/CIDH ACEPTA DENUNCIA DE MAGISTRADOS DESTITUIDOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CIDH ACEPTA DENUNCIA DE MAGISTRADOS DESTITUIDOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Tegucigalpa, Honduras (AJD). La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia de cuatro magistrados destituidos el 12 de diciembre de 2012, por el Poder Legislativo, al desafiar y sentenciar de una manera adversa a la esperada por el Poder Ejecutivo de Honduras.

El Informe de Admisibilidad número 83/18, Petición 455-13 a favor de José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma confirma la aceptación de la denuncia.

Este caso es conocido como José Antonio Gutiérrez Navas y otro versus el Estado de Honduras y la denuncia es acompañada por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

“Los  peticionarios  manifiestan  que  José  Antonio  Gutiérrez  Navas,  Rosalinda  Cruz  Sequeira, José  Francisco  Ruiz  Gaekel  y  Gustavo  Enrique  Bustillo  Palma,  (en  adelante  “las  presuntas  víctimas”)  fueron arbitraria e ilegalmente destituidos de sus cargos como Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un acto de retaliación política por parte del Congreso Nacional de Honduras”, cita la denuncia.

En su relato ante la CIDH, los ex magistrados describieron que el  Congreso  Nacional  aprobó  la  Ley  Especial  de  Depuración  Policial por  medio del  Decreto  N°  89-2012,  que  entró  en  vigencia  el  25 de  mayo  de  2012.

“Refieren  que  contra  esta  ley,  varios  ciudadanos   presentaron   una   acción   de   inconstitucionalidad ante   la   Sala   de   lo   Constitucional,   pues consideraban que violaba preceptos de la Constitución de la República. Señalan que después de cumplirse el trámite  legal,  el  27 de  noviembre  de  2012 la  Sala  de  lo  Constitucional  votó el  asunto  sin  que  el  proyecto de sentencia obtuviese la unanimidad de votos necesaria para su aprobación. Detallan que las cuatro presuntas víctimas  votaron  por  la inconstitucionalidad  de  la  citada ley,  y  sólo  un  magistrado  votó  a  favor  de  su constitucionalidad. Por  ello,  conforme  al  procedimiento,  se  remitió  la  acción  para  decisión  del  Pleno  de  la Corte Suprema de Justicia”.

El magistrado que votó a favor de la depuración es el que posteriormente se convirtió en fiscal  general de Honduras,Óscar Chinchilla, reelecto en el cargo pese a los cuestionamientos al procedimiento utilizado para su releeción.

AJD

“Aducen  que, en  represalia  por  los  hechos  descritos  anteriormente,  el  10 de  diciembre  de 2012 el Congreso Nacional nombró una Comisión, integrada por diputados oficialistas para que investigara la conducta administrativa del  Poder  Judicial.  Así,  la  noche  del  11 de  diciembre  de 2012 dicha  Comisión  rindió su informe ante el Congreso Nacional, estableciendo que se habían cometido irregularidades administrativas en  el  proceso  de  la  acción  de inconstitucionalidad  presentada  contra  la  Ley  Especial  de  Depuración  Policial. Indican que informe señalaba que la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional sobre la citada ley, no  era  congruente  con  la  política  de  seguridad implementada  por  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo,  y  que implicaba  un  grave  perjuicio  para  el  Estado.  Destacan  que  en esa sesión  congresal  se  desarrolló  con  el  edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas. refieren que a las cuatro de la mañana del 12 de diciembre de  2012 los  congresistas  votaron  por  la  destitución  de  cuatro de  los  cinco magistrados  de  la  Sala  de  lo Constitucional quienes votaron por la inconstitucionalidad de la Ley Especial de Depuración Policial) y eligía cuatro magistrados sustitutos”.

Según la denuncia, aceptada por la CIDH, las presuntas víctimas argumentan  que  “no  tuvieron posibilidad  alguna  de  defensa  y  que  la destitución  fue  ilegal pues  el  Congreso  Nacional  o  tenía  facultades  para  ello,  ni  existía  un  procedimiento legal para el juzgamiento de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, aducen que  las pretendidas  irregularidades administrativas  no  figuraban  como causa  legal  de  destitución  de los magistrados  en  ninguna  disposición  normativa  hondureña. En  ese  sentido,  destacan  que  las  funciones administrativas  no  eran  ostentadas  por  los  magistrados  depuestos,  sino  por  el  Presidente de la  Corte Suprema de Justicia, por disposición del propio Congreso Nacional mediante los Decretos 282-2010 y 5-2011 .Agregan  que  en  un acto de  acatamiento  y  sumisión,  el  Presidente de  la  Corte  Suprema  de Justicia  tomó juramento  a  los  nuevos  magistrados  durante  la  mañana  del  12 de diciembre  de  2012,  concretando de  esa manera un golpe político a la institucionalidad judicial”.

“Argumentan   que,   como   no   existía   un   procedimiento   legal   para   la   remoción   de   los magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  la  investigación  seguida por  la  Comisión  de  Diputados  y posterior  moción  proveniente  del  Congreso,  fue  un mecanismo  ilícito  y  arbitrario,  utilizado  como  una  causa legal  para  destituir  a  las  presuntas  víctimas.  Afirman  que  dicho alejamiento  se  realizó  como una  represalia por   actuaciones   pertenecientes   a   su   función   judicial,   las   cuales   desarrollaban  en   el   marco   de   sus competencias  constitucionales  y  legales. Adicionalmente, exponen  que  el  entonces Presidente  del  Congreso Nacional justificó el accionar legal el Poder Legislativo, declarando que se había detectado una conspiración de los magistrados de la Sala de lo Constitucional contra las decisiones del Congreso Nacional”.

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó -a través de sus redes sociales- sobre esta decisión de la CIDH que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisible el caso de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández. Lo irónico es que estas personas comienzan a acceder a la justicia que ellas le negaron a la ciudadanía durante el golpe de Estado. De los 81 recursos presentdos ante su Sala de lo Constitucional, únicamente resolvieron 2 a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, pero ignoraron los otros 79 recursos a favor de la ciudadanía”.

Fuente: AJD