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CUANDO SE PRIVATIZÓ LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN HONDURAS

Los problemas energéticos y el déficit en la producción de energía eléctrica en el sector público, provocaron que el gobierno de Carlos Roberto Reina iniciara un proceso de privatización de los recursos energéticos en Honduras.

Desde la creación de las primeras plantas energéticas construidas en el país, los servicios de energía habían sido administrados por las municipalidades de los municipios donde éstas funcionaban a base de turbina de agua que eran operadas por motores de diésel.

En 1959, tras los cambios administrativos realizados por el gobierno de Ramón Villeda y Modesto Rodas, la administración de  la energía pasó a manos del Estado, a través de la recién creada Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Pese a los cambios administrativos en la creación, regulación y distribución de los servicios energéticos, el considerable incremento de la población urbana, así como la creciente demanda de la nueva industria, evidenció que la producción energética nacional no estaba acorde con la demanda de los diversos sectores, y por tanto, esto creaba un déficit energético que afectaba no sólo a la ciudadanía, sino, sobre todo, a la producción de la industria manufacturera.

Con el propósito de poner fin a esos problemas, en 1985 el gobierno de Roberto Suazo Córdova inauguró la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón) en el departamento de Comayagua. Con ella —según las autoridades— no sólo se resolverían los inconvenientes energéticos de Honduras; también abasteceríamos de energía a países hermanos como Guatemala.

Esta medida resultó parcialmente efectiva, pues, de nuevo, la demanda de energía fue mucho más grande que la oferta. A comienzos de la década de 1994, el gobierno de  Carlos Roberto Reina comenzó un “plan de austeridad energética” que perjudicó principalmente a la población común y a las áreas rurales.

Así inició el proceso de privatización de la energía en Honduras.

La madrugada del 4 de noviembre de 1994, el Congreso Nacional aprobó —en último debate— la Ley Marco del Subsector Eléctrico «sin el respectivo quórum, despejando el camino para la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y creando lo que se denominó el “coyotaje oficial” en contra de los usuarios del servicio electricidad». El Presidente del Congreso Nacional era Carlos Flores Facussé.

La discusión del proyecto y dictamen puso de moda el concepto de “moción de exclusión”, que sirvió para eliminar muchos de los aspectos que contenía el dictamen e introducir los que estaban en el proyecto u otros previamente redactados.

El dictamen y el proyecto de la Ley Marco encontraron a sus más enérgicos promotores y defensores a los diputados liberales Jack Arévalo Fuentes y Guillermo Martínez Suazo, y el nacionalista Mauro Membreño Tosta; además de los altos funcionarios de la propia ENEE. En el otro extremo, los diputados Fernando Anduray, Alberto Reconco Venegas y Mamilio Rodas fueron los más férreos opositores a la Ley, sobre todo Anduray.

La sesión de aprobación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico se presentó en condiciones cuestionables. Primero, la sesión no fue dirigida por el Presidente del Congreso Nacional, Carlos Roberto Flores, sino por el vice-presidente Rafael Pineda Ponce; segundo, la misma fue aprobada con un quórum de 60 diputados, cuando la ley claramente exigía la presencia de al menos 65 para la aprobación de una ley.

«Fue clara la intención de los directivos del Congreso Nacional de aprobar la ley a como diera lugar y muchos diputados aseguraron que fuertes intereses económicos estuvieron detrás de la aprobación, aunque dijeron que el apresuramiento se debió a que los funcionarios de la ENEE tiene que llevar a Washington este instrumento para obtener los desembolsos de los organismos financieros internacionales».

La Ley Marco tenía como principal objeto la regulación de las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y se aplicaría a todas las personas naturales y jurídicas; así como a entes públicos, privados o mixtos que participaran en cualquiera de las actividades señaladas.

Con la aprobación de la Lay Marco, también se creó el Gabinete Energético un órgano de dirección superior encargado de la definición y formulación de las políticas del subsector, e integrado por el Presidente de la República, y los titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SECOPT), Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN); así como los ministros de Economía, Hacienda, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

También se creó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, integrada por colegios profesionales, empresas privadas y organizaciones obreras. Entre las facultades que esta tendría estaría la de establecer la tasa de actualización para el cálculo de tarifas, la cual debería basarse en el costo de oportunidad de capital en Honduras; y proponer al Gabinete Energético la aprobación de la concesión para el uso de recursos naturales renovables.

Se creó un Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), que sería administrado por la ENEE y se destinaría a la financiación de los estudios y obras de electrificación social.

