El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ayer lunes ante el Ministerio Público, una línea de investigación de un caso de corrupción proyectos de pavimentación de calles en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, para lo que se contrató una empresa que pertenecía a un grupo ligado con el crimen organizado.
«Solo el 5 de octubre de 2010 Soptravi adjudicó ocho contratos fraccionados para proyectos viales de pavimentación en Tocoa, Colón, norte de Honduras, por un monto de 13.4 millones de lempiras,» denunció La directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Según la denuncia, el presunto delito de corrupción se dio en la suscripción y ejecución de 24 contratos fraccionados durante el período 2010-2014, durante el gobierno que presidió Porfirio Lobo, en la Dirección de Carreteras de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
“Se pudo constatar que algunos de los socios de la empresa contratada pertenecían a un grupo de criminalidad organizada y que actualmente se encuentran en un proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero (Estados Unidos)”, indicó Castellanos.
Añadió que se ha podido verificar que de los 24 contratos suscritos, 17 fueron pagados por un monto que asciende a 104,1 millones de lempiras (4,3 millones de dólares).
Además, se confirmó que los proyectos debían ejecutarse en la misma zona del casco urbano de la ciudad de Tocoa, lo que evidenció “una clara práctica de fraccionamiento de contratos”, añade la denuncia.
Señala además que “el CNA verificó cada uno de los proyectos, logrando constatar la inexistencia de la obra y comprobándose de manera irrefutable el fraude en contra del Estado”.
Al supuesto acto de corrupción se sumaron dos empresas que “desempeñaron un papel necesario prestando su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados”, pero “a pesar de todo, sí fueron efectivamente pagados con fondos públicos”, indicó la directora del CNA.
Según la denuncia, al menos cuatro funcionarios de la otrora SOPTRAVI se prestaron para el presunto nuevo caso de corrupción que ha denunciado el CNA.
La denuncia que hoy presenta el CNA había sido presentada anteriormente por el Ministerio Público, que señaló en marzo de 2017 la existencia de 22 contratos requisados en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), el Fondo Vial y Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El Portavoz del MP Yuri Mora dijo en esa ocasión que las investigaciones se llevarían a cabo a raíz del testimonio que rindió en una corte de Nueva York el exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.
En dos audiencias el 6 y 16 de marzo, Rivera Maradiaga acusó a figuras públicas, incluyendo al expresidente Lobo (2010-2014), de dar apoyo logístico al cartel para transportar toneladas de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos.
Rivera presentó su testimonio en un juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, en el cual también mencionó que instituciones estatales firmaron contratos con la empresa Indimar, propiedad del cartel, a cambio de sobornos para «lavar» fondos producto del narcotráfico.
En el caso de los contratos suscritos por la ENEE con Indimar se trata principalmente de la construcción de carreteras y viviendas en la zona de El Patuca, en el departamento oriental de Olancho, donde se levanta una represa hidroeléctrica.
