El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó un estudio escrito por Bladimir López y Mario Sorto sobre el conflicto territorial que ha generado la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Petacón en la comunidad de Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán.
Según el reporte del estudio, desde el año 2017, los pobladores de Reitoca, municipio de Francisco Morazán, han estado protestando frente a la imposición de una represa hidroeléctrica que atenta de forma directa con la existencia del rio Petacón. Este rio, cumple con la función de ser la principal fuente de agua gratuita para consumo propio de al menos 11,000 habitantes, de los cuales 7,500 aproximadamente son de origen lenca. De igual forma, su caudal es utilizado para los animales, irrigación de cultivos y un proveedor de alimentos en el territorio.
Por si fuera poco, las comunidades que comprenden el municipio en cuestión se ubican en el llamado Corredor Seco, este corredor que comprende una zona geográfica empobrecida y especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático que incluyen largos períodos de sequía y, en algunos casos, precipitaciones extremas. Teniendo en cuenta esos factores, se puede tener una primera aproximación el porqué de la oposición de las comunidades a la presencia de la industria extractiva en Reitoca.
Otro de los argumentos legales para el rechazo al proyecto hidroeléctrico, de acuerdo con las declaraciones de los sectores sociales en oposición se debe al incumplimiento de los dos postulados básicos con respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En síntesis estos principios suponen la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan; y el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a los procesos de desarrollo en sus comunidades.
Por otra parte, la construcción de la hidroeléctrica en Reitoca también expone la forma en cómo la institucionalidad estatal está subordinada de forma sistemática a los intereses privados, ya que opera en alianza con particulares para impulsar procesos de despojo territorial con la finalidad de convertir los recursos naturales en una fuente de acumulación de capital para el beneficio de las elites políticas y económicas en Honduras.
En este sentido, el conflicto territorial en Reitoca tuvo sus orígenes con la aprobación inconsulta del proyecto hidroeléctrico mediante decreto No. 23-2015 en el Congreso Nacional de Honduras[3]. De esta forma, el contrato fue concedido a la Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. de C.V. PROGELSA, de capital nacional y extranjero, cuyo principal accionista de acuerdo con documentaciones periodísticas es el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jack Arévalo Fuentes.
Asimismo, esta situación ha provocado que, desde el año 2015, comenzaran en la comunidad las expresiones de rechazo contra la presencia de PROGELSA. No obstante, las primeras acciones de protesta en desacuerdo con la construcción del proyecto hidroeléctrico se registran a partir del año 2017, mismas que han tenido como principales repertorios de acción la toma de carreteras, plantones, asambleas públicas y de forma reciente, la instalación de un campamento en el plantel de la empresa.
Finalmente, cabe señalar que los pobladores de las comunidades afectadas se han organizado al menos en tres organizaciones: el Comité de Protección del Río Reitoca, el Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente (MPDMA) y el Consejo Indígena Lenca.
B. Impactos del proyecto hidroeléctrico en Reitoca
De acuerdo con los habitantes de Reitoca, la instalación del proyecto hidroeléctrico ha tenido fuertes impactos en las comunidades. En tal sentido, se ha manifestado que el rio se ha contaminado a partir de las actividades de PROGELSA. Este hecho se ha evidenciado por el cambio de color del rio y por la presencia de peces muertos en la zona. Pero, además, se ha afirmado que el cauce del rio se ha desviado para favorecer la construcción de la represa[4]
Teniendo en consideración el desarrollo de estos acontecimientos, se propone un análisis de la coyuntura en Reitoca, centrado en los siguientes aspectos: la dinámica de la contienda política en el territorio, los actores involucrados en el conflicto, las demandas y posicionamientos de los actores en contienda, y el balance de poder entre los sectores confrontados. Finalmente se concluye con un panorama de las implicaciones del conflicto en un corto y mediano plazo.
