En el año 1900, cuando aún los fantasmas del siglo XIX controlaban el caótico destino de Honduras, el poeta Juan Ramón Molina (1876 – 1908), altamente conocido en los círculos literarios e intelectuales de Centroamérica, fue condenado a trabajos forzados en la carretera del sur, a causa de una nota que publicó en El diario de Hondura que él mismo dirigía.
El artículo, titulado «An Axe to Grind», que literalmente significa «Un hacha para afilar», pero que puede interpretarse como «Tener un reclamo (que presentar a alguien) por algo que le han hecho», ni siquiera fue escrito por Ramón Molina y que sin embargo se le ha atribuido a Benjamín Franklin. En dicho artículo, el narrador comienza describiendo una memoria que guarda de su infancia: «…una fría mañana de invierno, un hombre se acerca sonriente con un hacha al hombro. —Mi lindo niño —le dice—, ¿tiene tu padre una piedra para afilar hachas? —Si señor —responde el niño. —¿Me puedes afilar el hacha con ella?—pregunta el hombre que halaga al niño de una manera constante». El pequeño, embrujado por las dulces palabras del hombre, trabaja sin descanso, mientras las manos se le llenan de ampollas. Aquel hombre no para de cargarlo de cumplidos. «Estoy seguro de que eres uno de los mejores chicos que he visto en mi vida », le dice. Pero por más que el pequeño trabaje, el hacha (que es nueva) no termina de afilarse. Trabaja y trabaja sin avanzar mucho, hasta que suena la campana de la escuela. El niño se disculpa porque tiene que irse y el hombre, mal agradecido, se molesta, insultándolo, llamándolo holgazán, truhán, sinvergüenza.
Durante el proceso judicial que se le llevó a cabo a Juan Ramó Molina por aquella publicación (si podemos suponer la existencia de tal cosa) se argumentó que el artículo era una crítica al gobierno del presidente Terencio Sierra, quien fue presidente de la república de Honduras entre 1898 y 1902, y de quien Molina fue parte en su campaña presidencial. Del cuartel San Francisco, Juan Ramón Molina salió a la cárcel, y de allí fue llevado a picar piedra en la construcción de la carretera al sur del país, en lo que el abogado y escritor Eliseo Pérez Cadalso describiera en su libro Habitante de la Osa Mayor como la «Siberia hondureña».
Parto con este lamentable incidente para ejemplificar la relación que históricamente ha habido entre los intelectuales y los dueños del poder político y económico de Honduras. Pero su ejemplo no es el único: Álvaro Contreras (1839 – 1882), padre de Rafaela Contreras, la primera esposa de Rubén Darío, tuvo que huir del país e instalarse en El Salvador por los discursos incendiarios que escribía en contra de los gobernantes hondureños; Froylán Turcios (1872 – 1943), secretario privado del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, y Rafael Heliodoro Valle (1891 – 1959), poeta, biógrafo de Iturbide y Bartolomé de las Casas, redactor de El Excélsior en México, vivieron y murieron en el exilio durante los dieciséis años de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Ramón Amaya Amador cuyo libro más vendido en Honduras, Prisión verde, publicado en México por Editorial Latina en 1950, fue censurado y perseguido por los distintos gobiernos civiles y militares hasta su muerte en Checoslovaquia en 1966. Llegamos entonces a la década de los ochenta, en plena guerra centroamericana, en la que reinaba la persecución a los intelectuales por el contenido ideológico de sus obras. Hay que remarcar acá que, al igual que sucedió en Latinoamérica durante la lucha independentista y la formación de las naciones del continente, muchos autores se vieron involucrados en el quehacer político, sacrificando la producción literaria.
En los primeros años del recién estrenado siglo XXI, en Honduras llegamos a creer que esa época había pasado. Nos creímos el discurso democrático institucional, el neoliberalismo de las ONGs y la sociedad civil, cuando nos sorprendió el veintiocho de junio de 2009. Más adelante, el 20 de julio, poco menos de un mes después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales, la ministra de facto de la ahora extinta Secretaría de Cultura, Arte y Deportes (SCAD), manifestó que: «Los libros publicados por la Editorial Cultura (editorial de la misma Secretaría) no son adecuados para la población, porque su contenido es comunista…» Ella ordenó la destrucción de miles de libros que se produjeron con el apoyo del Alba, según lo denunciara el sindicato de la SCAD.
En ese comunicado, el sindicato de la SCAD informó que, entre el período 2007-2008, se publicaron veintiséis títulos en la Editorial Cultura: doce de historia y antropología, diez de narrativa y poesía de autores ya fallecidos, cuatro de crítica literaria de obras de autores también fallecidos, y apenas uno de teatro, de doña Mercedes Agurcia, también fallecida en 1980.
Esto nos lleva a pensar que, según la ministra Castro y sus desempolvados fantasmas de la Guerra Fría, la producción literaria de autores muertos hace más de treinta y cinco años sigue sirviendo para promover el comunismo y el pensamiento socialista en la población a la cual ellos, los poderosos, tienen que proteger.
En 2014, como parte del proceso de reformas en la administración pública que impuso el presidente Juan Orlando Hernández, la SCAD fue disuelta, ahorrándole así al gobierno la molesta labor de censurar libros. Ese trabajo le queda ahora al mercado, en un país en donde cada día hay menos librerías y publicar sigue siendo un privilegio de pocos.
