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Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro busca consolidar su poder, su país se sume en un hoyo de miseria. La hiperinflación ha agravado la escasez de alimentos y medicinas. Las epidemias de enfermedades prevenibles y la crisis de desnutrición infantil son cada vez más mortales, mientras que el crimen violento se ha disparado. Se estima que cuatro millones de venezolanos han emigrado y que decenas de miles cruzan la frontera con Colombia cada mes en busca de un nuevo hogar. Los vecinos de Venezuela, que una vez optaron por mantenerse al margen de sus tensiones internas, hoy enfrentan una catástrofe en sus fronteras. Los gobiernos de América Latina, la ONU, la Unión Europea y los EE.UU. deben redoblar sus esfuerzos para manejar la crisis humanitaria, incluso garantizando que los países vecinos tengan los recursos para hacerle frente. También deberían presionar, idealmente junto con China, para que se reanuden las conversaciones entre el gobierno y la oposición con el objetivo de llevar a cabo reformas que permitan una política más representativa y la recuperación económica; amenazar con nuevas sanciones podría ayudar a empujar al gobierno hacia concesiones.
La turbulencia del 2017 ha magnificado el sufrimiento que padece Venezuela y la dificultad de encontrar soluciones. Mientras que el gobierno sí logró extinguir los disturbios civiles después de varios meses, despojar de su poder a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y establecer una nueva Asamblea Nacional Constituyente con autoridad sobre todas las instituciones venezolanas, poco ha hecho por aliviar los problemas económicos del país. Sin embargo, afirma que está protegiendo al pueblo venezolano contra las potencias extranjeras y sus aliados internos, y denuncia que los reportes acerca de la muy real crisis humanitaria son mentiras destinadas a provocar una “intervención imperialista”, bloqueando bajo esta lógica los esfuerzos por proporcionar alimentos y asistencia médica.
El progresivo autoritarismo de los últimos años del régimen del presidente Hugo Chávez y los primeros años del régimen Maduro hizo metástasis hacia un abierto abuso partidista de las instituciones estatales y judiciales. Cualquier información que desafíe una versión oficial es desechada: el Estado no publica cifras económicas ni estadísticas de salud pública confiables. El incumplimiento a gran escala de la deuda externa parece ser solo una cuestión de tiempo. La escasez y el hambre han llevado a más saqueos, aunque sigan siendo esporádicos.
El deterioro del sector público ha dejado una marca profunda en las regiones periféricas. En su afán por obtener divisas fuertes, el gobierno ha destinado más de 100.000 kilómetros cuadrados para minería, donde la falta de regulación fomenta la colusión entre los militares, las bandas criminales y las guerrillas colombianas. Los migrantes que se dirigen a Colombia tienen que eludir a las fuerzas de seguridad estatal y a grupos armados en las zonas fronterizas. Después de cruzar, los más pobres quedan relegados a ganarse la vida como puedan en una región con una de las tasas de desempleo más altas de Colombia. La malaria volvió a ser común y está cruzando fronteras. Enfermedades que habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria, también han regresado.
Hubo un modesto optimismo alrededor de las conversaciones entre el gobierno y la oposición durante diciembre de 2017 y enero de 2018. Las potencias latinoamericanas, preocupadas por la gravedad de la crisis, su extensión hacia países vecinos y la subversión del estado de derecho por Maduro con la creación de la Asamblea Constituyente, se involucraron de lleno en el esfuerzo. Las conversaciones arrojaron algunos indicios de consenso, notablemente en el compromiso del gobierno, en principio, de reformar la autoridad electoral y permitir la presencia de observadores electorales internacionales en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el llamado unilateral a elecciones anticipadas por parte del gobierno –antes de llegar a un acuerdo sobre una fecha o condiciones– en efecto frustró las conversaciones, que terminaron agriamente y con textos antagónicos de un supuesto acuerdo en circulación. El Grupo de Lima, un cuerpo de trece gobiernos latinoamericanos y caribeños, más Canadá, establecido para encontrar una solución a la crisis venezolana, rechazó el llamado unilateral de Maduro a elecciones.
