Por Nelly Carina Moreno Parada
¿Cuál fue la razón que el Estado de El Salvador tenían durante los gobiernos en 1980 a 1991 para ejercer una política de exterminio más allá de los discursos y prácticas contrainsurgentes de la Guerra Fría/Guerra Sucia?
La Tierra Arrasada fue una política de exterminio implementada en El Salvador y Guatemala (en ambos países las prácticas fueron similares pero los objetivos eran distintos), para entenderla partiremos de la sospecha, que Tierra Arrasada tenía otros fines más allá de la lucha contrainsurgente. Dividiremos este primer tema en dos secciones. La primera las contradicciones encontradas y la segunda las certezas encontradas en el mandato de la Comisión de la verdad para El Salvador, el informe “De la locura a la esperanza”, la sentencia “El Mozote y lugares aledaños” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), testimonio encontrados dentro de informes y libros de organizaciones de derechos humanos de El Salvador y entrevistas realizadas por la autora de este escrito en la primera visita de indagación en febrero de 2018.
Contexto de LA POLÍTICA DE TIERRA ARRAZADA
Para podernos enfocar nosotras mismas en lo que queremos visibilizar es necesario partir del contexto mundial. Lo primero es que después de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se vivía una devastación de la Europa y el mundo tuvo que reorganizarse. Si bien parte de occidente estaba destruido la idea de dominación no lo estaba. Así pues, el mundo occidental se bipolarizó, los centros se organizaron en dos bandos: la vertiente liberal llamada capitalista con su máximo representante, Estados Unidos, que tenía menos bajas militares durante la II Guerra Mundial, no tenía ciudades destruidas y no había tenido bajas en la población no combatiente, y la vertiente socialista representado por la Unión Soviética, que había sido invadida por el nazismo y dentro de los países “ganadores” de la II Guerra Mundial tenía mayor número de bajas civiles. (Calveiro: 2013: 19).
Ambas naciones ganadoras, ambas visiones consideraban que podían disponer de las vidas de un grupo humano no importando si estaba o no armado, ambas buscando el dominio global. Pero a nuestro parecer Estados Unidos y su liberalismo tenía un paso adelante y además estaba mucho más cercano a la próspera Centro América.
Contrario a otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay o Colombia en donde la burguesía nacional hizo crecer el consumo y la economía local durante la crisis de la II Guerra Mundial, Centro América se vio sumergida en la dominación externa de su economía por enclaves económicos, financieros y también militares (Quijano, 2000: 236).
Simultáneamente, la región experimentaba el triunfo de una revolución cubana en 1959; la prosperidad de los movimientos sociales de clase trabajadora con un discurso de respeto a los derechos humanos; la derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam que señalaba la posibilidad de resistencia al poder militar (Calveiro, 2012: 38); el derrocamiento a la dictadura Somocista por el ejército Sandinista en 1979 y una contrahegemonía soviética discursiva y políticamente más cercana a las mayorías populares americanas.
Perder terreno no era posibilidad para la hegemonía liberal, el riesgo de perder parte de la región latinoamericana significaba grandes y graves pérdidas económicas. Así que con el fin de afianzar el proyecto de Acumulación Capitalista, que requería liberar la economía del Estado social que no se terminó de formar en la región y que estaba en crisis (Calveiro, 2013: 45), se construyó todo un estado de guerra, la doctrina de seguridad nacional.
Ésta reordenó la institucionalidad jurídica con el fin de defender a la civilización civil occidental e implementar, al mismo tiempo, medidas neoliberales en las economías de la región. La visión del enemigo externo o naciones enemigas se convirtió en la lógica del “enemigo interno” y de todo un cuerpo normativo bélico que había sido creado para resguardar la soberanía nacional pasó a resguardar una soberanía occidental (Calveiro, 2012: 43).
