/CÓMO EL REGIMEN DE ORTEGA TERMINÓ EN CONTRA DE SU PUEBLO

CÓMO EL REGIMEN DE ORTEGA TERMINÓ EN CONTRA DE SU PUEBLO

Desde 2017, el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y el vicepresidente, Rosario Murillo, se ha enfrentado a un movimiento popular que exige democracia y justicia. En respuesta, el gobierno de Ortega ha desatado una ola de terror contra las protestas y la izquierda, asesinando, arrestando y “desapareciendo” miles. La represión ha sido llevada a cabo tanto por las tropas gubernamentales como por las fuerzas paramilitares que operan bajo las órdenes del régimen, incluidos algunos que estuvieron activos en el Frente Sandinista de Liberación Nacional que lideró la revolución contra la dictadura de Somoza en los años setenta. Activistas y académicos de todo el mundo han alzado sus voces en protesta porque los activistas se han visto obligados a exiliarse o algo peor.

Ariana McGuire Villalta es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia de Nicaragua (la Coordinadora Universitaria para la Justicia y la Democracia en Nicaragua). En una entrevista con Natalia Tylim, realizada a fines del año pasado en Argentina, donde McGuire Villalta vive en el exilio, describe el clima actual de corrupción y represión en el país, cómo responden los activistas y qué puede hacer la izquierda a nivel internacional para ayudar. Esta entrevista es publicada originalmente en el portal socialistworker.org

¿PUEDE usted hablar brevemente sobre su experiencia como activista?

Tengo 26 años y durante los últimos nueve años he sido activista independiente. En Nicaragua, no tenemos espacio para la participación política. No hay un partido de oposición que realmente nos represente o con el que podamos trabajar.

El tema de la militancia y el activismo en Nicaragua está muy ligado a la cuestión de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Por ejemplo, hay ONG que trabajan en temas de juventud, ambientalismo, un poco sobre cuestiones de democracia y mucho sobre el tema del feminismo. Pero estas organizaciones, las feministas en particular, son muy institucionalizadas y de arriba hacia abajo.

Por este motivo, he defendido la unidad en las calles y apoyo todas las iniciativas de estos grupos, pero cuando se trata de activismo político, opero en una plataforma autónoma.

Con esto en mente, me he estado organizando en oposición a Daniel Ortega y las leyes que él ha implementado durante los últimos nueve años. Uno de ellos, por ejemplo, es la Ley 840, “La Ley de Concesión Canalera”, que castiga al “terrorismo” por hasta 20 años de prisión. En la práctica, esto significa que cualquier persona que proteste puede ser encarcelada por un período prolongado de tiempo. Esta ley es parte de la nueva constitución carcelaria de Ortega, que estará vigente durante los próximos 100 años.

Otras leyes han afectado negativamente el movimiento político de los pobres rurales, así como el desplazamiento de los agricultores y el deterioro de la vida de las personas en el campo en general. Otro tema son las protestas contra los cambios en la constitución que establecieron la reelección indefinida del gobierno actual.

He participado en todas estas protestas, y también hago difusión social. Tuve un programa de radio en Nicaragua que tenía como objetivo generar un debate político, concienciar y hacer visibles los problemas actuales. A través de esta organización, me conecté con grupos de jóvenes que operan como alternativas militantes dentro del movimiento más amplio.

Desde abril de 2018, ha habido una profunda crisis política en Nicaragua. Cuando comenzó, comencé a organizar un centro de recolección fuera de mi hogar. Esto funcionó como un lugar para proporcionar alimentos, agua, medicamentos y dinero a los estudiantes que estaban luchando en la universidad. Esto fue necesario, porque en ningún otro lugar se estaba haciendo esto.

A través de esta organización, conocí a personas involucradas en la iniciativa Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), un grupo de estudiantes universitarios que habían comenzado a organizarse contra la represión. Me sumergí en este proyecto, en el trabajo de divulgación, redacción y creación de redes sociales. Trabajé para apoyar, coordinar y fortalecer el funcionamiento de la organización.

¿POR QUÉ estás viviendo ahora en Sudamérica?

Miemtras la represión se produjo en su cuarto mes, hubo un completo y oficial silencio de los medios mientras los asesinos y otros delincuentes actuaban con total impunidad.

