Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó este viernes al Estado de Guatemala por la masacre de 11 indígenas perpetrada hace 22 años por el ejército, considerada la última cometida durante la guerra (1960-1996), informó la institución.
La CorteIDH encontró «al Estado de Guatemala responsable por la muerte de 11 personas y por las lesiones sufridas por otras 29, causadas por el ejército durante la llamada masacre de Xamán», indica un comunicado del ente interamericano, con sede en Costa Rica.
La nota, enviada a la oficina de AFP en Guatemala, precisa que la sentencia fue notificada este viernes y que entre los 11 fallecidos se encontraban una niña y dos niños.
El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar se adentró en la comunidad «Aurora 8 de octubre», ubicada en la finca Xamán e integrada por población indígena que había retornado del sur de México, donde se habían refugiado por años para escapar de la represión militar.
«Los soldados fueron rodeados por pobladores, quienes requerían explicaciones sobre la presencia militar en el lugar. Al intentar salir del lugar, los militares dispararon», reseña la nota.
Por este caso 14 militares fueron condenados y 11 permanecen prófugos.
Según la Corte, durante el conflicto armado, que concluyó en 1996, «el Estado aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde consideró a miembros del pueblo maya como parte del enemigo interno», como el gobierno calificaba a la guerrilla izquierdista.
El organismo estableció que los atacantes cometieron delitos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que fueron de naturaleza discriminatoria, en contra de personas indígenas.
Advirtió que, si bien se produjeron algunas condenas, «la actuación estatal no fue diligente dada la falta de medidas para hacer efectivas las órdenes de captura de los 11 militares que permanecen prófugos».
«Tenemos más de 20 años pidiendo que nos hagan una reparación digna porque hemos quedado sin nada y además los que hicieron los hechos están libres (prófugos), mientras nosotros vamos sufriendo», dijo Natividad Sales Calvo, víctima sobreviviente de la masacre, quien entre lágrimas mostró a los jueces sus cicatrices.
Sales Calvo perdió a su hijo en esta matanza, narró que tuvieron que huir de sus tierras para refugiarse en México, pero que al regresar, 12 años después, continuaron las masacres y el Estado nunca hizo nada, los tuvo «abandonados».
Lla finca Xaman, en Alta Verapaz, fue refugio de indígenas que volvieron de México luego de huir como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, indica la demanda.
«Yo considero que había algo de parte de los soldados, como algo contra nosotros, pero nosotros no debemos nada, somos humildes campesinos. Las personas que estaban ahí trabajan la tierra, son personas honorables y pobres, son personas analfabetas pero tienen voz y por lo tanto, quiero pedir que se haga justicia y que se dé una respuesta lo más pronto posible», afirmó Tomás Grave Morente, otro sobreviviente de la masacre que mostró al Tribunal internacional la herida de una bala en su brazo izquierdo y pidió «justicia» para todos los de su comunidad.
Sobre el día de los hechos, contó que los soldados estaban escondidos en el monte y posteriormente, al llegar al centro de la comunidad, empezaron a disparar.
«Dijeron fuego y empezaron a disparar yo pensé que eran al aire pero luego voy viendo que caían las personas, personas sangrando y vi a mi mamá tirada quejándose, yo fui donde ella y le habían dado dos balazos en el pecho y me dijo: ‘mijo cuidate’, y empezó a despedirse porque iba a morirse», narró a los jueces Grave.
Los declarantes indicaron que nunca recibieron reparaciones económicas, rehabilitación física o psicológica para que la comunidad pudiera salir adelante.
La Comisión acusó al Estado de no cumplir con su obligación de eliminar los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso y de discriminación racial contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas condenaron a 14 miembros de las Fuerzas Armadas por esos hechos; sin embargo, según la demanda de la Comisión «hubo deficiencias e irregularidades que constituyen violaciones al deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable».
El Estado de Guatemala negó en los alegatos finales su responsabilidad internacional por el caso, rechazó la violación de garantías judiciales, discriminación, derecho a la vida e integridad personal y destacó que desde el sistema de justicia local ya se condenó a los responsables.
«El Estado ha aportado medios, pruebas y condenó a los responsables de los hechos que hoy nos ocupa (…) Al momento de emitir una sentencia le pedimos a la honorable Corte que tome la voluntad manifiesta y esfuerzos para reparar a las víctimas del presente caso y en consecuencia no se le condene», dijo el representante del Estado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, Felipe Sánchez.
Ante ello, estableció que Guatemala también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana.
La Corte ordenó continuar la investigación de los hechos y enjuiciar eventualmente a otros involucrados en la matanza.
Según un informe de la ONU presentado en 1996, la masacre de Xamán fue la última en el marco de la guerra, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos. El 93% de las violaciones a los derechos humanos constatadas fueron responsabilidad de los aparatos estatales.
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