II. Coyuntura: Las comunidades de Reitoca enfrentadas por la instalación de un proyecto hidroeléctrico
A. Dinámica de la contienda política en Reitoca
El conflicto territorial en Reitoca reviste características de un conflicto comunitario, socioambiental y humanitario. Comunitario, porque la instalación del proyecto hidroeléctrico ha conllevado a que dos municipios vecinos (Lepaterique y Reitoca) se estén enfrentando por la continuidad y cancelación del proyecto. Por otra parte, socioambiental debido a que la instalación del proyecto hidroeléctrico está generando implicaciones ambientales que impactan negativamente en la vida de las personas del municipio de Reitoca.
A eso también se suma un conflicto que perjudica humanitariamente a las comunidades que se benefician del cauce del rio Petacón, ya que hay muchos pobladores que viven en las orillas y se benefician mediante la pesca, riego de cultivos agrícolas, siembra de pastos para la ganadería y agua para el uso familiar. En este sentido, desde la instalación del proyecto extractivo las familias han expresado que les han despojado de sus medios de vida, ya que el rio ha reducido significativamente su caudal y los peces mueren debido a la contaminación del agua.
En ese marco, durante el 2018 e inicios del 2019 el conflicto se ha profundizado y agudizado. El 14 de enero del 2018 los pobladores de Reitoca instalaron un Campamento a las orillas de la carretera que conduce al plantel de la empresa PROGELSA. De tal manera que en un comunicado hicieron público su posicionamiento:
“Nos oponemos firmemente al proyecto hidroeléctrico rio Petacón, con No. 362-2011, entendiéndose también que dicha licencia fue aprobada en un contexto ilegal e ilegitimo, ya que irrumpe los derechos de los pueblos indígenas, en especial el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), además que no contó con el permiso más importante, que es el permiso del pueblo, ya que es un proyecto lesivo para las comunidades que viven en torno a la cuenca del rio Petacón”[5].
Por consiguiente, desde un primer momento el campamento contó con el respaldo de los pobladores, lo cual permitió el ascenso progresivo de las acciones de protesta contra la instalación del proyecto hidroeléctrico en el Río Petacón. Ante el accionar de la comunidad, PROGELSA reaccionó de manera violenta, valiéndose del respaldo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) instalada en la zona. De esta manera, ejecutaron dos desalojos violentos, el primero en el año 2017 y el segundo el 25 de enero de 2018, dejando un saldo de dos personas heridas de bala.
Con el desalojo PROGELSA buscó frenar y dispersar el proceso de resistencia territorial en Reitoca, no obstante, la comunidad supo posicionarse estratégica y políticamente. En tal sentido, durante el mes de febrero, los pobladores se auto convocaron y realizaron una asamblea en la cual declararon al municipio de Reitoca libre de concesiones mineras e hidroeléctricas. Ante la presión de la comunidad, la Corporación municipal de Reitoca para marzo del 2018 y en Cabildo Abierto reafirmó la declaratoria de la comunidad y como institución definió su postura política sobre la lucha que abanderan la población contra el proyecto hidroeléctrico que afecta al Río Petacón.
En ese contexto de avance organizativo y político, PROGELSA, con mayor fuerza, recursos e influencia en la institucionalidad, comenzó desde el mes de marzo hasta la fecha, un fuerte proceso de criminalización y estigmatización contra el principal liderazgo del Consejo Indígena Lenca de Reitoca y una serie de organizaciones de derechos humanos que hacen trabajo de defensoría y protección de los derechos, entre ellas CIPRODEH y C-Libre. Entre esas acciones se pueden mencionar: la creación de perfiles falsos, campañas de difamación en redes sociales y medios de comunicación, exhibición de fotos del liderazgo territorial y representantes de organizaciones de derechos humanos, persecución política y por último, vigilancia.
