Honduras

Cuando se acaba la cordura, crónica de la crisis en la UNAH

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Tegucigalpa. “Agarre ahí, agarre, agarre a otro”, chilla un agente del orden mientras otro se dedica a rosear gas pimienta en el rostro a personas que bajan de un bus propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), durante el desalojo a las instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“¡Soy diabético, échenme agua en los ojos!”, grita el pastor Carlos del Cid, representante del Observatorio Ecuménico, mientras los policías lo esposan, junto a Hedme Castro, directora de la organización Aci-Participa y otros defensores de derechos humanos.

Después de meses de crisis en la UNAH, el 8 de septiembre de 2017 se tenía previsto el desalojo de las instalaciones, de los estudiantes que aún permanecían en el edificio B2, Facultad de Ingeniería; ante los indicios de expulsar a los estudiantes, defensores de derechos humanos de diversas organizaciones se hicieron presentes en la Alma Mater. Según comunicado emitido por la autoridad universitaria, les sorprendió que una unidad que pertenece al CONADEH, solicitará acceso para entrar porque los estudiantes ya habían sido expulsados.

Según el mismo comunicado, los defensores pretendían sacar a 7 personas encapuchadas, por lo que las autoridades alertaron a los agentes del orden para que detuvieran el microbús. Siguiendo las indicaciones los policías detuvieron la unidad, sin embargo, ya con las personas detenidas y ellos sin mostrar resistencia –como muestra el video que circula en redes sociales-, rociaron gas pimienta sobre la cara de los defensores de derechos humanos y los acompañantes.

La tensión entre autoridades universitarias y organismos de Derechos Humanos no es reciente. Desde el mes de julio pasado la rectora Julieta Castellanos “lamentó” la postura del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando estos reclamaron la sentencia a 3 estudiantes en julio pasado. En otras ocasiones la rectoría ha acusado a organismos de Derechos Humanos de financiar las tomas de edificios incentivando la crisis.

El saldo al final del desalojo del 8 de septiembre fue de 26 personas detenidas, de estos 22 estudiantes y 4 defensores de Derechos Humanos. Ante lo ocurrido, los representantes de más de 20 organizaciones defensoras de Derechos Humanos se agruparon y presentaron un comunicado condenando el acto y haciendo una serie de denuncias.

Entre las acciones a tomar por las organizaciones defensoras de la vida, está la  declaración en “Alerta Permanente”, y la creación de un equipo de abogados y abogadas que interpondrán acciones legales en contra de las personas que ellos catalogan como violadores de Derechos Humanos.

Señalan además que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Sub Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Mecanismos de Protección, no cumplen su rol de garante de los derechos humanos.

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Las organizaciones exigen la suspensión y sustitución de los cuatro oficiales involucrados en el desalojo, Leonel Sauceda y los oficinales Aguilar y Colindres, así como cualquier otro involucrado en el hecho. Adicionalmente demandan  la destitución inmediata del Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y la Directora del Mecanismo de Protección Nora Urbina.

“Exigimos que con la misma contundencia en que (sic) se han enjuiciado a las y los defensores y estudiantes, la destitución de los cuatro oficiales Leonel Sauceda y los oficiales Aguilar y Colindres; y, otros involucrados, quienes son culpables de las violaciones de derechos humanos ocurridos. Así mismo exigimos a la comisión especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, su suspensión inmediata”, dice el comunicado en su numeral 10.

La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), en un comunicado presentado a través de sus redes sociales dio eco al pronunciamiento de las organizaciones firmantes al pedir la suspención e investigación de los oficiales involucrados en el incidente.

Además, la comisión especial para el proceso de la depuración policial, en su comunicado, pide al Ministro de Seguridad Julián Pacheco, “Suspender de sus cargos al o los funcionarios policiales involucrados en los hechos acaecidos en torno a un vehículo automotor propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) que ingresó durante el desalojo a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”.

Esa solidaridad sin embargo no impidió que en el mismo comunicado de las organizaciones de Derechos Humanos se denunciara a las organizaciones no gubernamentales Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), por considerarlas que “asumen de forma irrespetuosa e irregular la representatividad de los organismos defensores de Derechos Humanos”, por lo que las “desautorizan  a que se presenten como tales.”

No existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos. En la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos aprobada por la resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998 se hace referencia a “los individuos, los grupos y las instituciones [que contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos” (cuarto párrafo del preámbulo).

De acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo.

Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado. Que las cerca de 20 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, firmantes del comunicado del pasado 11 de septiembre “desautoricen” a las otras 3 oenegés (aunque estas tenga una postura oficialista en varios temas), es un absurdo y va en contra de lo que Naciones Unidas dispone sobre el tema de defensoría.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Herrera Cáceres, informó que el expediente que contiene las actuaciones de los policías, que detuvieron y rociaron gas pimienta a los defensores de Derechos Humanos y estudiantes, será remitido al Ministerio Público, para seguir con las acciones legales correspondientes.

El Ombudsman afirma que protege el derecho a la protesta social y que este tipo de incidentes no debe continuar, todo enmarcado en el Estado de derecho, sin destruir la propiedad privada como los del Estado.

Acerca Redacción

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