A pesar de su lamentable gestión económica, el gobierno ocupa una posición fuerte. La oposición venezolana está dividida y sin rumbo. Un segmento considerable del electorado votará por Maduro, ya sea por lealtad, o porque depende del gobierno para recibir raciones de alimentos esenciales y otros bienes subsidiados. La autoridad electoral permanece bajo el control del ejecutivo, y ha demostrado su disposición a doblegar las reglas a favor del partido gobernante e incluso, en una ocasión, a cometer un supuesto fraude redondo.
La oposición de línea más dura anhela un embargo petrolero de los EE.UU. o una intervención extranjera como un atajo hacia la transición, pero los riesgos que conllevan estas acciones en un país ya sitiado por la violencia y el hambre son inaceptables. En cambio, los gobiernos latinoamericanos, junto con potencias occidentales e internacionales, deberían aprovechar el fuerte consenso internacional y regional que existe sobre la difícil situación de Venezuela para intensificar sus esfuerzos por resolverla.
La primera prioridad es aliviar el sufrimiento humano. El gobierno de Maduro debería aceptar la creación de un grupo tripartito, de acuerdo con una propuesta hecha por grupos humanitarios, compuesto por representantes del Estado venezolano, la sociedad civil y organismos especializados de la ONU, que coordinaría la provisión de asistencia humanitaria. Dicho cuerpo debería abordar los temores del gobierno de que permitir que agencias de ayuda entreguen alimentos daría paso a la injerencia externa. La ONU debería trabajar con los vecinos de Venezuela para ayudarlos a brindarles asistencia a los venezolanos que salen de su país.
La segunda es reactivar las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Idealmente, el gobierno pospondría las próximas elecciones presidenciales, pero incluso si los comicios siguen adelante, la prioridad posterior debería ser un retorno rápido hacia unas negociaciones sustantivas. Los EE.UU., Canadá y la UE han sancionado al gobierno, y varios líderes regionales están considerando hacer lo mismo. Tales sanciones raramente resultan efectivas en sí mismas. Pero en el caso de Venezuela, la amenaza de nuevas sanciones, especialmente las impuestas por gobiernos latinoamericanos, podría mejorar las perspectivas de la negociación, siempre que esa amenaza esté acompañada de una revitalizada diplomacia y vinculada a concesiones realistas exigidas al gobierno de Maduro.
Las conversaciones deberían centrarse no solo en reformas electorales específicas, sino en medidas de transición más amplias, incluida la representación de la oposición en instituciones estatales claves, reforma económica y garantías para los altos funcionarios del régimen si eventualmente perdieran el poder. Aunque las rondas pasadas fracasaron, las negociaciones entre el régimen y la oposición, facilitadas por líderes regionales u otros, respaldadas por una presión internacional concertada, y que apunten a establecer un orden político más inclusivo y a restablecer los controles y equilibrios, siguen siendo la única salida de la crisis.
La crisis venezolana está afectando seriamente a la región, y en particular a sus vecinos más cercanos. El efecto más visible es una crisis migratoria sin precedentes en el hemisferio occidental desde el final de la Guerra Fría, impulsada por condiciones cada vez más intolerables, como la hiperinflación, la desnutrición, las enfermedades y el crimen violento desenfrenado. Se podría detener, al menos parcialmente, si el gobierno indicara que está dispuesto a permitir que los venezolanos voten libremente sobre si apoyan o no el mandato del presidente Maduro. Pero el presidente ha desestimado los llamados de la oposición y de la comunidad internacional de promulgar las medidas necesarias para permitir tal votación. Él precipitó el colapso de las negociaciones facilitadas internacionalmente al adelantar las elecciones presidenciales de diciembre, que ahora se celebrarán en mayo, sin ofrecer garantías mínimamente aceptables de que serían creíbles.
Las elecciones de mayo no producirán un gobierno legítimo. Pueden producir un cisma dentro del régimen con consecuencias que son difíciles de predecir . Pero una elección libre –cuyas perspectivas parecen remotas en todo caso– tampoco sería una panacea. Tal votación debería ocurrir en el marco de una transición negociada que proporcione un camino de vuelta claro hacia un sistema político más representativa y el bienestar económico y social, mientras que ofrece garantías a aquellos actualmente en el gobierno que los alentaría a entregar el poder en caso de ser derrotados en las urnas. Eso significa que las negociaciones, actualmente abandonadas, deben reanudarse, pero deben enfocarse no solo en las reformas electorales, sino también en pasos más amplios para abordar las crisis políticas, económicas y humanitarias. Si van a funcionar, idealmente deben ir precedidas de medidas de fomento de la confianza, ser facilitadas internacionalmente y con una agenda, un calendario y unas reglas claramente establecidas.