Pero de igual forma, estas acciones en vez de debilitar el proceso de lucha y resistencia territorial, condujo a que las organizaciones de base y pobladores aglutinados en el Consejo Indígena Lenca, emprendieran una serie de acciones que le permitieron al Consejo posicionarse de manera favorable en la coyuntura. Durante el mes de mayo los pobladores de Reitoca realizaron un informe en el cual sistematizaron y evidenciaron los severos daños ambientales causados por la construcción del proyecto extractivo, lo cual les permitió posicionar con mayor fuerza sus demandas y legitimar su accionar contra el proyecto extractivo.
Es importante mencionar, que, a diferencia de otros conflictos territoriales en el país, los voceros del sector privado han jugado un rol más activo en el conflicto de Reitoca. Para el caso, durante el mes de mayo del 2018, la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz dijo que “hay una campaña permanente en contra de los proyectos de energía renovable de parte de las ONG ambientalistas con el fin de conseguir fondos en el exterior” y aseguró que “hay 6 proyectos detenidos y que representan unos 165 millones de dólares en inversión”.
Durante los meses de junio a septiembre se realizaron acciones de protesta orientadas a reposicionar las demandas de las comunidades. Primero, ante la Corporación municipal de Reitoca demandando el cese de las acciones de intimidación y amenazas a los pobladores. Asimismo, solicitaron que en el marco del ejercicio de su derecho legítimo a la protesta, se cumplieran los acuerdos ratificados sobre la declaratoria del municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros. Segundo, la comunidad se movilizó frente a las instalaciones del Ministerio Público de Tegucigalpa demandando ser escuchados y atendidos en la problemática que enfrentan.
Ese posicionamiento del conflicto a niveles locales y nacionales fue de preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no fue del agrado de PROGELSA. La CIDH solicitó un informe sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad que estarían experimentando los líderes y las comunidades. Por su parte, para el mes de octubre, PROGELSA acusó de usurpación a dos líderes de Reitoca, quienes actualmente cuentan con sobreseimiento provisional.
Esta nueva estrategia de criminalización por parte de PROGELSA se vio empañada, ya que, en diciembre del 2018, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó un requerimiento fiscal contra el señor ex Vice Ministro del Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad, por haber otorgado de forma irregular la licencia ambiental para la construcción de la represa sobre el río Petacón.
Hasta finales del 2018 la correlación de fuerzas era equilibrada entre los dos principales actores en disputa. PROGELSA valiéndose de su poder económico y el respaldo de las instituciones del Estado ha seguido manteniendo su presencia en la zona; mientras que el Consejo Indígena Lenca de Reitoca fue avanzando en procesos de organización, difusión de la problemática, incidencia a nivel municipal y nacional. Esta situación permitió al Consejo Indígena conquistar un mayor respaldo de las comunidades en la zona en conflicto y a nivel nacional.
Sin embargo, para el 2019 la coyuntura tomó un nuevo giro. Ese giro estuvo fuertemente determinado por dos acontecimientos: por las declaraciones vertidas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en el mes de enero y el desalojo violento del campamento en el mes de abril. El COHEP expresó “que el proyecto hidroeléctrico que se está llevando a cabo en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, está siendo atacado por los pobladores” además, de igual manera PROGELSA manifestó “requieren del apoyo, acompañamiento y resguardo de las autoridades del Estado de Honduras, para evitar futuros ataques y continuar con las labores de la hidroeléctrica”[6]
Esas declaraciones, sumadas al nuevo posicionamiento de PROGELSA de abandonar el país debido a que las autoridades no habían podido asegurar la seguridad en el sector[7], encendió las alarmas en el Gobierno, y para el mes de febrero hizo el llamado a la conformación de una mesa técnica para encontrar la solución al conflicto entre los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico Petacón y los pobladores y autoridades locales de Lepaterique y Reitoca, Francisco Morazán. Al momento de escribir este análisis se desconoce el progreso de esta iniciativa del Gobierno.
Para el mes de abril las fuerzas represivas del Estado llevaron a cabo, por tercera vez, un desalojo violento de los pobladores instalados en el Campamento, dejando como consecuencia una persona herida de bala y varias personas afectas por el excesivo lanzamiento de bombas lacrimógenas.