En Nicaragua, no existen redes de comunicación independientes. Por esta razón, obtener información fuera del país fue extremadamente difícil. Para abril, quedó claro para los que estamos en el CUDJ y para otros grupos sociales que era necesario formar una misión internacional para que las personas de otros países pudieran conocer los eventos en Nicaragua y denunciarlos.

Hubo una serie de votos, y fui elegido para representar al movimiento estudiantil en la caravana a Sudamérica. Antes de esto, una caravana se había ido a Europa, donde otras tres mujeres representaban el movimiento estudiantil. Nos convertimos en la caravana aquí en Sudamérica.

El 8 de agosto, salimos de Nicaragua para viajar a cinco países para presentar una serie de charlas e intervenciones dirigidas a grupos de izquierda, estudiantes y feministas.

Mientras estábamos en América del Sur, quedó claro que no podíamos volver a Nicaragua. Éramos tan visibles, y el gobierno de Ortega estaba usando nuestro video para etiquetarnos como terroristas con la intención de  dar un golpe de estado. Afirmaron que salimos del país para buscar financiamiento para las armas. Por supuesto, nada de esto era cierto.

Sería muy peligroso para nosotros regresar y ser encarcelados, como lo son muchos de nuestros compañeros. Mientras hablo, tenemos 13 personas del CUDJ en la cárcel.

Había venido a Argentina con la caravana y conocí el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Cuando fuimos a Argentina, comenzaron a trabajar en una campaña permanente para Nicaragua. Después de irnos a otros países, mantuve comunicación con los líderes de la organización y, cuando terminamos la caravana en Perú, me preguntaron qué planeaba hacer ya que no podía regresar a mi país.

Me propusieron mudarme a Argentina para participar activamente en la campaña para Nicaragua a tiempo completo.

Con esta oportunidad de continuar este trabajo político urgente y necesario, decidí regresar a Argentina. He estado aquí en el exilio durante los últimos dos meses y trabajando para hacer lo que pueda para conectar mi movimiento con otros a nivel internacional. También continúo trabajando en un plan de acción regional para Nicaragua.

¿PUEDE usted hablar un poco sobre la situación en Nicaragua actualmente?

El mes de abril de 2018, en respuesta a una serie de demandas del FMI, el gobierno de Ortega llevó a cabo una serie de cambios en la Ley de Seguridad Social. Esto provocó una movilización masiva contra los recortes, donde los adultos mayores salieron a las calles.

El gobierno respondió con represión a esta movilización. A partir de ahí, comenzó la verdadera represión contra una escala sin precedentes de movilización social en Nicaragua.

Este nivel de participación cívica en las calles no se había visto antes. La ola de movilizaciones generó un aumento en la forma y fase de la represión del gobierno a manos de la policía nacional y más tarde por grupos paramilitares con el objetivo de contener y paralizar la agitación social.

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Esta fue una experiencia totalmente traumática para las personas involucradas, así como para la sociedad en general. Es un trauma colectivo que requerirá mucho tiempo para sanar.

Sucedieron cosas impensables. Las balas fueron disparadas directamente a los manifestantes. Los militares entraron en la universidad y asesinaron a estudiantes. Los grupos paramilitares quemaron los hogares de familias enteras mientras que las familias estaban dentro, incluidos niños y bebés. La policía nacional disparó en la cabeza a niños de hasta seis meses de edad. El Ministerio de Salud prohibió que los hospitales públicos atendieran a los heridos en los ataques, y cualquier médico o profesor que hiciera frente a la represión fue horriblemente castigado.

Ha habido una enorme polarización, tanto que la represión del gobierno fracasó. Se niegan a reconocer que lo que se vio en las calles fue un movimiento social que busca la democratización del país, que ha sido completamente usurpado por el partido gobernante y la familia Ortega-Murillo. Las personas buscan la justicia y la libertad, sobre todo.

Incluso con todo el trauma, todavía hay un movimiento juvenil impresionante que no solo se basa en la universidad, sino también en los vecindarios. Pero el costo de la protesta ha sido grande.

Ha habido más de 500 asesinatos en los últimos seis meses. Dos mil personas han sido “desaparecidas”, no sabemos dónde están, si están en prisión o muertos. Cincuenta mil han tenido que exiliarse en otros países, principalmente en Costa Rica. Medio millón ha sido despedido de sus trabajos en los últimos seis meses. Muchas empresas, restaurantes y pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar.

