El pasado mes de mayo el Congreso Nacional eligió la terna de comisionados de la Unidad de Política Limpia que velarán por un proceso transparente en las próximas elecciones de noviembre. Pese a los esfuerzos de la sociedad civil de promover un proceso de selección alejado del tradicional reparto patrimonial de los puestos del Estado, la terna terminó siendo constituida con miembros de los tres partidos mayoritarios: Nacional, Liberal y Libre, que responden a los intereses de sus respectivos partidos.
Durante el proceso de selección se supo que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentaban oposición a la elección de German Espinal, propuesto por el diputado (y sobrino) Jorge Cálix Espinal. Nuestra fuente al interior de la MACCIH nos indicó, que la oposición de la misma al nombramiento de Espinal en el puesto, se debió sobre todo por su vinculación al escándalo de corrupción conocido en la prensa nacional como «El Cubanazo».
RECORDEMOS EL CUBANAZO
Entre 2006 y 2008, altos funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales estuvieron vinculados en el tráfico ilegal de cubanos a tierras hondureñas. El escándalo fue conocido como «El Cubanazo», según trascendió en la prensa nacional en su momento. En él participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Industria y Comercio, Instituto de la Propiedad, la Dirección de Migración y Extranjería y la Embajada de Cuba en Honduras. Además se involucraron personas particulares que invertían grandes cantidades de dólares en el «negocio».
El acto de corrupción se evidenció a principios del 2008 cuando, según manifestó un testigo protegido en el caso, el Secretario General de Cancillería, Juan Ramón Rivera,«descuidó la operación» y filtró a la prensa el escándalo. En mayo de ese año la prensa y las autoridades estatales informaron a la opinión pública sobre la existencia de una «poderosa red de traficantes» conformada por burócratas y altos funcionarios, principalmente.
Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pusieron su atención sobre Honduras. Estados Unidos quería saber quiénes conformaban la red de traficantes y Cuba estaba interesada en la vinculación en la red de la familia Nodarse de San Pedro Sula, propietarios de canal 6, quienes antes habían dado refugio en su casa al terrorista Posada Carriles.
El entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Edmundo Orellana Mercado, expresó que en cuanto al tema de los cubanos traídos ilegalmente hasta Honduras habían descubierto «una red muy grande, poderosa, en la que circula mucho dinero». Según dijo que el cónsul de Honduras en La Habana en ese tiempo, 85 visas habían sido vendidas a ciudadanos cubanos a un costo de entre 25,000 y 35,000 dólares cada una, eso sin mencionar a los cientos de cubanos que arribaron en balsas y en cuyo tráfico se vieron vinculados oficiales de la Fuerza Naval, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de Migración.
«Había ocasión en donde los cubanos eran custodiados hasta la frontera con Guatemala para que desde allí continuaran su viaje a Estados Unidos», manifiesta el testigo protegido.
La Fiscalía General de la República inició entonces sus investigaciones. Algunos funcionarios, como Juan Ramón Rivera, Secretario General de Cancillería; su asistente, Raúl Anderson Pérez, y Reinyeri David Amador, encargado de asuntos consulares en La Habana; fueron destituidos de sus cargos. Pero al final, ninguno de ellos fue inculpado.
El sub Secretario de Industria y Comercio, ahora candidato a diputado por Libre Ferdis Cerrato, fue mencionado por la prensa de ser quien solicitó muchos de los visados para ciudadanos cubanos que luego aparecieron en los Estados Unidos. En entrevista a El Pulso Cerrato manifestó que él salió mencionado en el escándalo, cuando se negó a colaborar con los abogados Fredi Folgar y Cruz Ascencio. Ellos llegaron a su oficina para pedirle la autorización de 10 cubanos que venían al país, supuestamente, para impartir talleres de protección al consumidor.
«Yo no le creí porque Cuba no produce nada. Entonces se fueron y regresaron con una persona de CODECO. Yo les negué lo que pedían», manifiesta Fredi Cerrato. Según él, cuando se disponía a hacer una declaración pública ante su vinculación en el escándalo, el presidente Zelaya le dijo que se olvidara del asunto. «Ay dejalo, si eso a vos no te importa», le dijo.
«Cruz Ascencio es un sinvergüenza, yo lo increpé violentamente porque andaba hablando con Pineda Ponce de que yo le había dado una carta…» manifiesta Cerrato, quien niega toda vinculación con la red responsable del tráfico de cubanos.
Este medio intentó entrevistar al diputado Cruz Ascencio para que respondiera las acusaciones en su contra, pero declinó dar declaraciones.
El Director Nacional de Migración de ese entonces (y actual comisionado de la Unidad de Política Limpia), Germán Espinal, parece estar en el centro del escándalo. Espinal puso a disposición su cargo a principios de mayo de 2008, «para facilitar las investigaciones sobre el caso», según él mismo lo dijo. Pero la investigación no llegó a ningún lado.