Pero el discurso fue el resguardo de la soberanía política, que es parte de esa la racionalización de la práctica de gobernar, y es esta racionalidad en la práctica gubernamental que permite ajustar la manera de gobernar, ante esto, sólo se puede gobernar un Estado como ya presente en el marco de un Estado cierto pero también sobre un objetivo a construir (Foucault, 2007:17-19).
El Estado presente de países como Guatemala, Honduras y El Salvador era el modelo militar represivo que se modifica en doctrina de seguridad nacional con el incremento en la ayuda militar de Estados Unidos y que sólo podía ser sostenida a través de guerras o Guerra Sucia. Ganar la Guerra Sucia era una condición para poder competir por la Acumulación Capitalista Global.
De esta manera era necesario el vaciamiento de las economías nacionales; la implementación de dictaduras de shock seguidas de democracias formales y autoritarias; y la eliminación de casi todas las organizaciones alternativas a la lógica de identidad occidental (Calveiro, 2012: 45-46).
La Acumulación Capitalista y el Estado social en crisis, trajeron consigo pugnas sociales. En Centro América, el reclamo de tierras por parte del campesinado se intensificó y ya habiendo un modelo militar represivo y el perfilamiento de un moderno aparato de inteligencia militar se comienza a ir en contra del enemigo interno y su supuesta base social. Es así como en Guatemala y El Salvador se implementan políticas de exterminio con similitudes y diferencias en ambos países. Una de estas políticas de exterminio fue Tierra Arrasada que implicaban la destrucción de comunidades enteras y que fueron implementadas en zonas que supuestamente tenían mayor actividad guerrillera. Su punto álgido de actividad fue entre 1981 y 1983.
Tierra Arrasada: contradicciones y certezas
La Comisión de la Verdad para El Salvador en su informe “De la locura a la esperanza” destaca, en su parte cronológica, que después del derrocamiento del gobierno del General Carlos Humberto Romero en octubre de 1979 por la Junta Revolucionaria General, “[c]rece la pugna política entre civiles y sectores militares conservadores” en El Salvador (1993: 19).
Con el derrocamiento de Romero, comienza en El Salvador un cambio importante tanto en las políticas como en aquellas prácticas que estaban fuera de la normativa salvadoreña pero que eran las que causaban mayores daños. En la medida que el tiempo de la guerra civil en El Salvador transcurría, las acciones como Tierra Arrasada oscilaban entre la excepción y el derecho. Esa forma que Rita Segato propone como modo de desarrollo de la excepción, que es una realidad dual entre el poder visible y el poder invisible en un mismo espacio gestionado a través del miedo (Segato, 2013: 6).
Es esta dualidad la que quiero, primariamente, hacer notar sobre la implementación de la política de Tierra Arrasada. Estamos de acuerdo que ésta fue una política de exterminio, sin embargo, el análisis encontrado en los documentos estudiados (Sentencia “El Mozote y lugares aledaños de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “CoIDH”; Informe “De la Locura a la Esperanza” de la Comisión de la Verdad para El Salvador) sólo refieren que Tierra Arrasada fue una política de exterminio con el único fin de “quitarle agua al pez”, que se proponía como una forma de destruir las bases de apoyo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Sin embargo, encontramos varias contradicciones al respecto. Con ello no queremos decir que no fuese el “quitarle agua al pez” un fin, pero pensamos que no era el único fin que existía. Tanto la sentencia de la Corte IDH como el análisis de la Comisión de la Verdad para El Salvador, se centran en aquello, lo probatorio como única forma de visibilidad.
Pero hay elementos que si bien no estaban fundamentados como bases probatorias también eran visibles.
Contradicciones de Tierra Arrasada en El Salvador
La primera contradicción que hemos encontrado, es que Tierra Arrasada fue implementada anterior al nacimiento del FMLN. El FMLN se funda en noviembre del 1980 y la primera masacre en este contexto se dio el 13 y 14 de mayo de 1980, en los poblados próximos al cantón La Arada y al Río Sumpul en el departamento de Chalatenango.