Para traer de vuelta al gobierno a la mesa y convencer a los líderes de la oposición de que vale la pena regresar para nuevas conversaciones, las sanciones son una de las pocas herramientas disponibles. Tales medidas rara vez son efectivas en sí mismas. Pero el fuerte consenso regional e internacional que existe sobre la gravedad de la crisis significa que la amenaza de sanciones, combinada con una diplomacia revitalizada, es probablemente la mejor opción para obtener concesiones del gobierno de Maduro. Cualquier sanción debe ser utilizada con moderación y cuidadosamente dirigida para evitar daños adicionales a una población que sufre. Ampliar o extender las sanciones sin vincularlas a una estrategia política realista encaminada a resolver o mitigar la crisis sería contraproducente.
Canadá, la UE y los EE.UU. ya han sancionado a figuras del gobierno, imponiendo una mezcla de congelación de activos y prohibiciones de viaje a altos funcionarios venezolanos, restricciones de ventas de armas y de inversiones en empresas estatales. Los países latinoamericanos del Grupo Lima podrían considerar amenazar con seguir su ejemplo. Perú ya tomó la iniciativa de excluir a Maduro de la Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima el mes entrante, un paso importante para señalar el oprobio regional. La amenaza de sanciones, incluso modestas, por parte de los vecinos latinoamericanos no tendría precedentes en la región y por ende le enviaría una poderosa señal a Caracas.
Las amenazas de imponer sanciones deberían ir acompañadas de demandas claras sobre las medidas que el gobierno debería tomar para evitar tales medidas. Éstas comenzarían por su regreso a las conversaciones con la oposición, pero podrían incluir pasos adicionales como restablecer el equilibrio político en las instituciones claves, lo que significaría la representación de la oposición en órganos que incluyen al tribunal supremo y la autoridad electoral; la liberación de presos políticos y el levantamiento de las prohibiciones a los partidos de la oposición; así como reformas que ayudarían a enfrentar la crisis económica.
El Grupo de Lima también debería acercarse a los aliados restantes de Venezuela, en particular a Pekín, en un intento por ganar su respaldo a un esfuerzo de amplia base para resolver la crisis venezolana. Aunque históricamente China ha sido reacia a ejercer su influencia de esa manera, sus intereses, así como los de los venezolanos y la región circundante, se verían mejor servidos si ayudara a persuadir al gobierno de Maduro a negociar seriamente con la oposición. Sus importantes intereses financieros y de inversión en Venezuela le otorgan una influencia considerable. Washington, que ha sido públicamente despectivo con la idea de que China juegue cualquier rol, debería adoptar una actitud más flexible. Sin Pekín, la crisis será más difícil de resolver.
Lo más urgente es encontrar una solución a la creciente emergencia humanitaria, pero esta no debe depender de un acuerdo político, ni se deben confundir los temas entre sí. El gobierno dice temer que la asistencia humanitaria se utilice como pretexto para una intervención militar extranjera. Estos temores parecen ser avivados por algunos en la oposición que abiertamente piden una invasión o una “intervención humanitaria”. Es totalmente factible que el gobierno trabaje con ONG locales y extranjeras y organismos especializados de las Naciones Unidas para canalizar ayuda médica y alimentaria a los necesitados sin proporcionar cobertura para otras intenciones. No hacerlo es condenar a cientos de miles de personas a un sufrimiento innecesario. A cambio, la ONU, los gobiernos regionales y los grupos humanitarios deberían dejar en claro que la ayuda no trae ningún tipo de compromiso político ni objetivos más allá de aliviar el sufrimiento humano.
La tragedia en Venezuela es enteramente una creación humana, el resultado de decisiones políticas y económicas desacertadas y la determinación de líderes individuales de aferrarse al poder. Venezuela tiene los recursos, naturales y humanos, para recuperarse, pero no podrá hacerlo sola. Si alguna vez este fue un problema puramente de los venezolanos, ese momento ya pasó. Los gobiernos regionales y la comunidad internacional deben sacar a relucir lo mejor de su habilidad diplomática, sus recursos materiales y su capacidad institucional para ayudar a resolverlo. Mientras más tiempo persista la crisis, peor se pondrá.
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