Economía

COALIANZA: NEOLIBERALISMO AL MÁXIMO

el

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) es la máxima expresión del proyecto neoliberal que dio inicio en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas, que tomó forma en el gobierno de Ricardo Maduro y que ha encontrado su mayor fortaleza en el presente gobierno.

El proyecto neoliberal que impulsa en actual Presidente de la República obedece a una estrategia sistemática y sistémica impulsada por la clase política conservadora y los gobiernos de los Estados Unidos desde la aparición en el mundo de las teorías del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX teorizado por Milton Friedman, e inspirado en algunos postulados de John Maynard Keynes, cuyo centro de operaciones experimentales en Latinoamérica fue Chile.

El Gobierno de Juan Orlando Hernández, como lo hicieron sus antecesores gobiernos nacionalistas, ha fundamentado su administración en tres principios económicos propios del neoliberalismo: la reducción del déficit fiscal, la reducción del gasto público, y el fortalecimiento de las alianzas del Estado con el sector público, es decir, en la creación de Estado Mínimo, donde el Estado cede sus responsabilidades históricas y constitucionales al sector privado, y por tiende a privatizar los servicios públicos.

Centro Cívico Gubernamental,  adjudicado por Coalianza.

Centro Cívico Gubernamental, adjudicado por Coalianza.

En su libro El neoliberalismo en Honduras, el ensayista Alcides Hernández ha manifestado que el regreso del país a la vida democrática —lo que resulta paradójico tomando en cuenta que hasta el gobierno de Roberto Suazo Córdova el concepto Democracia era casi inaplicable para Honduras— no se debió en ningún aspecto a la experiencia positiva o la madurez política de los ciudadanos y la clase gobernante, sino a las influencias ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos que presionaba a la nación hondureña para que realizara una “limpieza en el sistema público” nacional, en pro de su mejoramiento económico.

A comienzos de la década de 1980, el gobierno republicano de Ronald Reagan, a través de sus embajadores en el país —primero Sánchez y después Negroponte—, y  por medio de un documento directriz titulado Reaganomic to Honduras (políticas económicas del gobierno de Reagan para Honduras) conminó al Gobierno de la República a integrarse a las políticas económicas de la región latinoamericana y del Caribe (Neoliberalismo), so pena de quedar fuera —al no hacerlo— de las múltiples “prebendas y beneficios” económicos que el modelo económico regional ofrecía a los Estados afiliados. Entre otras cosas, para la aplicación de dicho modelo era necesario un gobierno civil.

Esto explica claramente que la verdadera razón del regreso a la vida política civil de la nación hondureña en el Democracia del 82 no se debió a la madurez y la voluntad política de los actores principales, sino a las disposiciones e injerencia de los Estados Unidos.

Aun cuando el modelo Neoliberal —política y económicamente hablando— sólo se implantó definitivamente en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), el mismo había venido formándose y creando condiciones precisamente desde las gestiones de los gobiernos militares de Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García respectivamente. Por esta razón, estos gobiernos militares, particularmente el último, han comenzado a estudiarse como gobiernos de la transición de una vida pública militar a una vida pública de corte civil.

Coalianza impulsa proyectos carreteros y de infraestructura en el país.

Coalianza impulsa proyectos carreteros y de infraestructura en el país.

Cuando El Pulso entrevistó el economista Johny Anderson Ponce, sobre ¿Por qué el Estado hace alianzas con el sector privado?, el experto reveló:

—.«El estado provee los recursos para proyectos con propósitos especiales muy comunes en los procesos privatizadores en el modelo neoliberal y lo hace con el propósito de volver “eficientes” los servicios públicos que se brindan, normalmente se enfocan en infraestructuras y operaciones».

—. ¿A quién benefician las alianzas público-privadas?

—.«Ante los riesgos mínimos que se atribuye el sector privado, es evidente que quienes se benefician más son ellos (el sector privado)».

—. ¿Cuál son las ganancias o pérdidas del Estado con estas alianzas?

—.«El Estado como tal pasa a funcionar como ceo-estado (corporación-estado), entonces el estado se vuelve difuso y ahí está la gran pérdida, deja de funcionar como tal».

Las alianzas público-privadas son «una herramienta de colaboración entre el sector público y el sector privado” con el fin de llevar a cabo proyectos, programas o prestar servicios que tradicionalmente han sido proyectados y suministrados por las administraciones públicas», tales como los relativos a los servicios sociales, abastecimiento de servicios públicos e infraestructuras, entre otros.

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS.

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), que según su propio portal es «la agencia responsable de la gestión del nuevo modelo de inversión participativa en Honduras, como una estrategia de desarrollo sostenible que es impulsada para elevar la competitividad del país y la calidad de vida de las familias». COALIANZA funciona como un Ente Desconcentrado de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de gestionar los proyectos y procesos de participación público-privada para la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos.