Aún más problemático y urgente es el tema de los presos políticos. Hay más de 600 personas encarceladas por la dictadura. Muchos desconocen el motivo de su encarcelamiento. No hay un proceso judicial debido que sea legal o basado en la ley.

Todo esto se hace a discreción de la policía nacional, y el sistema judicial está completamente en manos de Daniel Ortega. Estos presos se enfrentan a diario con torturas físicas, psicológicas y sexuales. La tortura sexual suele ser por grupos.

También está el tema de la identidad sexual. Tres mujeres trans están recluidas en la prisión de hombres y están expuestas a abusos porque son mujeres trans. De los 610 presos políticos, 52 son mujeres, 3 son trans. Trece son compañeros en el CUDJ.

Este es un problema muy serio, ya que no hay garantía de su liberación de un encarcelamiento tan arbitrario e injusto.

A principios de diciembre, el gobierno reunió a personas de seis organizaciones, incluido el único centro de derechos humanos que tenemos en Nicaragua, así como a otros que trabajan en temas de democracia y feminismo. No se les permite continuar su trabajo en esas agencias.

Al amanecer, la policía entró en sus oficinas, estas personas fueron arrestadas y sus propiedades fueron tomadas. Computadoras, cámaras, grabadoras, muebles de oficina y vehículos: todo lo que pudiera ser robado fue robado. Esto fue llevado a cabo por la policía nacional.

Por lo tanto, la fase de represión no se ha detenido, y no tiene sentido que el gobierno ponga fin a la violencia estructural y al terrorismo de Estado. Dentro de la crisis, varios grupos de resistencia continúan formándose. Han tratado de enfrentar la injusticia, generar un programa de transición y llenar el vacío de liderazgo que tenemos los nicaragüenses. Estos grupos han tenido que exiliarse y están trabajando principalmente en Costa Rica.

No hay alternativa clara o final en este momento. Lo que estamos experimentando ahora es una crisis sin precedentes, peor incluso que los días de Somoza.

¿PUEDE usted hablar sobre las causas y razones detrás de la degeneración del régimen de Ortega?

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue la alternativa revolucionaria a la dictadura de Somoza. Fue la alternativa que la sociedad nicaragüense fundó en la década de 1970 para enfrentar y terminar los 46 años de dictadura de Somoza.

Entonces podemos decir que este gobierno fue el triunfo de la revolución, pero nunca fue realmente democrático en un sentido amplio, y ha sido un gobierno que mantuvo alianzas con la burguesía. El FSLN no terminó su proyecto.

Lo que sucedió es que este gobierno de transición, el símbolo de la democracia y la libertad, comenzó a confiscar bienes de la burguesía que funcionó durante los años de Somoza y los puso en nombre del partido y de los funcionarios más importantes del partido. Es por esto que los llamamos la “piñata”.

Después de la pérdida de las elecciones de 1990, cuando ganó Violeta Chamorro, Daniel Ortega, la figura principal y líder del Frente Sandinista, inició una serie de acciones que contradecían totalmente el plan revolucionario que habíamos comprendido hasta ese momento.

Hizo un pacto con la derecha, con el presidente más corrupto que ha tenido Nicaragua. Dividieron la cuota de poder judicial y electoral entre ellos, incluida la Asamblea Nacional. Cambiaron la ley electoral para que el FSLN pudiera ganar una elección con menos votos.

Luego, en 1998, Ortega fue acusada de abuso sexual por su hijastra, Zoila América. Él había estado abusando sexualmente de ella desde que tenía 11 años. Su madre, Rosario Murillo, le dio la espalda y lo mismo hizo la izquierda. América Latina no quiso prestar atención a la acusación ni perseguir ningún proceso legal contra Ortega.

En 2006, como parte de la campaña para devolver el poder al FSLN, Daniel Ortega hizo un pacto con las iglesias católica y evangélica. Este pacto penalizaría la ley que apoyaba los abortos terapéuticos, una ley que estuvo vigente en Nicaragua durante más de 100 años. Desde entonces, más de 25,000 niñas en la última década, niñas menores de 14 años, se han visto obligadas a dar a luz a bebés, en su mayoría productos de abuso sexual.

Ortega inició una infame campaña contra el movimiento feminista. Esto también eliminó la posibilidad de que las mujeres que sufrieron violencia u otras formas de opresión por parte de los hombres pudieran encontrar justicia o los medios para eliminar la violencia.