En relación a la transmisión de energía, el Estado reservaría la operación del Sistema de Transmisión y el Centro de Despacho. Las empresas públicas, privadas o mixtas podrían operar la Red de Transmisión de su propiedad, o aquella que el Estado les arrendara.

Sobre la distribución, se estableció que las empresas distribuidoras debían suscribir contratos por plazos no inferiores a 5 años con las empresas generadoras de suministros de energía. Dichos contratos deberían especificar las cantidades, especificaciones y normas de calidad aplicables, precios y garantías de pago.

La ENEE procedió a dividir el país en Zonas de Distribución de Energía Eléctrica, con el fin de hacer de cada una,  zonas técnicamente viables y económicamente rentables. Ello debería hacerse dentro de un plazo no mayor a los primeros doce meses a partir de la aprobación de la Ley. La ENEE estaría obligada a vender energía a particulares, municipalidades o cooperativas total o parcialmente, los sistemas de distribución de su propiedad.

«Los diputados aprobaron que las empresas distribuidoras tendrán derecho a requerir —previo al inicio del suministro— un depósito para garantizar el pago del consumo eléctrico, el cual corresponderá a un mes de consumo basado en la potencia contratada por el usuario».

En cuanto al régimen tarifario, la Ley estableció que las tarifas reflejarían el costo marginal del suministro y el valor agregado de distribución. Todos los consumidores (con excepción de las zonas residenciales) deberían pagar entre el 100% y el 120% del costo total del suministro.

«En lo referente a la tarifa al sector residencial, el consumo que supere los 500 kilovatios por mes, deberá ser cobrado al 110% del costo total; el escalón entre 301 y 500 kilovatios a no menos del 100%; el escalón entre 101 y 300 a no menos del 80%; y aquel entre 0 y 100 a no menos del 45%».

Se implantó una fórmula de ajuste automático que permitiría a las empresas modificar sus tarifas “cuando los precios de los combustibles o la tasa oficial de cambio hubiesen variado de manera tal que las tarifas resultantes de la aplicación de la fórmula difieran en un 5% o más de las vigentes”.

En cuanto al servicio de alumbrado público, éste correspondería a las empresas de distribución, facultadas para cobrar directamente a los usuarios la energía suministrada. Por otra parte, se determinó que si las empresas distribuidoras no podían operar o recuperar el costo económico o una rentabilidad debido a la composición del mercado, el Estado debería reconocer y pagar la cantidad necesaria.

El entonces Diputado Fernando Anduray insistió para que la ENEE siguiera con el control de las redes de distribución, de lo contrario, con la ratificación de la Ley se estaría creando una figura intermediaria en la comercialización de la energía.

«Esta privatización es nociva para el pueblo hondureño, se está creando el “coyotaje oficial”. Me parece que hay sectores económicos muy poderosos influyendo en todo esto», dijo Anduray a la prensa.

A pesar de la aprobación de la Ley, la crisis del sector energético no terminó. La privatización de la energía no contribuyó demasiado para lograr el gran cometido: la mejora de los servicios de energía a un costo menor. Al contrario, con la aprobación de la Ley y la consiguiente privatización de la energía eléctrica se disminuyó al máximo las facultades de la ENEE (hasta su actual “casi cierre”), y se fortaleció un buen número de empresa de energía térmica que al contrario de comprar energía al Estado, se han convertido en sus principales proveedores, con prebendas onerosas y ganancias exorbitantes.

Según la Historia de la ENEE, «variables no controlables por la empresa (la ENEE) produjeron una crisis tal, que la ENEE se vio obligada a aplicar un programa de racionamiento de suministro de energía eléctrica que afectó sin distinción a todos los sectores del país durante diez meses…La acción decidida del gobierno…fue decisiva para superar totalemnte la crisis».

En realidad la crisis sólo se solventó parcialmente.

El Estado había permitido la privatización de los servicios de lectura de medidores y distribución de facturas de consumo. El presidente de la Seccional Dos del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), José Pineda, denunció que la ENEE «dispuso cobrar 471 lempiras con 76 centavos por instalar los contadores…y se inventó una tabla de tarifas que estableció pagos de 280.50 lempiras por gastos de material, 109.40 por gastos administrativos, 28.05 por almacenamiento, 29.26 por el ISV, 20.55 por mano de obra, 4 por combustibles, más un depósito de 50 a 100 lempiras». Todo sin ninguna justificación.