Dicho desalojo implicó, alentó el surgimiento de contra- movimientos por parte de pobladores de Lepaterique quienes, en mayo del 2019, solicitaron al Ministerio Público que ordenará la detención y procesamiento judicial de los habitantes de Reitoca quienes se oponen a la construcción de la obra.
Por otro lado, conllevó a un reposicionamiento estratégico y político de la resistencia territorial. En este punto es importante señalar las recientes acciones de protesta frente a las oficinas de la secretaría de Derechos Humanos en Tegucigalpa y la convocatoria para celebrar I Encuentro Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes a celebrarse a finales de mayo en el municipio de Reitoca.
Este encuentro se constituye en un espacio abierto en el cual se incluiría la participación de la sociedad civil, campesinos, Corporación municipal, iglesias, juntas de agua, patronatos y organizaciones de derechos humanos. Cabe señalar que tiene como objetivo debatir ampliamente sobre las políticas de despojo territorial y la criminalización de la lucha y como resultado, la construcción de un plan de lucha mínimo que posicione nacional e internacionalmente el actual proceso de resistencia y lucha territorial de Reitoca.
B. Actores involucrados en el conflicto de Reitoca
En el conflicto de Reitoca están presentes cuatro actores:
- El Consejo Indígena Lenca de Reitoca.
- Corporación Municipal de Reitoca.
- PROGELSA.
- Corporación Municipal de Lepaterique.
A. Consejo Indígena Lenca de Reitoca
Se constituyó alrededor del conflicto con PROGELSA y aglutina a las principales organizaciones que defienden el territorio en Reitoca y que luchan contra la vorágine del modelo extractivista. En esa aglutinación se pueden destacar tres elementos integradores: identidad, objetivos y un mismo adversario. Con respecto a la identidad: el Consejo está integrado por pobladores conscientes de los impactos que genera el proyecto extractivo y por el núcleo más fuerte de líderes y lideresas de las comunidades del Municipio; los objetivos comprenden la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza del municipio de Reitoca; y el adversario, son todos aquellos sectores y actores que promueven el modelo extractivista en el Sur de Francisco Morazán.
B. Corporación municipal de Reitoca
Ha jugado un papel neutral en el conflicto, aunque sus últimas declaraciones apuntan a que puede jugar un rol más decisivo a favor de la defensa territorial. Neutral, porque no está abiertamente a favor de la lucha ni abiertamente en contra del proyecto extractivo. Cabe mencionar que, en esa posición, la Corporación acato en cabildo abierto la decisión de las comunidades en declarar al Municipio libre de minería y proyectos hidroeléctricos. No obstante, declaraciones recientes del alcalde municipal lo acercan más al Consejo Indígena Lenca, donde ha expresado: “Están afectando grandemente a nuestras comunidades, al casco urbano y va a ser algo muy grave a futuro”[8], evidencia un posicionamiento más crítico respecto al proyecto extractivo.
C. Corporación municipal de Lepaterique
Está abiertamente a favor del proyecto extractivo. Ese posicionamiento se ha venido reflejando alrededor del discurso desarrollista, en cual se asegura que el proyecto extractivo dejará grandes beneficios económicos y sociales al Municipio. Entre ellos, se han mencionado: la pavimentación de carreteras, construcción de escuelas, generación de empleos directos e indirectos y el pago de impuestos a la municipalidad.
A través de ese discurso se ha valido la Corporación municipal para tratar de dividir a las comunidades de Lepaterique que se muestran abiertamente en contra del proyecto extractivo, lo cual ha venido a elevar la tensión entre los pobladores que están a favor y en contra del proyecto extractivo. Además, líderes de Reitoca expresan que esa estrategia de división la quieren implementar PROGELSA y la Corporación municipal de Lepaterique en las comunidades de Reitoca, con el objetivo de generar confusión en la población y fragmentar el actual proceso de lucha territorial.