Según la documentación del caso, el 13 de mayo de 1980 un operativo de ORDEN junto con otros batallones de las Fuerzas Armadas de El Salvador desplegaron sus tropas por los caseríos Las Minas, Los Calles, Los Ramírez y El Jícaro. Durante el operativo del 13 de mayo hubo asesinatos selectivos de campesinos y la destrucción generalizada de bienes en los caseríos. Estas acciones obligaron a la población a desplazarse hacia el cantón La Arada fronterizo con el occidente de Honduras. El mismo día 13, hubo un despliegue de aproximadamente 150 soldados hondureños que resguardarían la frontera hasta el día 14 de mayo y que se ubicaron a la orilla de río que divide ambos países, el Río Sumpul, que se encuentra entre las aldeas de Santa Lucía y San José en el departamento de Lempira. La población desplazada llegó a La Arada entre la noche y la madrugada del día 13 y 14 respectivamente. En la tarde del día 14 el mismo operativo se movilizó a La Arada, sin embargo, su objetivo no era ya el asesinato selectivo, sino el asesinato en masa. Ejecutaron la acción de manera indiscriminada y las personas desplazadas como las que vivían en La Arada no tuvieron manera de escapar por dos razones: la primera porque mayo es época de lluvia en Centro América y el río había crecido y en segundo lugar porque quienes lograban cruzar era devueltos por las fuerzas armadas hondureñas y puesto a la orden del ejército de El Salvador, ninguna de las personas devueltas sobrevivió. Se estima que al menos 600 personas fueron asesinadas ese día.
La masacre fue ejecutado por las tropas de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), creado en la década de los setenta en El Salvador con el fin de vigilar a la población campesina, después de su disolución en 1982 se convierte en el escuadrón de la muerte.
Si vemos cómo ocurrieron los hechos se puede observar un orden y una planificación previa. Los asesinatos selectivos en días anteriores, el desplazamiento de la población sobreviviente a un lugar donde no tuvieran escapatoria, la confabulación previa con otro ejército, la crueldad y masividad de los asesinatos, la negación de los hechos y la forma en que se trató en los medios, sólo puede hacerse a través de la planificación. Inclusive se pueden ver estas mismas características en otros asesinatos masivos como El Mozote, por ejemplo. Si realmente se implementó con el fin de destruir las bases de apoyo a las guerrillas, ¿por qué se da con anterioridad a la conformación de un frente mucho más fuerte y por qué ocurre con tanta planificación?, ¿qué había detrás de la despoblación de territorios?
La segunda contradicción en el análisis de la implementación de Tierra Arrasada como único fin de “quitarle agua al pez”, era desplazamiento masivo de salvadoreñas y salvadoreños a territorio hondureño. Los diarios hondureños estimaban que al menos 1,500 personas estaban refugiadas en Honduras al 15 de mayo de 1980. Sin embargo, el desplazamiento del campesinado salvadoreño hacia territorio hondureño había sido una de las fuentes de la guerra entre Honduras y El Salvador de 1969. Es decir que ya había con anterioridad una política de despojo que desplazaba a la población campesina y que buscaba subsistir en territorio hondureño.
A nuestro parecer “quitarle agua al pez” era simplemente una justificante para despoblar (gobernar), que era una práctica de la conquista (Mariátegui, 2008: 45). Parecido a lo que había sucedido en lo que denominan en El Salvador como “La Matanza” que se efectuó entre el 24 de enero al 25 de febrero en 1932. Durante el gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez se determinó asesinar entre 10,000 a 30,000 personas en su mayoría indígenas, en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad y San Salvador. En esa matanza se utilizaron tres mecánicas de exterminio: I) Asesinato masivo e indiscriminado de personas campesinas que incluía hombres campesinos, hombres y mujeres indígenas y niños mayores de 12 años; II) asesinato selectivo de indígenas por medio del fusilamiento y el interrogatorio y tortura a ladinos; III) Asesinato a simpatizantes del Partido Comunista utilizando los listados de votación.
