Honduras

Recomendaciones sobre la reducción de la edad punible en Honduras

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La opinión de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales es que la recomendación de aumentar las penas a menores de edad violentaría tratados internacionales.

Rolando Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, defendió esas recomendaciones, y argumentó que como Poder Judicial y Comisión de Justicia penal, respetaron la opinión de todos los sectores a pesar de no compartir algunas. En el seno de la Comisión y en conversatorios con distintos sectores que fueron invitaron para dialogar sobre el tema, coincidieron en que era necesario recomendar aumentar de manera proporcional e idóneamente el internamiento de menores de 8 a 15 años tomando en cuenta ciertos elementos importantes:

  1. _La edad en los grupos.
  2. _El código de la Niñez y la Adolescecia.
  3. _La gravedad del delito.

“Debo decir que la Comisión no está de acuerdo en lo absoluto en recomendar una reducción de la edad punible.” Argueta aclaró, “la edad punible no es a partir de los 18 años, sino desde los 12. Lo que sucede entre los 12 y 18 años es que hay un tratamiento especial con los que tienen 18 años, que es sujeta de una infracción penal.”

El presidente del Poder Judicial explicó que están recomendando el aumento de penas a menores pero no como el único elemento. Las recomendaciones son integrales. La número 4, contentiva de aumentar el tiempo de internamiento, solo es una entre otras de las propuestas por la comisión en cuanto a su visión del mejoramiento del tratamiento de los menores infractores. “Depende de la edad que se tenga al momento de ejecutar la infracción y de la gravedad del delito. Por ejemplo, no es lo mismo una acción de robo u hurto a un asesinato o extorsión. Hay que darle el tratamiento de acuerdo a la acción.”

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Para Argueta Pérez la rehabilitación, reinserción social y readaptación es una tarea pendiente de las diferentes instituciones del Estado y es una de las recomendaciones que se plantea. También agregó que la Comisión no ha terminado su trabajo -apenas comienza- porque se tiene que dar seguimiento concreto a que se ejecuten las recomendaciones. El Poder Judicial se ha asignado una tarea, que es digitalizar los expedientes de niños y niñas cuando se imputa una infracción penal.

En el caso del Seguro Social el funcionario judicial explicó que agilizar las investigaciones y presentar acusaciones corresponde al Ministerio Público, ya que el Poder Judicial actúa cuando el primero u otra entidad que puede interponer acción penal pública, como la Procuradoría General de la República, en asuntos de su competencia, llega a los diferentes órganos jurisdiccionales a interponer requerimientos fiscales o pruebas anticipadas. A partir de ahí le toca actuar a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del poder judicial aseguró que a partir de la última semana de julio entrarán en funcionamiento 2 salas con competencia penal a nivel nacional que permitirá la agilización de juicios que se están señalizando para meses posteriores o que se posponen para fechas extensas. Con estas nuevas salas, el tiempo se reducirá y los jueces podrán cumplir con los plazos establecidos por la ley para lograr reducir la mora judicial tan cuestionada.

La Ley del nuevo Consejo de la Judicatura está en manos de las magistradas María Fernanda Castro y Lidia Álvarez Sagastume, a quienes en julio del año pasado se les designó para que elaboraran el anteproyecto de ley con el apoyo de la Cooperación Española, junto la ley orgánica del Poder Judicial, ya que es una ley que tiene más de 100 años. Ambas leyes serán enviadas al Congreso Nacional en este 2017.

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