D. PROGELSA
Podemos establecer que ha sido uno de los principales actores que ha generado el conflicto territorial, en vista que el proceso de consulta territorial solamente se realizó con el grupo poblacional que labora en la empresa, es el principal responsable de la contaminación del río y degradación del medio ambiente y ha jugado un rol principal en la criminalización y estigmatización hacia los líderes y organizaciones que luchan contra los proyectos extractivos, con expresiones y posicionamientos que establecen que los opositores no son de las comunidades del municipio y que tienen vínculos con las maras.
Si bien es cierto que los procesos irregulares de consulta son el común denominador sobre los cuales se imponen los proyectos extractivos en el país, es preocupante la manera recurrente en que el Gobierno y las empresas extractivas vienen elaborando y legitimando todo un discurso de que los procesos de resistencia son promovidos por pobladores que son parte de estructuras criminales y de maras (primero en el caso de Guapinol y ahora en Reitoca).
C. Demandas y posicionamiento de los actores involucrados
En la coyuntura entre enero del 2018 a mayo de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. Los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la capacidad de las instituciones públicas en gestionar el conflicto.
El Consejo Indígena Lenca de Reitoca establece las siguientes demandas: des-represamiento del rio Petacón (las aguas fluyan libremente) y la cancelación de la concesión hidroeléctrica a favor de PROGELSA.
Por su parte el posicionamiento de la Corporación municipal de Reitoca gira alrededor del siguiente punto: ante lo severos impactos ambientales, exhorta a las instituciones del Estado a jugar un rol más protagónico orientada a darle una respuesta y salida real al conflicto.
Mientras que el posicionamiento de la Corporación municipal de Lepaterique, reside en que el proyecto extractivo debe continuar ya que se cuenta con el respaldo de la comunidad y, además, el proyecto extractivo genera empleo y en la fase futura de su pleno funcionamiento dejará grandes beneficios económicos y sociales en el Municipio.
Y, por último, el posicionamiento de PROGELSA es claro, al decir que van a seguir con la construcción de la infraestructura de la represa (avanzado en un 70%), ya que cuenta con el respaldo de la Corporación y la concesión está en base a lo que establece la normativa hondureña sobre generación de energía.
En ese contexto de demandas y posicionamientos, los principales actores involucrados en el conflicto mantienen posturas políticas contundentes que dan pistas para identificar la dinámica futura del conflicto territorial en Reitoca y sus posibles desenlaces.
D. Correlación de fuerzas
En el conflicto territorial de Reitoca se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.
El bloque dominante está representado por PROGELSA y la Corporación Municipal de Lepaterique. Asimismo, este bloque opera con el apoyo permanente de la institucionalidad pública del Estado (Sistema de justicia, MiAmbiente y la Asociación Hondureña de Energía Renovable) y con el acompañamiento en el terreno de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo debilitar el trabajo organizativo y político del Consejo Indígena Lenca y a mediano y largo plazo continuar con sus trabajos de construcción y de generación de energía, sin ningún tipo de oposición comunitaria.
Para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivo, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición y actúa en complicidad con la Corporación Municipal de Lepaterique para generar confusión y división en las comunidades.
El bloque de resistencia territorial, está representado por el Consejo Indígena Lenca de Reitoca. A corto plazo, tiene como objetivo lograr que la represa deje de contener el agua para que el rio mantenga su cauce normal y, a largo plazo, lograr que las instituciones del Estado cancelen la concesión hidroeléctrica.
Con respecto al alcance de sus objetivos, el bloque de resistencia en los últimos meses ha ido obteniendo mayor legitimidad y reforzando su posicionamiento político y organizativo en el municipio de Reitoca y en comunidades de Lepaterique, lo que se ha traducido en una capacidad para articular y movilizar a los pobladores que están en oposición a la construcción/instalación de la represa hidroeléctrica en el rio el Petacón; también cuenta con respaldo de distintas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que con el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país.
