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Creciente crisis de Derechos Humanos la prohibición contra el aborto en El Salvador

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Desde 1998, El Salvador ha mantenido algunas de las leyes contra el aborto más estrictas del mundo, negando a las mujeres el derecho a terminar su embarazo incluso si su vida está en peligro. Conforme a la legislación vigente, las mujeres condenadas por un aborto pueden enfrentar entre dos y ocho años de prisión. Sin embargo, estas leyes han provocado nuevas injusticias, ya que las mujeres que sufren abortos espontáneos han sido sentenciadas hasta a 40 años de prisión por homicidio agravado. El otoño de 2016 parecía ser un punto de inflexión para los derechos reproductivos en la nación centroamericana. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido político de izquierdas dominante del país, presentó un proyecto de ley para legalizar el aborto en ciertas circunstancias. El proyecto de ley del FMLN revertiría aspectos de la legislación vigente, permitiendo a las mujeres abortar si la vida de la madre está en riesgo, si el feto se considera inviable o en casos de tráfico o violación. Sin embargo, el progreso en la aprobación de la ley se ha estancado. El comité legislativo continúa debatiendo si se debe o no enviar a la asamblea para una votación debido a la oposición política. Mientras tanto, persiste un creciente problema de derechos humanos en el país centroamericano.

Poniendo en peligro la salud de la mujer

En lugar de prevenir el procedimiento, el prohibición del aborto de El Salvador ha hecho que la atención materna sea peligrosa para las mujeres. Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer 2011, la prohibición absoluta resulta en abortos clandestinos e ilegales, poniendo a las mujeres y adolescentes en mayor riesgo. Un testimonio de los contraefectos de la legislación, la prohibición del aborto se cree que es la segunda causa principal de mortalidad materna en El Salvador. En el país un porcentaje relativamente alto que buscan en el aborto ilegal una solución son mujeres adolescentes. El Ministerio de Salud de El Salvador informó que entre 2005 y 2008, el 27,6 por ciento de los 19.290 abortos registrados fueron realizados en mujeres menores de 18 años. Sin embargo, un informe de Amnistía Internacional señala que estas cifras son probablemente mayores.

Los riesgos asociados a los abortos ilegales son peligrosos y a menudo mortales, especialmente para las mujeres jóvenes con sistemas reproductivos en desarrollo. Amnistía Internacional informa que los métodos comunes para abortar fetos ilegalmente incluyen: ingerir veneno de rata u otros pesticidas y empujar agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos afilados en el cuello uterino y el uso del fármaco de tratamiento de la úlcera, misoprostol, que se ha utilizado para inducir abortos. Además de los efectos secundarios mentales y emocionales asociados con el embarazo terminado, los abortos ilegales pueden dar lugar a complicaciones graves como; hemorragia, infección, perforación uterina o daño en el tracto genital que a menudo requieren cuidados médicos. Sin embargo, la ley actual disuade a las mujeres que necesitan tal atención de recibirla, ya que pueden ser reportadas a la policía por el personal médico; lo mismo es cierto para las mujeres que experimentan síntomas de aborto espontáneo. Esta violación de la confidencialidad médico-paciente es resultado directo del artículo 135 del Código Penal Salvadoreño que específica: “Todo médico, farmacéutico o persona que realice un aborto será sentenciado de seis a doce años de prisión”. En El Salvador la ley contra el aborto, obstruye el derecho universal de las mujeres salvadoreñas a la atención médica.

A woman participates in a march on the International Day of Action for the Decriminalization of Abortion, on September 28, 2012 in San Salvador. Salvadorean women marched to ask the government to legalize abortion as a right for women. AFP PHOTO/Jose CABEZAS

AFP PHOTO/Jose CABEZAS

Violencia sexual en El Salvador

En El Salvador existen altos índices de violencia sexual, lo que se suma a la necesidad de reformar la ley del aborto. Si bien los delitos relacionados con la violencia sexual a menudo no se informan, se documentaron 2.079 casos en El Salvador sólo en 2010. De los casos registrados, el 67% de estos crímenes se cometieron contra mujeres menores de 17 años. La Encuesta Nacional de Salud Familiar, contextualizó esta cuestión de derechos humanos, encontrando que el 13,4 por ciento de las mujeres salvadoreñas han sufrido violencia sexual en su vida, con un 10 por ciento sufriendo abusos sexuales y un 7,8 por ciento violadas. Las víctimas de abuso sexual y el 28% de las víctimas de violación encuestadas indicaron que eran menores de 15 años cuando ocurrió la primera violencia sexual. Más preocupante aún, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las mujeres -en todo el mundo- sólo reportan el 20% de los casos: un porcentaje que se cree es menor en El Salvador.

La relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer atribuyó estos altos niveles de violencia a las disparidades socioeconómicas, la impunidad de los crímenes y la cultura “machista” existente. La prevalencia de pandillas en El Salvador también ha perpetuado la violencia sexual dentro del país. La violación se utiliza a menudo para iniciar nuevos miembros para “demostrar su temple” y garantizar su silencio sobre los crímenes cometidos. Como resultado, las víctimas rara vez ven la justicia. De las 1.305 denuncias de agresión sexual presentadas en El Salvador entre enero y julio de 2007, sólo 47 terminaron en condena penal. El fracaso de la justicia penal salvadoreña en defender los derechos de las mujeres agrava aún más la cantidad de malos tratos sufridos por las víctimas.

Los embarazos no deseados a menudo resultan en casos de violencia sexual. El acceso a los anticonceptivos de emergencia sigue siendo muy limitado, especialmente para las menores y los que viven en comunidades rurales. Esto, junto con los límites de la ley actual obliga a las mujeres a llevar sus embarazos a término o buscar abortos ilegales. Según el Centro de Derechos Reproductivos, también se ha encontrado una correlación directa entre el embarazo adolescente y las tasas de abandono escolar en El Salvador, ya que las mujeres no pueden completar sus estudios. Los menores que quedan embarazadas también son vulnerables a los matrimonios forzados, la pobreza, la exclusión social y el suicidio. La prohibición absoluta del aborto ha trascendido más allá de la cuestión de la salud de la mujer, haciendo que muchas víctimas no puedan superar una vida de desigualdad y empobrecimiento.

El caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz

Las leyes contra el aborto de El Salvador hicieron titulares internacionales el mes de julio tras la condena de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años. La adolescente salvadoreña fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo debido a una emergencia obstétrica. Acusada de homicidio agravado, y de no recibir atención prenatal adecuada, causando así la muerte fetal de su hijo; sin embargo, la atención de la salud adecuada a menudo es inaccesible, especialmente para las mujeres pobres. En su tercer trimestre Hernández no sabía que estaba embarazada hasta dar a luz mientras estaba en el baño -confundiendo entre el trabajo de parto y dolores de estómago-.

Al igual que muchas mujeres en El Salvador, Hernández quedó embarazada después de haber sido violada repetidamente por un miembro de una pandilla que la había forzado a tener una relaciones sexuales durante varios meses. La versión de Hernández no sólo carecía de evidencia suficiente. Las mujeres salvadoreñas han sufrido desde que entró en vigencia la prohibición del aborto. Entre 2000 y 2011, 129 mujeres salvadoreñas fueron procesadas, lo que resultó en 49 condenas; de estas sentencias, 26 fueron acusados ​​de homicidio agravado y 23 de aborto. Además, un estudio realizado por el Grupo de Ciudadanos para la Despenalización del Aborto encontró que ninguno de los casos criminales identificados durante este período se originó en el sector privado señalando un claro sesgo hacia las mujeres pobres y sin educación. Por lo tanto, la ley antiaborto del país se dirige a los miembros más vulnerables de la sociedad salvadoreña.

Joven salvadoreña es condenada a 30 años de cárcel por abortar

El Salvador en primer plano

Las instituciones internacionales y los órganos rectores han condenado la ley contra el aborto de El Salvador como una violación flagrante de los Derechos Humanos. Si bien la existencia del proyecto del FMLN demuestra un esfuerzo para alejarse de las políticas draconianas (Excesivamente severo o muy rígido), aunque su futuro es incierto. Sin embargo, se ha presionado a El Salvador a raíz del reciente cambio de la política de aborto en Chile. Durante más de 25 años, el país sudamericano sostuvo la misma prohibición absoluta que El Salvador. Sin embargo, una nueva era para los derechos de las mujeres fue presentada en agosto. La administración de Bachelet legalizó el aborto bajo condiciones similares enumeradas en la reforma del FMLN. El Salvador está entre los seis países restantes -incluidos Honduras, Nicaragua, Malta, el Vaticano y la República Dominicana- que criminalizan todas las formas de aborto. Aquellos que se oponen al proyecto de ley del FMLN deben considerar si quieren que el país sea conocido por promover la injusticia o por apoyar los derechos básicos de las mujeres. Un cambio en la legislación actual es la única respuesta para las mujeres salvadoreñas oprimidas por la prohibición absoluta del aborto.

Por Haley Wiebel, Contribuyente Extramural en el Consejo de Asuntos Hemisféricos. Publicada originalmente en inglés

Apoyo editorial adicional proporcionado por Lynn Holland, investigadora principal, Kathryn Teran, Contribuyente Extramural y R.O. Niederstrasser y Maria Alejandra Silva, Asociados de Investigación del Consejo de Asuntos Hemisféricos.

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