El gerente de la ENEE, Jorónimo Sandoval, declaró que la empresa subiría en 30% las tarifas por el servicio energético, con el fin de compensar el gasto adicional que tendrán con la generación térmica.

«En 1993 la ENEE gastaba muy poco combustible. Hoy en día, la entrada de las plantas térmicas significa la compra de 1.5 millones de barriles de combustible (73 milones de galones) que significan unos 500 millones de lempiras», expresó Sandoval.

Con el fracaso de la American International Power, compañía que había ganado la licitación para la venta de energía, el funcionario manifestó que estaba «estudiando dos alternativas a corto plazo: la ampliación del contrato de EICOSA a 24 megavatios y la compra de 10 magavatios por medio de la Estándar Fruir Company para ser instalados en La Ceiba», declaró.

Así esperaban cubrir las contingencias mientras se preparaba una nueva licitación para marzo de 1995, con la que se proyectaba que a principios de 1996 la nueva planta estuviese lista para suplir las necesidades energéticas. La American International Power no pudo conseguir financiamiento para la instalación de la planta, por lo que la ENEE hizo el cobro de la garantía consciente por un valor de 2.5 millones de lempiras.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Adolfo Facussé, manifestó que el incremento de las tarifas a la energía provocaría un fuerte incfemento a los productos de la canasta básica. Declaró que no existía ningún argumento contundente que justificara el incremento a los más de 400 mil abonados de la empresa a nivel nacional. Ratificó que el COHEP no avalaría dicho incremento.

Por otro lado estaban el costo de los combustibles, la situación económica, el debate sobre el congelamiento de la canasta básica, el incremento de la inflación, el proceso de desmilitarización de la sociedad con la supresión del servicio miliar obligatorio, el Impusto Activo Neto, los juicios por corrupción contra ex-funcionarios del gobierno de Callejas y contra el propio Callejas, el incremento de la deuda pública, la probale privatización de Hondutel, la privatización del bosque hondureño a através de la Ley para la Modernización Agrícola, etc.

1994 fue un año de constantes incrementos a los combustibles. Hasta el último día del gobierno de callejas (27 de enero de 1994), la gasolina superior rondaba los 8.66 lempiras, regular 7.44 y diésel 6.59.

A principio de noviembre de ese año, tras casi diez meses de la gestión de Reina, los precios se habían elevado a 13.88 lempiras en la gasolina superior, 13.48 regular y 9.50 en diésel. Ello representaba un incremento de 5.22, 6.04 y 2.91 lempiras respectivamente.

El Presidente Reina justificó los incrementos diciendo que los precios internacionales de los combustibles habían incrementado, y que los incrementos en Honduras eran consecuencia de eso. «El problema de Honduras es que no tenemos petróleo y la factura petrolera supera los 200 millones de dólares al año», dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Eduardo Facussé, dijo que el increemento a los precios de los combustibles crearía una onda inflatoria «que todos lamentaríamos».

Por otra parte, la Deuda Pública ascendía a unos 5,800,800 millones de lempiras, registrando un incremento del 30 % con respecto a los 25,032,200 millones de lempiras registrados en 1993. El déficit fiscal era «pavoroso», y giraba alrededor del 11%.

Países como Rusia, China, México y Estados Unidos manifestaron su interés por cooperar para la solución de la crisis energética.

A pesar de todo, el 15 de diciembre de 1994, el gobierno anunció el “fin de los apagones” de la “oscurana de los 90´s” (el fin de la crisis energética) gracias al apoyo de México, que suministró dos plantas térmicas; China, que ofreció una moderna planta; Colombia, que que ayudó en la asesoría técnica, y a Costa Rica y Panamá por su apoyo a través del suministro de energía. El anuncio se hizo con gran evento desde la sub-estación Suyapa.

La asministración de Reina fue en esencia la continuiación del modelo neoliberal instaurado por el nacionalista Rafael Callejas. Muchos de los temas estatales giraron en torno a la “mala administración de los gobiernos”, y la “necesidad de privatizar” algunos servicios públicos para “mejorar su calidad”. Se trataba de la reducción del aparto estatal y la creación del Estado mínimo.

En día, en más de dos décadas despúes del gobierno privatizador de Reina, existe un total de 14 empresas térmicas que al contrario de comprar energía a la ENEE, son las principales suministradoras de la energía que consumen los hondureños, quienes pagan precios más caros que nunca.

Entones, ¿cómo es que la Ley del Subsector Eléctrico mejoró los costos y la calidad de la energía?, ¿Por qué no terminó la crisis energética como lo anunció el gobierno de Reina?

Referencias: