contraria a los intereses de élite son francamente desfavorables para ellos, pero los pueblos intentarán toda forma de lucha pacífica que minimice el costo en vidas del necesario cambio social que pasa por el cambio de sistema político y económico.

Mientras tanto la violencia estructural seguirá provocando decenas de miles de muertos por hambre, enfermedad y violencia sin que esta modifique el actual orden de cosas. Más que nunca en la historia de nuestro país la insurrección está plenamente justificada, lo único que hará falta es organizarla.

(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación, Libre.

Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.