Según manifestó el testigo protegido en la investigación, del total del dinero cobrado a las asociaciones cubano americanas que financiaban el ingreso de sus compatriotas,«unos 16,000 dólares por cabeza eran entregados a migración». Y si German Espinal no fue procesado, fue porque estaba muy bien conectado con Casa Presidencial, por su estrecha amistad con quien era su padrino político, el abogado Enrique Flores Lanza, actualmente prófugo de la justicia hondureña que le acusa de distintos actos de corrupción.
Luego de renunciar al cargo, German Espinal fue nombrado embajador en Venezuela, cargo que fue de suma importancia para la relación de Hugo Chávez y Manuel Zelaya en la suscripción de Honduras en el ALBA.
Para el V Estudio Migratorio de Honduras, el Cubanazo visibilizó y evidenció la utilización del territorio hondureño como lugar de paso. Se trataba de ciudadanos/as cubanos, que una vez llegados al país, se preparaban para partir hacia los Estados Unidos.
«Los cubanos ingresaban al país invitados por instituciones públicas y privadas para participar en diferentes labores técnicas. En investigaciones realizadas por la Cancillería y el Ministerio Público se estableció que el tráfico de los cubanos se hacía bajo el amparo de una poderosa red en la que estarían involucrados funcionarios y personas particulares, los que clonaban las solicitudes y autorizaciones de ingreso. Uno de los casos involucra 37 cubanos».
El 14 de mayo del 2008 el Gobierno de Honduras determinó suspender los visados a los ciudadanos cubanos con el fin de esclarecer las anomalías registradas desde diciembre del 2006.
Eso, «se trataba de ciudadanos cubanos a quienes la red de traficantes cobraba fuertes cantidades de dinero (miles de dólares) para “facilitarles” su paso y llegada a los Estados Unidos».
Se supone que cada ciudadano cubano habría pagado entre 25 y 30 mil dólares para salir de Cuba y usar el territorio hondureño como “territorio de paso seguro”, y no tener que emprender un viaje mucho más largo, costoso y peligroso desde países de América del Sur como Colombia o Ecuador.
Una vez en Honduras, cada ciudadano cubano debía pagar otros 25 mil dólares (50 mil en total) para completar su travesía hacia EE UU. El dinero, como indicamos antes, provenía de las asociaciones de cubanoamericanos radicados en Miami.
A pesar que el encargado de asuntos consulares en La Habana, Reinyeri David Amador, presentó un informe donde aparentemente constaba la legalidad y las buenas prácticas de la emisión de visados a ciudadanos cubanos por parte de esa dependencia del gobierno hondureño, la fiscalía encontró que muchos de esos visados habían sido dictaminados favorablemente en menos de dos horas por la Dirección de Migración y Extranjería.
Dicha brevedad de tiempo establecía un “record”, y no se correspondía con la usual prolongación de la burocracia hondureña en asuntos migratorios.
German Espinal manifestó a este medio que la denuncia en su contra se debió a un libelo «que circuló de una persona interesada que yo destituí por estar vinculada a la trata de personas», dijo, sin mencionar ningún nombre, agregando que en su administración en la Dirección de Migración él luchó en contra de la trata y tráfico de personas, arruinándole el negocio a muchos interesados, que son los que hoy le adversan.
El 8 de julio de 2008 Espinal presentó su carta de renuncia definitiva ante el Ministro de Gobernación, Victor Meza, aduciendo que la misma había sido provocada por las amenazas a muerte de las que había sido víctima, incluso, de parte de organismo estatales que en varias ocasiones le había cateado la casa para presionarlo, «mientras los verdaderos culpables andan muertos de risa por las calles».
«Yo estaba consciente de que al asumir este cargo corría riesgos, y sobre todo por grupos dedicados al crimen organizado y la trata de personas. Esos retos los enfrenté y no me arrepiento», escribió Espinal en su carta de renuncia.
Por otra parte, dijo que la principal causa de su renuncia era «una recomendación médica».
A pesar de sus “temores” y su “delicado” estado de salud, un par de meses más tarde, en octubre del 2008, Espinal a sumió el cargo de Embajador en Venezuela.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción encabezada por Henry Salgado, intervino las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Industria y Comercio, y la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Todo con la intención de recabar información y obtener posibles pruebas.
El caso empeoró cuando la Fiscalía informó que se trataba de un acto de corrupción gigantesco en el que estaban involucrados funcionarios de casi todos los niveles del gobierno, incluyendo al Congreso Nacional, presidido en ese entonces por Roberto Micheletti Baín, y una importante cantidad de alcaldías. Tanto el Congreso Nacional como algunas alcaldías habían solicitado a la Cancillería la llegada de algunos cubanos, que una vez llegados al país, no eran recibidos ni reclamados por nadie. Lo mimo sucedía con ciudadanos chinos.
