Hoy comenzará en el Congreso Nacional la discusión para aprobar las reformas electorales más urgentes, las que modifican la Constitución de la República, mismas que deben de ser aprobadas por mayoría calificada antes del 24 de enero ya que tienen que ser ratificadas en la siguiente legislatura, que de lograr acuerdos, sería tan pronto como este viernes 25.
Gracias a una gran cantidad de insumos ya se han logrado acuerdos entre bancadas, según ha trascendido apoyarían un paquete de reformas ya consensuado las bancadas del Partido Nacional (PN), Libertad y Refundación (LIBRE), Alianza Patriótica (AP), Democracia Cristiana (DC), y una mayoría del partido Liberal (PL), liderados por su nuevo presidente de bancada, Mario Segura.
Estas reformas urgentes a ser ratificadas convertirían a los actuales interventores del Registro Nacional de las Personas (RNP), en sus nuevas autoridades por un plazo de cinco años, la creación de un Consejo Electoral con tres propietarios y dos suplentes y un Tribunal de Justicia Electoral también integrado por tres propietarios y dos suplentes.
El pasado 27 de septiembre se nombró como interventores del Registro Nacional de las Personas a Rolando Kattán en representación del Partido Nacional, Norman Roy Hernández (aunque este fue destituido y lo reemplaza Roberto Brevé Reyes) del Partido Liberal, Óscar Porfirio Rivera Inestroza de Libertad y Refundación como propietarios y como suplentes a Roberto Montenegro Girón de Alianza Patriótica y Gonzalo Alberto Fuentes Mejía de la Democracia Cristiana.
Según el anteproyecto de ley el Consejo Nacional Electoral será el responsable de “los actos y procedimientos administrativos, técnicos y de logística de los procesos electorales que se celebren en el país”, también controlará y fiscalizará el financiamiento público otorgado por el Estado, o sea la deuda política, y el financiamiento privado a las diversas formas de organización política electoral, por lo que la actual Unidad de Política Limpia podría desaparecer o ser absorbida por este consejo.
Otra importante atribución de este consejo sería el regular los plebiscitos y referendos al atribuírsele las facultades de “convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos”, y añade que “corresponde únicamente al Consejo Nacional de Participación Política Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas ciudadanas”.
Este ente estaría integrado por los representantes de las tres principales fuerzas políticas: uno del Partido Nacional, uno del Partido Liberal y uno de Libertad y Refundación en sus puestos titulares.
Mientras que el Tribunal de Justicia Electoral será el órgano “responsable de los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia de participación política electoral”, repartiendo sus puestos titulares de forma idéntica al Consejo Nacional Electoral.
Como base para este proyecto se ha utilizado la propuesta presentada por el diputado de Libre, Jorge Cálix, preliminarmente se informa que se nombrará una Comisión Especial, conformada por los diputados Mario Alonso Pérez quien la presidirá, Rolando Dubón Bueso y David Chávez del Partido Nacional, Felicito Ávila de la Democracia Cristiana, Denis Castro Bobadilla de Alianza Patriótica, Juan Carlos Elvir y Sobeyda Andino del Partido Liberal, Carlos Zelaya y Francisco Paz de Libre y Mario Noé Villafranca de Unificación Democrática.
Esta comisión de dictamen deberá elaborar la propuesta y presentar al pleno «un documento que incluya la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, que vendrían a sustituir al actual Tribunal Supremo Electoral (TSE)», para separar la función administrativa de organizar comicios electorales, con la de recibir denuncias e impugnaciones y resolver los conflictos relacionadas con la actividad proselitista y electoral.
El Consejo Central del Partido Liberal liderado por Luiz Zelaya no apoya esto y considera es una repartición de puestos que no ayuda a fortalecer la democracia, dejando aún más diferencias entre la bancada en el Congreso y las autoridades del Central Ejecutivo.
El Consejo Liberal a través de un comunicado exige una reforma “profunda, integral y democrática que incluya la aprobación de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial, celebración de un plebiscito que defina la aprobación o no de la reelección y la creación de un Consejo Electoral despartidizado, autónomo y sin influencia políticas que garantice el respeto de la voluntad soberana y la no injerencia partidista, la creación de un tribunal especialísimo con atribución de otorgar justicia legislativa, independiente a la Corte Suprema, un registro civil técnico científico y despolitizado y un tribunal constitucional independiente y garante del cumplimiento de la Constitución.
Pero estas propuestas, así como la de la parlamentaria del PINU Doris Gutiérrez, quedarán en el papel ya que todo apunta que estas reformas serán un arreglo y una repartición de puestos entre los otros entes políticos.
Libre y otras fuerzas políticas exigen una segunda vuelta electoral a la que el Partido Nacional se niega rotundamente, en caso de no lograr un consenso y su aprobación en las deliberaciones de hoy, según el diputado Jorge Cálix solicitarán una consulta popular al pueblo para que este decida su implementación o no.
“Si el Partido Nacional no acepta que se apruebe la segunda vuelta a nivel presidencial, solicitaremos someterlo a un plebiscito, creo que es tiempo que le demos participación a los ciudadanos, para que tengan la posibilidad de que si quiere o no quiere una segunda vuelta”, expresó Cálix.
Otras reformas consideradas como secundarias, entre ellas la ciudadanización de las mesas y detalles operativos electorales serán discutidas en el transcurso del año, o incluso en los dos próximos, ya que no requieren reformar la Constitución y pueden ser aprobados en cualquier momento.