Aunque la censura en Honduras tiene tanta tradición como su literatura —ya desde el siglo XVI Tomás de Torquemada y Fray Diego de Landa hicieron desaparecer los códices mayas y cualquier rastro de la cultura literaria prehispánica para proteger las mentes y corazones de los buenos cristianos—, es en nuestro contexto, en donde el acceso de las nuevas herramientas de comunicación de masas hace suponer que la misma es ya inexistente. Basta navegar un rato para encontrar en Internet cualquier cantidad de tonterías, y lo que es peor, cualquier cantidad de gente siguiendo a estos autores. Debemos, en todo caso, sonar las alarmas, pues la censura, aunque escondida y alejada del sector oficial, sigue viva.
Reconozcamos cual es la lógica de la censura. Los libros son censurados en la medida que pueden producir un impacto en los lectores, en su forma de pensar, en su manera de ver el mundo. Los dueños del poder político (o económico) se sienten vulnerables a ese cambio. Esa fue la lógica con que Calígula censuró La Odisea, o el papa Pio IV publicó en 1564 el Index Librorum Prohibutorum ed Expurgatorum.
Ya puede ser Orham Parmuk y la censura que la ultraderecha turca ha tratado de imponer en su obra por considerarlo «demasiado occidental»; Salman Rushdie y Los versos satánicos, a quien el Ayatollah Khomeini condenó a muerte por ofender al profeta Mahoma; o en nuestro hemisferio, Santiago Roncagliolo, con su Memorias de una dama, que ha sido vetado de la mayor parte de los países latinoamericanos por contar los detalles de una de las familias más poderosas de República Dominicana.
En mayo de 2010, el Fiscal General de Arizona, Tom Horne, presentó la ley HB-2281, que llama a eliminar los libros usados en los estudio étnicos que, según sus palabras «promueven el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, el resentimiento hacia una raza o una clase de personas (y) están diseñados principalmente para estudiantes de un grupo étnico en particular». La lista de libros sacados de circulación en las bibliotecas públicas de Arizona se extiende al centenar, pasando por The Tempest de William Shakespeare, People History of the United States de Howard Zinn, hasta Sandra Cisneros con La Casa en Mango Street.
El escenario para la censura se vuelve más complejo cuando hablamos de trabajo periodístico. Honduras, por ejemplo, se encuentra en la actualidad entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos doce años se han registrado 51 asesinatos de periodistas, de los cuales, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 96% continua en la impunidad. Muchas son las especulaciones sobre quién y por qué se mata periodistas en Honduras. Fácil es para el gobierno echarle la culpa al crimen organizado, sin mencionar por ejemplo que en 2013, la organización Reporteros sin Fronteras publicó una lista de los principales «Predadores de la libertad de prensa». Entre ellos aparece, en un honroso lugar número 39, el empresario hondureño ya fallecido Miguel Facussé Barjum, un magnate vinculado con la actual crisis agraria y política del país.
Y aunque nos gustaría pensar que dichos ataques a la libertad de expresión y de prensa se manifiestan principalmente contra la prensa, la televisión y la radio, y no contra la literatura (después de todo en Honduras nadie lee y nadie publica), hay una frontera muy fina que en cualquier momento se puede cruzar, a costa de la vida de los autores.
México siempre ha sido un reflejo de lo que será nuestro futuro. Honduras se mueve apenas a pocos años de México. Ya sea con la independencia de la colonia en tiempos del virreinato, o la guerra de los carteles del narcotráfico y, más recientemente, de las pandillas. México es nuestro espejo, lo que allí ocurre, en Centroamérica se repite: crisis política, asesinato de candidatos, narco estado, persecución y asesinato de periodistas.
Por eso el caso de Anabel Hernández García toma especial relevancia para nosotros. El 3 de mayo de 2011, Hernández García denunció en televisión nacional de México que su Secretario General de Seguridad Pública, Genaro García Luna, contrató a policías federales para matarla, después de la publicación de su libro Los señores del narco. Ese libro cuenta de manera muy detallada el surgimiento y funcionamiento del cartel de El Chapo Guzmán, sus vínculos con la policía y el ejército, sus relaciones con empresarios y políticos, no sólo de México sino de Guatemala y Honduras. Lo que allí se dice afecta a intereses muy poderosos de la región y por eso las amenazas.
Ya no es el Estado quien nos censura, sino en un sentido más escabroso, ahora es el crimen organizado el que impone su veto en lo que escribimos o no escribimos, ya sea libros, o incluso blogs y tweets. Sus ojos están siempre sobre los escritores y periodistas de la región.
Para finalizar, y usando la frase con que llamé este artículo, quiero concluir con una cita del escritor Juan Ramón Molina, quien desde el exilio y poco antes de su muerte en San Salvador en 1908, dijo: «En un ambiente como el nuestro, de sorda agresión o de indiferencia, el intelectual de veras tiene dos escapatorias para librarse de la muerte por asfixia. O se aísla soberbiamente en su cima, envuelto en su nube, de tal modo que no se digne a ver los genios municipales, acaparadores de la gloria barata y al por menor, o les degüella como si fuesen carneros de un holocausto propiciatorio del Arte, sobre su altar de ripios pacientemente acumulados».
