Honduras

El déjà-vu de las políticas de seguridad en Honduras

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Por Ivan Briscoe y Sofía Martínez

International Crisis Group

Honduras no es un país violento. El arrebato represor para resolver las situaciones de conflictividad no es algo propio de la identidad catracha ni característico de los últimos acontecimientos históricos de este país. Sin embargo, la imagen de Honduras en el extranjero dice lo contrario y sus descorazonadoras tasas de homicidio están entre las más altas del mundo.

Las pandillas, el narcotráfico, la corrupción y el creciente deterioro de la capacidad estatal son algunos de los múltiples factores que explican la delicada situación actual. Por si fuera poco, la repetición por inercia de políticas de seguridad represivas que obvian las raíces socioeconómicas del problema han supuesto un deterioro notable de la situación. 

Conscientes del papel de las pandillas en la violencia y el desplazamiento forzado en el Triángulo Norte – formado por Guatemala, Honduras, y El Salvador – en nuestro último informe “El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica” un equipo de investigadores de la ONG International Crisis Group investigamos estas estructuras y el uso de la extorsión, así como los efectos de las políticas que combaten este flagelo. Nuestros principales hallazgos indican que, de no apostar por una estrategia de seguridad más integral que ofrezca alternativas a la extorsión y fortalezca el combate a la corrupción, el ciclo de la violencia se repetirá una y otra vez, dando lugar al asentamiento de estructuras criminales y convirtiendo a Honduras poco a poco en un lugar cada vez más hostil.

Foto de Delmer Membreño

Foto de Delmer Membreño

Las pandillas en Honduras

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las dos pandillas principales – Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 – cuentan actualmente con unos 12.000 en Honduras y 54.000 en el Triángulo Norte.

Aunque la presencia de estos grupos se disparó en la década de los 90 por el efecto de las políticas de deportación masiva de EE.UU., “las maras no eran un fenómeno nuevo en Honduras”, asegura Joanna Mateo en su ensayo “Pandillas en Honduras” en el libro Maras, violencia pandilleril y seguridad en Centroamérica (Austin, 2011). La autora sostiene que existieron múltiples factores que explican la presencia de estos grupos en el país, entre ellos el legado de una década de guerra civil en El Salvador y una violencia creciente en Honduras, una transición imperfecta a la democracia, así como la amplia presencia y control militar. De hecho, Mateo atribuye al notable papel de las Fuerzas Armadas en la política de Honduras a finales del siglo XX las primeras respuestas represivas al fenómeno de las pandillas. 

Estos factores se suman a realidades comunes en el Triángulo Norte que favorecieron la proliferación de estas estructuras, principalmente instituciones débiles, una policía mal pagada y sin recursos, altos niveles de pobreza, migración masiva hacia EE.UU. por causas económicas y su consecuente desintegración familiar. El nuevo papel que asumió centroamérica en los 90 con el cambio de la ruta de la droga se convirtió en una oportunidad lucrativa para las pandillas.

En el informe conjunto de abril de 2016 de Insight Crime y Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se detallan las particularidades de las pandillas en Honduras y las diferencias entre la MS13 y Barrio 18. Según este estudio, las pandillas hondureñas tienden a concentrarse en los núcleos urbanos y presentan una estructura jerárquica en términos generales y horizontal a nivel operacional. Lo más distintivo entre ambas es que mientras la Barrio 18 tiende a recurrir a la micro-extorsión en sus territorios y al narcomenudeo, la MS13 se lucra sobre todo del tráfico de droga a niveles más altos. Una cuestión característica de las pandillas hondureñas que señala este informe es la existencia de otros grupos como las barras bravas o las milicias como Los Pumas en La Ceiba, los cuales también se consideran pandillas violentas aunque presentan dinámicas y contextos diferentes. 

Foto de Delmer Membreño

Foto de Delmer Membreño

Extorsión, desincentivo empresarial y desplazamiento

En el informe de Crisis Group, describimos cómo la extorsión se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las pandillas en Honduras, de la cual extraen ganancias netas de hasta 2.5 millones de dólares al año.

Si la extorsión es el motor económico de las maras, también representa el principal desincentivo empresarial para los comerciantes extorsionados, hasta el punto de que la Cámara de Comercio de San Pedro Sula ya no publica la lista de sus integrantes. Alrededor del 79 % de las pequeñas empresas registradas en Honduras y el 80 % de los comerciantes informales del país aseguran haber sido extorsionados. El transporte público es el gremio más afectado por esta actividad criminal. Solo en 2012, 84 taxistas fueron asesinados.

El papel de la extorsión como motor del desplazamiento forzado es difícil de contrastar debido a la falta de estadísticas confiables, así como la dificultad de identificar una única causa de la emigración. Un reciente informe de Médicos Sin Fronteras señala que entre 2015 y 2016 un 92 % de los migrantes y refugiados atendidos por esta organización había sufrido algún tipo de violencia en su país de origen o durante el viaje. Desde 2011, Honduras es el único país del Triángulo Norte que reconoce el desplazamiento forzado.

