Con horas de diferencia, los gobernantes de Guatemala y Nicaragua exponen su cara al mundo. Ambas acciones, producto de la desesperación de los mandatarios, traerán consecuencias inéditas para dichos gobiernos.
NICARAGUA
El presidente Daniel Ortega expulsó hoy a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos que en la víspera presentó un informe contra el Gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y represión, en el contexto de la crisis que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, calificó la decisión del gobierno de Nicaragua como «absurda, insólita y desesperada» y que «envía un mensaje gravísimo a la comunidad internacional».
«Con esta decisión el gobierno está provocando una baja en cuanto a la calificación en el tema del respeto a los derechos humanos», añadió Núñez.
El Gobierno de Nicaragua había anteriormente realizado la invitación Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para analizar la situación de derechos humanos en el país.
La ONU afirmó este miércoles en su informe, que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua existió un “uso excesivo de la fuerza” y que, “lejos de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos”, el Gobierno culpa a la oposición.
A Ortega no le gustó el informe de Naciones Unidas, que pedía al Gobierno de Nicaragua asegurar que las investigaciones en torno a los crímenes ocurridos desde el 18 de abril, incluyan a quienes directa o indirectamente perpetraron, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas, porque “estos actos no deberían quedar sin sanción”.
El gobierno de Nicaragua rechazó «de manera integral» el informe de la ONU, que denuncia al Estado de cometer represión. Daniel Ortega también sostuvo que la ONU se «extralimitó» en sus funciones al emitir el informe y agregó que «prejuzga» lo ocurrido durante la crisis.
En un acto el pasado miércoles, el presidente Daniel Ortega Saavedra calificó como “instrumento del terror y la mentira” al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
GUATEMALA
Por otro lado, horas después del anunció de Ortega, el presidente de Guatemala Jimmy Morales, anunció que no se renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo periodo vence el 3 de septiembre de 2019.
“Hemos notificado la no renovación del mandato de la CICIG”, dijo Morales, en conferencia de prensa.
“Agoté todos los procesos diplomáticos… pero no hemos visto esta buena fe por parte de ese organismo de Naciones Unidas”, agregó.
Minutos antes, el vocero de la organización, Matías Ponce, denunció que varios vehículos militares rodeaban la sede del organismo.
“Los vehículos militares están rodeando las instalaciones de la CICIG y la zona 14. Han ido y venido”, dijo a periodistas.
Morales intentó en agosto del año pasado expulsar del país al jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, por considerar que se extralimita en sus funciones, pero esta decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y se estableció un diálogo entre el Gobierno y la ONU para solucionar las diferencias.
El Ministerio Público y la CICIG emprendieron una cruzada desde 2015 con la desarticulación de varios casos en lo que están implicados altos funcionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Pero sus investigaciones también han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud para quitar el fuero al mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
«El año pasado se hizo ver al secretario general de las naciones unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenia respecto del actuar responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad», manifestó el mandatario guatemalteco en conferencia de prensa rodeado de oficiales del ejército.
«La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadania, se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso», agregó.
NUESTRO ANÁLISIS: dos caras un mismo rostro
La corrupción y la violación a los Derechos Humanos ha sido el actuar constante en nuestra Historia de los gobernantes centroamericanos; la impunidad ha permitido que las redes familiares y de mafias se extiendan a las estructuras del Estado minando la capacidad de aplicar justicia, lo que ha llevado a un descrédito de los órganos del poder judicial, tanto en Nicaragua, como en Guatemala y la región completa.
Sacar de la manga argumentos de soberanías poco aportarán en la construcción de credibilidad en la población, que ve en las acciones de ambos gobernantes un intento desesperado de callar la verdad y entorpecer la justicia, salvándose a ellos y cercanos colaboradores (incluyendo familiares) de seguros jucios.
No detendrán tampoco el actuar de los órganos internacionales, que con justa razón ven en ambas acciones un intento de lograr impunidad.
El excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, dijo que Ortega “se autoexcluyó de la comunidad internacional” con la decisión de expulsar a la misión de las Naciones Unidas del país.
Aguirre además opinó que tendrá un “efecto duradero” en los debates que sobre Nicaragua que pudieran darse en la ONU.
“Con esta acción, el gobierno de Nicaragua va a llegar al Consejo de Seguridad de la ONU con los pies hinchados, porque difícilmente van a poder los otros países miembros del Consejo de Seguridad, ignorar o dejar de un lado a un gobierno que expulsa a una misión de la ONU por haber cometido el delito de decir la verdad de lo que estaba pasando en Nicaragua”, manifestó Aguirre.
Grupos y organizaciones de la sociedad civil han convocado para esta tarde a manifestaciones en respaldo a la CICIG. En medio de una investigación en el Congreso Nacional, el mandatario Jimmy Morales cuenta con poco espacio de maniobra, pudiendo acelerar su juicio desde el parlamento.
Lejos de lograr la paz que buscan, ambos gobernantes pavimentan el camino para su destitución, como el cruce del Rubicón, alea iacta est.
Fuentes: Leydi Puente /EFE elsalvador.com | Uriel Velázquez / elnuevodiario.com.ni
