EL BIZANTINO DEBATE DE LA REGULACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

ALG6 febrero, 2018

Honduras se suma al debate internacional de regulación de las redes sociales, a través de un proyecto de ley presentado al Congreso Nacional por el diputado nacionalista Marco Bertilio Paz.

El proyecto, según explica la exposición de motivos, busca regular “los actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet”.

“El uso de la tecnología por gran parte de la población provoca el intercambio de opiniones de la cual se forman de manera especial en redes sociales que ha desarrollado un creciente animo de confrontación,” indicó el parlamentario.

El debate, sin embargo, no es propio de Honduras. Podría decir incluso que es una preocupación de todos los gobiernos del mundo. Chile, México, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela (para poner un ejemplo hemisférico) han planteado en su momento, leyes que buscan regular el uso de las redes sociales para evitar “escenarios de agresiones verbales y daños morales entre los usuarios”.

El último caso se dio en Venezuela. En el debate de octubre del año pasado, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez llegó a plantear que el Estado debe poner “fuertes sanciones en delitos de odio e intolerancia” advirtiendo que el arrepentimiento de quienes incurran en esos “crímenes” no los exonerará de las penas.

En ese contexto, la ley tenía dedicatoria a la oposición antichavista que estuvo en protestas varias semanas y cuyo enfrentamiento dejó un centenar de muertos.

En Ecuador, fue el mismo expresidente Rafael Correa quien presentó el proyecto de ley, poco antes de dejar la presidencia. Correa fue conocido en su administración de mantener una posición intolerante y agresiva contra la crítica a su gobierno que se generaba desde las redes sociales. El caso más emblemático se dio con la página Crudo Ecuador, una página de Memes que se convirtió en enemiga del Estado, llegando incluso el presidente Correa a amenazar al administrador de la página a través de su programa de televisión. “Vamos a ver si es tan jocoso en la vida real”, dijo el presidente Correa en lo que se interpretó como una amenaza abierta en contra de un ciudadano común.

Estamos claros, que ni los políticos ni a las figuras públicas disfrutan ser objeto de la saña que se genera desde las redes sociales. No es agradable para nadie encontrarse objeto de la burla y los memes, y menos recibir amenazas desde usuarios que se amparan en el anonimato para afirmar cosas que nunca haría en persona.

Pero hay que ser también honestos al reconocer que si las redes sociales y el internet de forma general está lleno de basura, no es sino porque la sociedad en que vivimos está llena de esa basura. El internet y las redes sociales no son sino un reflejo de lo que somos todos. Buscar regularlo desde el Estado no hace sino empeorar el asunto. 

En un artículo extenso de Catalina Botero publicado por la CIDH en el libro Liberta de expresión: a 30 años de la opinión consultiva sobre la coligación obligatoria de periodistas, afirma que los Estados están obligado a defender la Libertad de Expresión. No puede, ni siquiera, buscar regular las «noticias falsas», porque eso daría pie a una serie de arbitrariedades nefastas para la Democracia.

“En el derecho internacional de los Derechos Humanos únicamente se reconocen -y no pacíficamente- tres tipos de discursos prohibidos, es decir, tres tipos de discursos que, en razón de su contenido, se encuentran excluidos del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión: 1. La propaganda a favor de la guerra. 2. La apología del odio nacional, racial o reeligioso que sea constitutiva de incitación a la violencia -en especial, la instigación directa y pública a cometer genocidio, que constituye una de las formas más extremas de odio e incitación a la violencia y 3. La (mal llamada) pornografía infantil.” (cita)

El año pasado se calentó el debate en Honduras en torno a la reforma del artículo 334 b, que habla sobre la “apología del terrorismo” hecha “a través de medios de comunicación o difusión destinados al público.” Se pidió al CN que rectificara de la acción y las solicitud cayó en oídos sordos. Volver a levantar el debate, por parte del diputado Marco Bertilio Paz, en un ambiente de abierta crisis política, en donde el gobierno de Juan Orlando carece del respaldo de muchos usuarios que le adversan desde las redes sociales, lejos de ayudar a la crisis, echa más leña al fuego. Porque el problema, aunque no lo crean el diputado, no es Facebook.

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