En el caso Fredis Cerrato, el diario La Prensa informó que «La solicitud para emitir visas consulares a doce ciudadanos cubanos fue recibida el 10 de noviembre del 2006 en el despacho del canciller Milton Jiménez Puerto, según consta en los archivos. La petición fue hecha por quien en ese entonces fungía como vice-Ministro de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior, Fredis Cerrato».
Cerrato continua negando haber emitido tal petición, pero la misma consta en los archivos, y en el dictamen solicitado mediante oficio n°. 0295-06-SGV.
Lo cierto es que una vez llegados al país, cientos de cubanos solicitantes de visados desaparecieron del radar de las autoridades hondureñas. El gobierno nombró una Comisión Investigadora conformada por los abogados Juan Carlos Berganza, Mario Henríquez Chinchilla, Jesús Martínez Suazo y Francisco Wilfredo Madrid.
En agosto del 2008, los comisionistas presentaron un informe inverosímil y poco aclarador sobre los casos de tráfico humano. El mismo fue divulgado parcialmente por Radio Cadena Voces.
El informe especifica que el caso se descubrió cuando un grupo de cubanos fue detenido en el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, por detectárseles anomalías en sus pasaportes y documentos migratorios.
Menciona el nombre completo y número de pasaporte de muchos de los ciudadanos cubanos detenidos. Una vez iniciadas las investigaciones —resalta— desaparecieron físicamente de forma misteriosa, sin dejar rastro.
Se menciona el caso particular de 4 ciudadanos, dos de ellos madre e hijo. Ambos fueron identificados como Leisy Suarez Aguilar y Renyel Perez Suarez, con números de pasaporte C593771 y C593567, respectivamente. Su visa consular estipulaba que venían a residir a Honduras.
En el caso de los otros dos, Eugenio Falero O. y Vania Juana Cabadilla, se supo que sus visas habían sido concedidas bajo las estipulaciones de la “categoría B”, que se refiere a aquellas visas consulares o sin consulta, que son extendidas por un funcionario diplomático o consular sin requerir autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Dirección General de Migración y Extranjería.
«Según la investigación, el 28 de marzo de 2007, la subsecretaria de Deportes, de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Edda Patricia Castillo de Espinal, solicitó mediante oficio formal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, visa de ingreso a Honduras a un ciudadano cubano, quien venía a prestar servicios de entrenador a la Selección Nacional de Judo, la cual fue resuelta favorablemente. La irregularidad en este caso, es que el oficio número 13-04-07-006-SGV, de fecha 13 de abril de 2007, fue aprovechado por la asistente del secretario general de la Cancillería, Gloria Alvarenga, para girar instrucciones al Cónsul de Honduras en La Habana, Reynieri David Amador, para que incluyera en el otorgamiento de visa a tres ciudadanos cubanos más».
El Fiscal General Adjunto, Omar Cerna, expresó que se estaban haciendo «las valoraciones respectivas para realizar también las conclusiones finales y así preparar los requerimientos de rigor y así judicializar los hechos planteados en el informe».
El ex Ministro de Gobernación y Justicia, Víctor Meza, fue quien destituyó a German Espinal. Según sus palabras, Espinal había sido descuidado e irresponsable, y aunque nunca se había terminado de comprobar si Espinal tenía qué ver en el caso de los cubanos, era evidente que había sido negligente.
Hasta hoy, de los cientos de casos de cubanos “traficados” desde su país, con destino hacia EE UU, no hay ningún caso judicializado. No hay culpables. El caso —como todos los casos de corrupción de la administración de Zelaya Rosales— se olvidó por la crisis política del golpe de Estado de 2009.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, ha anunciado que investigará una serie de casos de corrupción que se extienden hasta el gobierno del poder ciudadano. El caso del Cubanazo será uno de ellos.
Hasta hoy no sabemos quiénes fueron los verdaderos culpables, cuántos ciudadanos cubanos estuvieron involucrados, ni a cuánto ascienden las cifras de esos actos de corrupción.
Eso sí, el Cubanazo, no fue sino la continuación de los muchos actos de corrupción en materia migratoria en los que se han visto envueltos los distintos gobiernos hondureños: el chinazo, el pasaportazo, etc.
En la actualidad, miles de ciudadanos de Cuba, Sudamérica y África pasan por Honduras en su búsqueda del “sueño americano”. ¿Cuántos casos de corrupción se dan con esta crisis humanitaria?, ¿cuántos son vistos como desplazados, cuántos como migrantes?, ¿quién se está enriqueciendo, aprovechando la necesidad de esas personas que a diario usan a Honduras como territorio de paso? y sobre todo ¿está en condiciones, el señor German Espinal de cuidar de la política limpia de este país, con esos antecedentes?
