Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención al profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, publicó hoy el informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”.
El informe aborda la situación de los derechos humanos en Venezuela, analizando el impacto que ha tenido en ellos el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país.
Desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017.
La crisis que atravesó Venezuela durante este año se debe a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las graves injerencias de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo.
En efecto, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas en abierta contradicción con el orden constitucional. Dichas decisiones representan injerencias en la Asamblea Nacional y afectan el principio de separación de poderes. Asimismo, los altos niveles de corrupción en Venezuela debilitan aún más la institucionalidad estatal.
El informe de la CIDH revela las severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela a través de censura y de medios de comunicación, ataques a periodistas, criminalización de opiniones disidentes o a quienes difunden información contraria a funcionarios de gobierno y la sanción a quienes difunden mensajes considerados de odio en internet. Asimismo, registra el uso excesivo de armas de fuego y bombas lacrimógenas contra manifestantes, así como por la participación de miembros de las fuerzas armadas en el control de manifestaciones.
El informe registra el aumento de la violencia y la criminalidad en los últimos años. Esto afecta la vida diaria de toda la población e impacta principalmente a personas y grupos históricamente discriminados y en situación de especial vulnerabilidad. Preocupa a la CIDH que la respuesta estatal ante este fenómeno ha estado marcada por la militarización de la seguridad ciudadana y el involucramiento de civiles en tareas de seguridad.
A la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, se le suma una crisis socioeconómica caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos. También se registran serias afectaciones al derecho a la educación y a la vivienda. Los índices de pobreza y pobreza extrema en Venezuela son alarmantes.
La crisis que vive Venezuela está ampliamente documentada en este informe, el cual contiene 76 recomendaciones dirigidas al Estado conducentes a poner fin a la profunda crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país.
La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, afirma el documento de la CIDH. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos.
Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Lea aquí el informe.