De esta manera despobló los territorios indígenas para “poblarlos” por el campesinado ladino. Pero durante las siguientes décadas se desplazaba al campesinado ladino (que ya no se auto identificaba como indígena), ¿quién “sustituiría” al campesino ladino? ¿El soldado?
La tercera contradicción que encontramos, se sustenta en los nombres de las operaciones militares cuando se implementaba Tierra Arrasada.
En el caso de El Mozote, por ejemplo, el operativo se llamó “Rescate”. Según lo documentado de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador en su libro “El Mozote, lucha por la verdad y la justicia”, los diarios nacionales informaron que era un operativo en contra de la guerrilla; sin embargo, El Mozote no era territorio guerrillero; contrario a eso, había un destacamento militar. ¿Por qué hacer una masacre de este tipo?, ¿a quién o qué se rescataba? Definitivamente el “rescate” era sobre el territorio, pero, ¿qué del territorio se quería rescatar? ¿Rescatar los territorios era un elemento importante para rescatar el vaciamiento de la economía?
La cuarta y última contradicción que encontramos sobre la implementación de Tierra Arrasada y “quitarle agua al pez” como esencia única de su implementación. Es la estructura normativa impuesta en El Salvador.
Después del derrocamiento del gobierno de Carlos Romero en 1979 y la llegada al poder de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, se emiten el 22 de mayo de 1980 (días después de la Masacre del Río Sumpul) dos decretos que modifican el Código de procedimiento criminal de El Salvador: el 264 que definía el tipo penal de terrorista; y el 265 que prohibía la libertad bajo fianza a personas acusadas por delitos políticos.
Así también en 1982, entre la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno y gobierno de Álvaro Magaña se emiten otras medidas que restringían al campesinado ser propietarios a nada mayor a 100 hectáreas de tierra (De la locura a la esperanza, 1993: 19). Agregado a ello, desde enero de 1981 Estados Unidos incrementó la asistencia militar hacia El Salvador (CoIDH, 2013: 69). ¿Por qué asesinar masivamente si tanto de hecho como de derecho era imposible subsistir?, ¿asesinar masivamente era la única forma de proseguir con enclaves económicos y las concesiones de tierras a empresas transnacionales?
A lo que queremos llegar con estás preguntas, que pueden llegar a parecer un poco vanas, es que, tal como lo ha mencionado la Corte y la Comisión, los asesinatos masivos no fueron un exceso de los soldados, pero a nuestro parecer tampoco fue una política excesiva del Estado. Es decir, al Estado de El Salvador no se le “pasó la mano”, tenía un objetivo planteado y necesario dentro de su razón de Estado, para asesinar masivamente más allá del solo hecho de dejar sin bases a la guerrilla. A nuestro, parecer, las políticas de asesinatos masivos, además de fundar terror tenían que ver con todo un sistema de concentración de riquezas que llegase a lo que ahora vive El Salvador y el resto de la periferia, la acumulación por desposesión.
Ahora bien, a nuestro parecer el análisis tanto de la sentencia Corte Interamericana, como los demás documentos a los que hemos tenido acceso, analizan la implementación de la Guerra Sucia en El Salvador y la implementación de políticas de exterminio como las de Tierra Arrasada desde lo que Foucault llamaría la Razón de Estado del siglo XVI y XVII. Para explicarlo mejor, se toma el análisis desde la construcción del imaginario que el objetivo del Estado de El Salvador es que éste fuese sólido, permanente y fuerte a todo aquello que lo amenazara (Foucault, 2007: 19).
Nos explicaremos, la visión de ambas instituciones, retoman la implementación de Tierra Arrasada desde la modernidad con “espíritu germánico cuyo fin es de la verdad absoluta como autodeterminación de la libertad” y la libertad absoluta, según este paradigma, al que Dussel lo denomina Eurocéntrico, contiene su forma absoluta sin deber nada a nadie (Dussel, 1997: 98).