Otro elemento a su favor, es la acusación de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultura[9] “contra el ex ministro del SERNA por haber entregado de forma irregular la licencia ambiental para la construcción de la represa sobre el río Petacón. Igualmente, el documento de esta fiscalía agrega que “La Licencia Ambiental 362-2011, otorgada por el Sub Secretario de Estado en mención, no fue objeto del PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO, contemplado en el Convenio 169 de OIT”.
El bloque de resistencia, ante ese posicionamiento de la Fiscalía, y en el marco del I Encuentro, buscara replantear su estrategia política y legal para trazar un camino de incidencia ante las instituciones del Estado, con el propósito de lograr la cancelación de la concesión hidroeléctrica.
En este caso, la correlación de fuerzas a niveles políticos nacionales y de control institucional ha favorecido a PROGELSA, pero en términos políticos locales y organizativos ha favorecido con mayor fuerza al Consejo Indígena Lenca y en menor medida en términos institucionales con el posicionamiento favorable de la Fiscalía de las Etnias. PROGELSA, en sus intentos de frenar el proceso de resistencia territorial, se ha visto en la necesidad de promover la criminalización y judicialización al liderazgo territorial, mientras que el Consejo Indígena ha desarrollado una serie de acciones para capitalizar el descontento de la población contra la construcción/instalación del proyecto extractivo.
Finalmente, se pueden evidenciar las contradicciones principales y los intereses que existen entre los dos bloques en disputa, lo cual nos lleva a concluir con seis ideas centrales.
Primero, la salida al conflicto en Reitoca pasa por un reposicionamiento estratégico del Consejo Indígena Lenca. Podríamos afirmar que ese reposicionamiento puede estar enfocado en tres vías: un posicionamiento político orientado al desarrollo de acciones de presión tanto a nivel local como nacional, como método de denuncia y de incidencia; una estrategia legal, que permita avanzar en el proceso de cancelación de la concesión a PROGELSA; y por último, la expansión de la organización comunitaria hacia aquellos municipios que todavía no se ven afectados por la retención del rio Petacón y que en el corto plazo empezaran a sentir los efectos del proyecto extractivo.
Segundo, el nivel de influencia que ejerce PROGELSA sobre la institucionalidad pública no es absoluto, prueba de ello es el posicionamiento de la Fiscalía de Etnias. Eso le permite al Consejo Indígena Lenca moverse con mayor libertad y cierta ventaja en el seno de la institucionalidad pública al momento de posicionar sus demandas sobre la cancelación del proyecto extractivo.
Tercero, el bloque dominante seguirá valiéndose del respaldo de las instituciones del Estado, especialmente del sistema de justicia y de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, para continuar con su presencia en el territorio. Aunque este respaldo puede ir desvaneciéndose si la estrategia legal y política del Consejo Indígena logra doblar el brazo de la justicia hondureña y esta falla a favor de las comunidades en resistencia.
Cuarto, la disputa por el territorio y el control de los bienes comunes naturales sigue abierta. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad comunitaria, socio-ambiental y humanitaria, con el riesgo que se desate una crisis política regional.
Quinto, en ese marco de conflictividad y crisis política, las únicas salidas al conflicto pasaran por un pacto democrático entre las principales fuerzas enfrentadas o la militarización del territorio para resguardar la zona concesionada y asegurar la construcción/instalación del proyecto hidroeléctrico. La experiencia reciente (caso de Guapinol, Azacualpa, Agua Zarca y otros), nos indica que el bloque dominante opta por la segunda opción.
Sexto, lo anterior implicaría grandes costos políticos para el Consejo, entre ellos: la agudización de los procesos de criminalización y judicialización, asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial, diferencias políticas en el seno del Consejo Indígena y su previo desaparecimiento como movimiento social territorial. En síntesis, la segunda salida implicaría la muerte y el desaparecimiento del Consejo Indígena y la imposición absoluta del proyecto extractivo. De ahí la necesidad para este Consejo de formular y trabajar una estrategia alrededor del primer punto desarrollado en líneas anteriores, en esta dirección el I Encuentro Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes constituye un espacio relevante.