La institución fue creada mediante Decreto Legislativo No. 143-2010, con la aprobación de La Ley para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas. Dicha Ley salió publicada en el N° 32, 317 del Diario Oficial La Gaceta, y considerando que «ante la crisis económica mundial que afecta notablemente a Honduras, es necesario que las autoridades del país toman las medidas que consideren oportunas para crear inversión y crear fuentes de trabajo». La ley estipulaba una asignación de riesgos, la creación de una comisión para la promoción de la alianza público-privada, entidades reguladores, entidades sectoriales, una función social, una iniciativa privada, la alianza público-privada, y un sistema nacional de inversiones públicas.

La Ley fue instrumentalizada y establecida en el primer año de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y fue promovida desde el Congreso Nacional que entonces dirigía el actual Presidente Juan Orlando Hernández, en un intento del gobierno por reestablecer las actividades económicas, la creación de empleos y reacomodar la deprimida economía que habían dejado las sanciones económicas a las que Honduras fue sometida en el mundo entero después de la crisis que terminó en el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.

cortes-1024x768

Entre otras cuestiones: «La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como finalidad gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población[1]».

El gobierno de Lobo Sosa debió enfrentar los grandes desafíos que suponían los múltiples problemas sociales, políticos, culturales y económicos que la crisis de los gobiernos de Zelaya y Micheletti había propiciado. El mayor de todos fue el problema económico, que en 2010 reveló en las actividades económicas de la sociedad, el enorme impacto negativo que la crisis había legado.

«En 2009 la economía hondureña se contrajo en un 2.1% debido a los efectos adversos de la crisis económica internacional y la crisis política interna… la producción manufacturera se redujo y se observó una desaceleración en los sectores del agro de la construcción. El déficit fiscal se incrementó de 2.5% en 2008 a 6.2 PIB en 2009 [2]…».

En febrero del 2014 tomaron promesa de ley los tres comisionados de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), Miguel Ángel Gámez, Antonio Pineda y Erasmo Padilla, quienes estarán en su cargo por siete años a contar de la fecha. Miguel Ángel Gámez fue nombrado Magistrado Presidente.

El 4 de febrero del 1015, al asumir la Presidencia de la institución por un año, el magistrado Erasmo Padilla declaró que «COALIANZA ha traído al país más de 1,200 millones de dólares que permitirán la construcción de la infraestructura económica que el país necesita con más de 20 proyectos prioritarios».

COALIANZA es responsable de la dirección de proyectos de infraestructura urbana (Carreteras, puentes, etc.), Aeroportuarios (Palmerola), energía (Empresa Energía Honduras), entre otras importantes proyectos de servicios que hasta ahora han sido de carácter público, pero que el presente gobierno ya han dado un significativo paso a la semiprivatización al convertirse en proyectos público-privados. Sólo en el 2015, COALIANZA tuvo un presupuesto de 1,250 millones de dólares que serían distribuidos y administrados en ocho proyectos diferentes: la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, la construcción de la carretera de occidente (Chamelecón, Cortés—La Entrada, Copán), la construcción de la carretera del sur (Tegucigalpa—Jícaro Galán), el tramo San Juan, Gracias y Celaque, en el departamento de Lempira; así como la unión de los márgenes derecho e izquierdo del río Aguán, en Colón.

d684a5f1d6d18e9647b504aaaaf15048_xl

Todos esos proyectos tendrán un tiempo de concesión entre 20 y 30 años, y la mayoría de las empresas interesadas en su construcción han sido empresas extranjeras. Además, a partir del 2015, todos los proyectos ejecutados por COALIANZA deben ser aprobados por la Secretaría de Finanzas.

El resultado ha sido claro. A sólo unos años de la aparición de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, la población hondureña, al contrario de obtener beneficios, ha visto cómo los costos de la vida, el aumento de cargas tributarias y las prácticas de corrupción siguen floreciendo en la escena política de la vida nacional. Pero aún, ha visto cómo las históricas empresas del Estado (del pueblo) pasan paulatinamente de públicas a “semiprivadas”, como el caso oportuno de la ENEE, ahora EEH.

El gobierno nacionalista del presente, que ha incrementado los impuestos como nunca antes, que ha realizado masivos despidos de la burocracia, y que ha formalizado la alianza del Estado hondureño con el capital privado, tiene su máxima expresión neoliberal en COALIANZA, que, una vez reelecto el presente gobierno (suponiendo que así sea), seguramente continuará con la entrega de las empresas y servicios públicos al sector privado.

Citas al pie. 

[1] Diario Oficial La Gaceta, n° 32,317, del 16/09/2010.

[2] Diario El Heraldo, edición del 20/07/2011.

Acerca Albany Flores

Escritor, historiador y editor, Honduras, Centroamérica.

Recommended for you