/DOS ABOGADOS A QUIENES MATARON EN 2018 HABÍAN PEDIDO PROTECCIÓN AL ESTADO

DOS ABOGADOS A QUIENES MATARON EN 2018 HABÍAN PEDIDO PROTECCIÓN AL ESTADO

Desde el año 2002 han matado a unos 150 juristas, en el 2018 fueron ocho, de estos al menos dos habían solicitado protección al Estado, misma que no fue otorgada.

El lunes tres de diciembre a las 9:15 de la mañana el sonido de una ráfaga de disparos estremeció a empleados y visitantes de la Corte Suprema de Justicia, a los pocos minutos se conoció que habían matado al abogado Reynaldo Barahona (45), a tan solo unos 10 metros de distancia de la casa de la justicia y a unos 100 metros de la actual Casa Presidencial, una zona fuertemente resguardada por policías y militares.

Familiares que llegaron a reconocer el cadáver informaron que Barahona ya había denunciado amenazas en su contra y había solicitado protección al Estado, pero esta no fue brindada de forma oportuna.

Un cuatro de febrero de 2017 un grupo de abogados encabezado por Marlon Duarte se presentaron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), a denuncia y solicitar protección porque habían sido informados que “comisiones de inteligencia del Estado tenían planificado el asesinato de reconocidos profesionales del derecho, ya que no están satisfechos con el trabajo que hacemos”.

Junto a Duarte llegaron los abogados Oscar Adán Cálix, Martin Burdet, Reynaldo Barahona, Carlos Iván Ordóñez, quienes fueron acompañados por el entonces presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz.

Diaz detalla que cuando se hizo esa petición de protección, el ente encargado de responder era el Mecanismo de Protección para Personas, Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero debido a que este lleva un proceso estricto para activar el mecanismo, no se pudo otorgar de inmediato.

“La medida de protección inicial debía brindarse de inmediato y después escudriñar los requisitos de forma o si había nexo de causalidad, pero el mecanismo lleva procesos de forma muy rígidos, nosotros (CAH) dimos dos medidas de protección, anduvieron con guardias de seguridad pagados por el Colegio, les dimos un perímetro de seguridad en los Juzgados de la granja, pero eran medidas insostenibles para el colegio porque no tiene los fondos”, detalló Diaz.

En esa ocasión se le brindó protección al abogado Carlos Iván Ordóñez, Díaz explica que “se le asignó un guardia permanente, estaba con seguridad pagada por el Colegio las 24 horas, se mantuvo hasta que ya no pudimos pagarlas, porque el CAH no tiene suficientes fondos para eso”.

El 16 de febrero de 2018 el abogado Ordóñez se conducía en su vehículo junto a Moisés Ordóñez en el Barrio Concepción de Comayagüela por la 13 calle, frente al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) cuando fueron interceptado por desconocidos que los abatieron a tiros, muriendo el primero unas horas después y resultando con heridas de gravedad el segundo.

Durante el velatorio de Ordóñez, Duarte relató una plática con su colega, donde le dijo muy nervioso «abogado, fíjese que me acaban de llamar de Inteligencia (del Estado) para decirme que parece que interceptaron una llamada en la que personas estaban planificando quitarme la vida”, esto, unos ocho meses antes del atentado mortal.

En opinión del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, en el mecanismo se desestiman algunas denuncias por ser muy débiles ya que “es difícil determinar cuándo se puede aplicar o no, muchas veces solo solicitan la protección pero luego se alejan, ellos quedan en el peligro inminente”.

Detalla que no se deben de confundir los delitos comunes con las violaciones a los derechos humanos, que es cuando realmente el mecanismo puede brindar protección y acompañamiento.

Debido a esta circunstancia el CAH en asamblea del 30 de abril del 2017 aprobó un reglamento para que se pusiera en marcha el Mecanismo de Protección propio del CAH, pero hasta el momento no está activo.

Según los registros que lleva el CAH desde el año 2002 hasta la fecha han matado a 149 profesionales del derecho, con una impunidad superior al 98 por ciento habiendo solo dos sentencias y en la mayoría de los casos las investigaciones no dejaron ni siquiera indicios de quién pudo haber cometido los crímenes, durante el año 2018 fueron ocho los abogados muertos.

Maldonado considera que para obtener condenas, es necesario fortalecer la cultura de la denuncia en el país y explica que “con poner la denuncia no cesa la amenaza, hay que darle seguimiento, pero el miedo a grupos antisociales ponen en riesgo a la persona, a la familia y la situación se vuelve más crítica y por eso la investigación policial y la impunidad, como no se investiga el riesgo es más para todos los que hemos sido víctimas de cualquier situación irregular”.

El portavoz de la policía, Edgardo Barahona llegó al lugar donde mataron a Barahona y declaro qué “nosotros tenemos información preliminar que el abogado estaba defendiendo a personas que están vinculadas a estructuras criminales (maras, padillas)”.

La actual presidenta del Colegio de Abogados, Anny Belinda Ochoa lamentó las declaraciones de Barahona, ya que “debemos entender que la Constitución y la declaración de Derechos Humanos establece que el derecho a la defensa es un derecho humano universal y el acto que realiza todo profesional del derecho en nombre y en representación de otra persona no es más que garantizar el derecho a la defensa y nos parece una ofensa a lo que es el ejercicio de la profesión y la abogacía si partimos del hecho de que la criminalice el representar a alguien como un motivo para darle muerte a un abogado”.

Ochoa exige la respectiva investigación y condena ese y cualquier otro atentado contra la humanidad de cualquier otro abogado y también pide que brinden mejores explicaciones “ya estamos haciendo acercamientos a las autoridades para recibir respuestas más certeras si es que es por el ejercicio de la profesión que matan abogados”.

De la misma forma se expresa Díaz, al decir que “la abogacía nos obliga a defender todo tipo de clientes, eso no nos vuelve delincuentes, la constitución de la República nos obliga a defender a todos los ciudadanos, el derechon a la defensa es inquebrantable, ya puede ser el peor de los mareros, el peor de los violadores, siempre van a utilizar un abogado en juicio, siempre los vamos a acompañar, él está haciendo su trabajo para que su defendido sea respetado su derecho a la defensa”.

Sobre la investigación del asesinato de Barahona se refirió el jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, expresando que “en este caso en particular, por instrucciones del Ministerio Público, se hacen concurrir también elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), para que cada quien sume sus habilidades, sus competencias y se pueda dar una respuesta que permita llevar ante los juzgados al que se supone es el responsable del crimen”.

Hasta el momento solo se logró localizar un vehículo en el que se presume se trasladaron los malhechores, pero no se ha realizado ninguna captura, por lo que lo más probable es que este caso también quede en la impunidad.

Egresado de la Carrera de Periodismo - UNAH Crónica, política, investigación, data, fact checking.