La respuesta del Estado y la comunidad

Honduras, que fue pionero en la implementación de la “mano dura” en la región con el plan “Cero Tolerancia” en el 2002, tiene un largo historial de medidas punitivas que no han dado los resultados esperados. Ya el plan de 2002 incluía el concepto de “asociación ilícita” que derivó en detenciones masivas y en el aumento de la población carcelaria. El código penal sufrió 10 reformas entre 2003 y 2006, y la llamada “Ley Antimaras” permitió que se detuviera a jóvenes simplemente por tener aspecto de pandilleros. Algunas iniciativas durante el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya apostaron por un enfoque más de prevención, aunque la mayoría no fueron implementadas. Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal en marzo de este año que califican a pandilleros como grupos terroristas son la última manifestación de esta deriva. Dicha reforma, no exenta de carácter electoral, distorsiona la verdadera identidad de estos grupos y, aún peor, les otorga un estatus innecesario que alimenta su discurso antiestatal.

La creciente militarización en los últimos años es otro factor que preocupa a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos. El informe de marzo de este año del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) incide en uso excesivo del Ejército en materia de seguridad. El Presidente Hernández creó en 2014 la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), una especie de policía militarizada que ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil. El analista hondureño Miguel Cálix describe esta estrategia de militarización en las comunidades como “efecto cucaracha”, que deriva en el desplazamiento de estos grupos aunque no necesariamente supone una solución sostenible a la inseguridad.

Otra de los efectos de la política de “mano dura” en Honduras ha sido el encarcelamiento masivo que ha convertido los centros penitenciarios en bases de operaciones controladas por los propios pandilleros. Según el Centro Internacional para los Estudios Penitenciarios, entre 1999 y 2014 la población carcelaria creció un 50 % y en 2016 las cárceles tuvieron una sobrepoblación de 162.8 %. Las inhumanas condiciones de los centros así como la mala gestión de los mismos ha dado lugar a tragedias como el incendio del penal de Comayagua en 2012 en el que murieron 382 reos. El Presidente está tratando de recuperar estos espacios mediante traslados a cárceles nuevas de máxima seguridad. Sin embargo, la corrupción endémica de las autoridades carcelarias ha dado lugar a episodios como la reciente fuga de 18 presos del penal de Támara, una señal más del largo camino por recorrer.

Sin embargo, merece la pena rescatar algunas intervenciones exitosas en Honduras. Una de ellas es la creación de la figura de los mediadores en áreas rurales, financiados por la cooperación internacional, encargados de lidiar con disputas menores. Quizá la más aclamada es la construcción de centros asistenciales en los vecindarios más afectados por la violencia que ha dado como resultado la disminución de homicidios por tres años consecutivos en zonas de San Pedro Sula. El éxito de estas iniciativas es un buen ejemplo de las numerosas alternativas a la represión que pueden ser exploradas más en profundidad.

Foto de Delmer Membreño

Foto de Delmer Membreño

¿Y ahora qué? Hacia una política de seguridad más integral

La impunidad es posiblemente el mayor reto que enfrenta el gobierno a la hora de implementar sus políticas de seguridad. A pesar de las innumerables iniciativas de reforma policial, esta institución sigue siendo percibida como una de las más corruptas de América Latina. La destitución del controvertido jefe de policía “El Tigre Bonilla” entre acusaciones sobre su implicación en ejecuciones extrajudiciales o el caso “Cuatro puntos cardinales” denunciado por la organización de sociedad civil Casa Alianza son algunos de las presuntas violaciones de DDHH asociadas a este órgano.

La lucha contra la corrupción es otro reto indispensable para revitalizar el papel del Estado. El desfalco de más de 325 millones de Lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social y las recientes declaraciones del líder del grupo narcotraficante ‘Los Cachiros’ que implica a importantes figuras políticas son algunos de los síntomas de los vínculos entre crimen y estructuras de poder. La presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) es una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y la purga de aquellas figuras políticas que aprovechan las debilidades institucionales y judiciales a su favor.

La inversión en la juventud, la gran olvidada en política pública hondureña, resulta un elemento esencial en el diseño de futuras estrategias de seguridad. La aprobación de la reciente propuesta para rebajar la edad punible preocupa a diferentes sectores de la sociedad por su posible efecto nocivo sobre la estigmatización de estos grupos.

Si bien el Estado tiene el deber de perseguir y condenar a quienes violan la ley, el efecto de las políticas punitivas de los últimos años son la mejor evidencia de que es necesario un cambio de rumbo en este sentido. De lo contrario, no tardará en darse un nuevo déjà-vu en materia de seguridad.

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Ivan Briscoe es Director para América Latina y El Caribe del International Crisis Group. Sofía Martínez es analista para el Triángulo Norte para la misma institución. Crisis Group es una ONG independiente dedicada al análisis y prevención de conflictos.

Acerca Invitado

Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.

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