Varios diputados del Congreso Nacional, miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Finanzas del período anterior, se presentaron ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), para informarse de si están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos relacionados con la publicación de la fe de erratas por la reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.
El diputado Tomás Zambrano, Secretario de la Junta Directiva, aseguró que la publicación de la fe de errata es una salida que la ley establece cuando hay un error involuntario en la redacción o la lectura de las leyes que se aprueban en el Hemiciclo Legislativo, y que en total en los últimos tres periodos se han producido 73 de estas acciones.
“El que nada debe, nada teme”: dijo el diputado Zambrano en relación al caso a lo que agregó que incluso el ahora exvocero de la MACCIH; Juan Jimenez Mayor solicitó al Congreso Nacional publicarla en la Ley de Política Limpia, «entonces ¿ese no fue delito, y este si?» se preguntó. Explicó que es una figura legal cuando se mantiene el espíritu del legislador, como sucede ahora.
“Estamos aquí para dar la cara, no hay ninguna comisión de delito»
Aseguró que la decisión de varios diputados fue presentarse voluntariamente para ponerse a disposición de las autoridades competentes para declarar en caso de que este abierta una investigación, como algunos sectores lo han informado. “entonces habría que investigar a todos los diputados que han acudido a esta figura para sanear la publicación de una ley” añadió en referencia a la existencia de los 73 registros de Fe de Erratas realizados en el Congreso Nacional.
«En este caso particular de la Ley de Presupuesto, las dos líneas añadidas en la publicación en La Gaceta no cambian el espíritu del legislador de lo que si se leyó en la cámara Legislativa, que es que todos los diputados de los anteriores tres periodos deben ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por los fondos recibidos para impulsar proyectos sociales, y en caso de encontrar irregularidades, presentar responsabilidades civiles, penales o administrativas». Concluyó el legislador.
La reforma a la ley generó polémica en el debate nacional y la MACCIH también dijo que: «pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos». La ley en síntesis establece que: no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o penal. El Congreso ha defendido que la reforma promueve la transparencia y la investigación de recursos destinados a proyectos comunitarios.