Pero en el caso de El Salvador no era así, si bien el discurso estatal durante la guerra civil iba sobre esta construcción del nuevo Estado y la nueva ciudadanía, inclusive pensamos que el informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador tiene el discurso de un nuevo Estado sólido y de nuevos ciudadanos comprometidos con la paz y la esperanza, ambas fuerzas “hegemónicas y contrahegemónicas”, gobierno y guerrilla eran periféricas. Sin embargo, encontramos aquí una dualidad, en cómo se ve a la población salvadoreña.
La población era la dominada, explotada y masacrada y no es que no fuese así, pero lo era en dos frentes y no sólo en uno. Como lo hacen ver la sentencia y el informe. La población fue diezmada y masacrada por un centro que era Estados Unidos y por el centro de la periferia que eran los gobiernos de El Salvador.
Por lo que nuestro análisis nos hace deducir que Tierra Arrasada fue pensada desde una Razón Estatal Moderna (Foucault, 2007: 26-27) pero gestionada bajo dos modernidades (Dussel, 1997: 87).
Si lo vemos desde invisible, podemos “ver”: 1) que hay un tema financiero importante, no por nada se hacía una desposesión de la propiedad. 2) Había un visión global de desposesión, es decir este tipo de prácticas se habían utilizado en la guerra de Vietnam, se estaban utilizando en otras partes de la América Latina. 3) Había una planificación de “exterioridad”, lo colectivo se abstraía de lo comunitario (Segato, 2013: 7).
Todo esto era visible pero invisible. Desafortunadamente en este momento no contamos con las fuentes para saber, si aquello invisible/visible rompió con el tejido social y si lo hizo, hasta dónde pudo alcanzar ese rompimiento.
B. Certidumbres de la política de Tierra Arrasada
Ya hemos explicado por qué el análisis de la Comisión de la Verdad para El Salvador y la sentencia de la Corte Interamericana nos generan contradicciones en cuanto a la implementación de Tierra Arrasada y también hemos tratado de explicar cuál fue la visión desde donde ambas instituciones analizan la política de extermino. Pero también los documentos estudiados nos dan varias certidumbres, que son necesarias para tener un mejor panorama.
La primera certidumbre es que en efecto se estaba llevando a cabo una política interna que era dirigida por el Estado de policía (Foucault, 2007: 22), pero éste no era independiente de otros poderes, puesto que había una “asistencia” militar extrajera mucho más poderosa que la nacional.
El libro “El Mozote, lucha por la verdad y la justicia” el diario La Prensa Gráfica, 09 de diciembre de 1981 informaba “que Comandantes militares gubernamentales informaron al periodista Jhon Newhagen, de la agencia UPI, que el operativo suponía una ‘ofensiva contra los guerrilleros en el departamento de Morazán y el mismo era “encabezado’ por soldados entrenados por los ‘Boinas Verdes’ de los Estados Unidos de América”. Asimismo refieren la El Diario de Hoy, 11 de diciembre de 1981 destacaba la “participación de 1,500 soldados en las operaciones militares, según fuentes castrenses. Las fuerzas de infantería eran apoyadas por ‘helicópteros donados por los Estados Unidos y aviones de guerra’. Las tropas salvadoreñas utilizaban estrategias empleadas en la guerra de Vietnam” (Tutela legal, 2008: 349)
Por su parte, el derecho no limitó el Estado de policía, por el contrario, formó parte de la dinámica durante la guerra civil. Pero sí, fue utilizado como limitante en los Acuerdos de Paz; aunque después de estos, el poder de las leyes se confabulasen con las leyes de amnistía y en 2015 vuelto a utilizar en la derogación de las mismas y la apertura a juicios en sede nacional en dos casos en particular, la Masacre de El Mozote y el Asesinato de Monseñor Romero.
