El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva del partido de los trabajadores, quien fue condenado en abril a 12 años de prisión acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Lava Jato, estuvo a punto de salir de prisión después que el juez de apelación Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal-4 (TRF-4), una corte de segunda instancia, ordenara su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar.
Rogeiro Favreto concedió un habeas corpus a Lula considerando que al estar privado de libertad, a Lula se le está impidiendo ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de Brasil en las elecciones que tendrán lugar en octubre y ordenó la liberación inmediata del ex presidente quien está recluido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Lula da Silva encabeza todas las encuestas, aunque el Tribunal Superior Electoral podrá suspender la candidatura a partir de agosto debido a su condena en segunda instancia.
Favreto señalaba también ilegalidades en la decisión de encarcelar al ex presidente. En su opinión, existe una “ausencia de fundamento”, por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.
La orden de Favreto, sin embargo, fue bloqueada pocas horas después por João Gebran Neto, otro juez del TRF-4 quien es tutor del caso Lava Jato. Gebran Neto ordenó a la policía y a las autoridades que no tomaran ninguna acción, por lo que Lula debía permanecer recluido.
El conflicto jurídico continuó horas más tarde, cuando, ante el bloqueo de Gebran Neto, el juez Favreto insistió en la libertad del ex presidente. El zipizape entre ambos jueces causó incertidumbre, e incluso decenas de simpatizantes de Lula llegaron hasta el lugar donde está recluido ante la expectativa de que fuera liberado.
A pesar de la última orden, la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre ambos jueces.
Para saldar la polémica, fue necesaria la intervención de Carlos Thompson Flores, presidente del TRF-4.
Carlos Thompson Flores, presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), determinó que Lula da Silva debe permanecer recluido, consideró que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del juez del caso Lava Jato (Gebran Neto) y no del juez de turno (Favreto) poniendo fin a la disputa que durante el día tuvieron dos jueces de dicha corte.
En resumen, argumenta que no le tocaba a un juez de guardia analizar y decidir sobre el caso Lula, que debe seguir en manos del juez Gebran Neto.
El ex presidente Lula ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales para revertir la condena. Sin embargo, una condena en segunda instancia ya es suficiente para impedir que una persona se presente a unas elecciones, según la legislación brasileña. Aun así, el Partido de los Trabajadores, que ha apostado por el discurso de que el ex presidente es un preso político, insiste en su candidatura.