En 2007, el FSLN volvió al poder con la presidencia de Ortega. En este momento, hicieron un pacto con el gran capital y con las empresas privadas más grandes de Nicaragua. Establecieron un gobierno de consenso y son responsables de destruir la cultura política, mientras que el gran capital pudo explotar los recursos y la fuerza laboral.

Además, concentraron la riqueza económica en manos de un pequeño número de individuos y grupos. En la última década, Ortega se ha convertido en el hombre más rico de Nicaragua. Es multimillonario, y esto, por supuesto, contradice su visión de sí mismo como un revolucionario y la propaganda completamente falsa de que se trata de un gobierno socialista, un gobierno de solidaridad o, como dicen, un gobierno cristiano.

Es la deformación de los ideales del sandinismo lo que ha dado lugar a la resistencia social que estamos experimentando. La gente está protestando porque ya no tienen fe en el programa y ven que Ortega es el único que tiene voz a nivel nacional.

Ha sido presidente cuatro veces y ahora está tratando de que su esposa sea elegida y de que algunos de sus hijos ocupen cargos gubernamentales. Es un sistema de nepotismo completo. El jefe de la policía es el cuñado de Daniel Ortega. Uno de los contratistas para infraestructura estatal es su primo. Los dueños de los medios de comunicación son sus nueve hijos, que también tienen mucha discreción financiera.

Más de $ 500 millones han llegado al país desde Venezuela en los últimos ocho años que no han pasado por la administración del estado. En cambio, estas transacciones ocurrieron a través de una compañía privada que es propiedad de la familia Ortega.

Todo esto para decir que la idea de que Daniel Ortega y el FSLN son de alguna manera un proyecto socialista o revolucionario no reconoce la realidad en la que estamos viviendo. Este es un gobierno machista neoliberal, capitalista, explotador, misógino y machista. La gente necesita entender que esto es una dictadura.

¿QUÉ PUEDEN HACER las personas en los Estados Unidos para apoyar a los activistas en Nicaragua?

PRIMERO, las personas necesitan compartir tanta información como sea posible. Me imagino que no hay mucha gente en los Estados Unidos que sepa o entienda lo que está sucediendo en Nicaragua. Tal vez ahora un poco más con las sanciones que persigue el gobierno de los Estados Unidos y la aprobación de la Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua, que sanciona a funcionarios específicos de Nicaragua.

Pero en general, lo primero es compartir la mayor cantidad de información posible y generar espacio para debatir la cuestión de Nicaragua en todos los lugares que pueda.

Segundo, es importante conectarse con organizaciones, movimientos sociales, grupos feministas, grupos de estudiantes, etc., para formar coaliciones para apoyar la resistencia en Nicaragua. El movimiento feminista, los grupos que luchan por los derechos humanos, el movimiento de campesinos y el movimiento estudiantil han comenzado a tomar forma en mi país. Necesitamos apoyo y ayuda.

Tercero, necesitamos urgentemente ayuda para generar fondos. Necesitamos redes de solidaridad que brinden apoyo financiero alternativo a las familias de los presos políticos. En Nicaragua, las familias esencialmente deben pagar alojamiento y comida para sus seres queridos en la cárcel. La mayoría de estas familias son pobres, no tienen empleo y viven en condiciones totalmente precarias, sin medios para mantener a un familiar encarcelado.

Lo que la gente en otros países ha hecho es vender comida, calcomanías y camisetas, o recolectar dinero de otras maneras para enviar a los grupos que realmente ofrecen apoyo a las familias que necesitan ayuda para cuidar a sus seres queridos encarcelados.

En Nicaragua, los que piensan diferente del gobierno están siendo asesinados. Esto es fundamental. Hay más de 800 estudiantes que han sido expulsados ​​de la escuela por protestar. Algunos de los estudiantes tienen 14 y 15 años, sin esperanza de futuro. Muchos están escondidos. Se necesita una campaña en otros países para presionar a las estructuras locales y nacionales para permitir que los estudiantes nicaragüenses estudien en sus escuelas.

Básicamente, necesitamos más que el intercambio de información. También necesitamos solidaridad organizada. Esto significa generar redes de acción internacional para Nicaragua que reconozcan que es una dictadura.


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