La segunda es, que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para El Salvador, como también la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de El Mozote, están escritas bajo los parámetros de la regulación interna de la racionalidad gubernamental. Ambas instituciones utilizan el derecho como principio de limitación general e interno de las prácticas del arte de gobernar donde el derecho se vuelve intrínseco y una regulación interna de racionalidad gubernamental que es de hecho. Ante ello si el gobierno atropellaba una norma natural no era éste ilegítimo, sino un gobierno torpe, un gobierno que no hacía lo que le convenía (Foucault: 2007: 26-28). Ambas instituciones dictan el camino a seguir para que el gobierno o los futuros gobiernos deban de ser racionales y no torpes.
Otra de las certidumbres que nos dan los documentos es que la política de Tierra Arrasada fue fundada sobre una comunidad de bien y mal, de lo justo y lo injusto (Agambem, 2003:11). Las políticas de Tierra Arrasada están dentro de lo que se denominaba “Bien Común” por lo que no importaba si asesinar masivamente significara algo placentero o doloroso. En el libro “Luciérnagas en el Mozote” en la parte testimonial de Rufina Amaya; llama la atención algo que ella expresa, dice, que cuando ella se encontraba escondida en la matita de manzano, ella escuchó a dos de los soldados decir que ellos no querían matar a los niños y las niñas porque habían “niños bien bonitos que para algo servirán”.
También en el informe de la Comisión Investigadora del Partido Socialista de Honduras (PASO) de la masacre del Río Sumpul de junio y julio de 1980, se encontró que según algunas personas sobrevivientes, algunos soldados hondureños vomitaron y hasta dispararon en contra de los soldados salvadoreños al ver la forma en que mataban a las mujeres y a los niños y niñas, y que les gritaban “no los maten así”.
En el libro “El Mozote, lucha por la verdad y la justicia” en el testimonio de un testigo protegido, se menciona que después que los soldados habían hecho la masacre, había entre ellos un gran silencio y un gran pesar, que algunos soldados hablaban entre sí y que decían unos a otros “a mí no me gustaría que mi madre muriera así” y que después de un rato llegó un oficial al decirles que si tenían que matar a su madre pues que a su madre iban a matar y que lo que había sucedido no podían contárselo a nadie.
A nuestro parecer, estas demostraciones de lo que pudo haber pasado después de los asesinatos masivos es la relación metafísica entre phone y logos y que tiene una relación directa con la polis y la nuda vida. Puesto “que sólo las y los seres humanos poseen lenguaje, con él trasmiten el dolor o el placer, el dolor y el placer lo tienen todos los seres vivientes, pero lo que le da sentido del bien o del mal, de los injusto o lo justo es el ser humano mismo a través del logos. (Agambem, 2003: 17).
Lo expresado por los soldados después de asesinar masivamente estaba relacionado con el dolor o inclusive el placer de haberlo hecho; pero su logos era que era justo matar, era justo asesinar masivamente por el bien común.
Pero lo doloroso, era lo que podía sentir el soldado, no la comunidad sobreviviente o el dolor al ser asesinadas, ese dolor no era significativo. Pero el dolor del soldado al matar niños, el dolor del soldado al entregar a las mujeres con niños o niñas en brazos y que observaran después cómo soldados salvadoreños los tiraban hacia arriba para que cayeran en la bayoneta, es dolor era necesario, era justo para seguir la comunidad del bien.
Otra certeza es que tenemos es que el soldado no era sólo una máquina, sino la esencia de la política, de la pareja categorial nuda vida y existencia política. Inclusive podemos creer que éste estaba a veces dentro de esa vida sacrificable pero no llegaba a ser homo sacer. El soldado era la política moderna por excelencia, era ese humano que a través del lenguaje separaba su propia nuda vida y la oponía a sí mismo. El soldado no era exclusión pero era tan frágil a serlo (Agambem, 2003: 16-18).
