Por: Albany Flores Garca.
En una de las discusiones latinoamericanas más emblemáticas de la segunda mitad del siglo pasado, que contó entre otros con la participación de Enrique Krauze, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, refiriéndose al caso particular de los regímenes de la región y los procesos democráticos de los mismos, Octavio Paz dijo que en México había existido una hegemonía partidaria durante muchos años (haciendo referencia a la hegemonía ejercida por el PRI), pero que, a diferencia de los demás Estados de la región, no había existido una dictadura militar, y por tanto, México quedaba fuera de esa denominación de “Estado militar”.
En respuesta a ello, el célebre escritor peruano Mario Vargas contestó: «…yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas, creo que el caso de México encaja perfectamente dentro de esa tradición: México es la dictadura perfecta…porque es una dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Pero tiene, si uno escarba, todas las características de una dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, que concede espacios para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva… y que ha reclutado astutamente a los intelectuales, a la inteligencia».
El autor peruano insistió en que el modelo político del Partido Revolucionario Institucional mejicano había sido puesto en práctica en otros países latinoamericanos, pero que el mismo no había tenido el mismo efecto. Sin embargo, esa última aseveración no fue del todo cierta, pues en la caso hondureño también había ocurrido lo mismo, sólo que con matices diferentes.
Al igual que el PRI, el Partido Nacional de Honduras se aseguró la permanencia en el poder durante casi todo el siglo XX. Desde el primer gobierno de Manuel Bonilla (1903), el Partido Nacional ocupó el puesto de gobierno hasta 1982 casi ininterrumpidamente, con algunas tibias irrupciones liberales en (1907-1911 (Miguel R. Dávila); 1929-1933 (Vicente Mejía Colindres); y 1957-1963 (Ramón Villeda). Esto ejemplifica perfectamente que en Honduras también ha existido ese proceso de dictadura perfecta, y que al igual que en México, también ha sido una dictadura institucionalizada por un solo partido: el Partido Nacional.
No obstante, a diferencia de México, en Honduras esa dictadura perfecta también ha sido una dictadura con profundas raíces militares. El poder militar ha prevalecido en el país conjuntamente al Partido Nacional, como en efecto lo demostraron los gobiernos del “Reformismo Militar” ocurridos entre las década de 1960 y 1970, cuando los gobernantes militares eran abiertamente militantes del Partido Nacional.
El poder militar no desapareció de la escena política con la vuelta al proceso democrático de 1982; sólo se hizo a sí mismo un poder sigiloso, es decir, un poder silencioso, pero mucho más capaz de imponerse sobre una sociedad hondureña confundida, fragmentada, dividida y silenciada. Quizá la prueba más directa sobre ello fue el golpe de Estado —en realidad un golpe técnico— asestado al Poder Ejecutivo representado por Manuel Zelaya en junio del 2009; maniobra en la que el poder militar necesitó menos de una hora (en la praxis) para poner fin a un conflicto político que a los civiles les habría llevado años resolver.
La militarización del Estado en Honduras no sólo es cosa del presente; es un proceso histórico que viene tomando fuerza como proyecto ideado desde 1963, cuando el Coronel de Aviación Oswaldo López Arellano asestó el golpe de Estado al gobierno de Ramón Villeda. A partir de entonces comenzó una etapa de “nueva militarización” del territorio que se manifestó en los 12 años de gobierno de López Arellano (1963–1975) —con un breve lapso en el poder de Ramón Ernesto Cruz (1971–1972)—, más los regímenes que le sucedieron hasta la llegada a la Presidencia de la nación del Doctor Roberto Suazo Córdova.
En esta «nueva etapa» la militarización se volvió un proyecto compacto, real y eficaz, pues quienes la impulsaban sabían que para ello era necesario la sistematización y la profesionalización del ejército, como se había intentado con las milicias nacionales durante toda la administración del Doctor y General Tiburcio Carías. En ésa época, la profesionalización de los ejércitos centroamericanos significó una parte fundamental en el proyecto de los Estados Unidos por hacer de los débiles Estados de la región un campo militar de entrenamiento para los combatientes de los muy probables conflictos futuros (como en efecto sucedió), aun cuando al ejército hondureño no se le permitió combatir en la Segunda Guerra —cuando el gobierno del General Carías le declaró la guerra al eje— por la simple razón de “no estar preparado” para luchar (Thomas Dodd, 2008).
En realidad, el ejército cariísta fue creado con el fin de detener los posibles alzamientos de las otras hordas milicianas al mando de sus adversarios, y con el claro interés que los militares fueran complacientes y leales a los fines políticos del cariato. Para ello «se establecerían escuelas para Cabos y Sargentos donde se enseñarían la habilidades militares básicas (infantería y artillería), así como a leer y escribir» (Dodd, 2008). Más tarde, cuando el cariato estaba mucho más acentuado, el gobierno de Carías firmó un convenio con los Estados Unidos para la fundación por parte de éstos de una Escuela Militar, por lo que a partir de 1942 se fueron retirando las milicias, siendo suplantadas por el Primero y Segundo Batallón de Infantería; ya como una Armada permanente al servicio del Estado. Desde entonces, la militarización del Estado en un proyecto continuo y permanente.
Hoy día, ante tales antecedentes —sin describir la guerra de baja intensidad en Centroamérica durante la Guerra Fría—, y ante las constantes sospechas de casi todos los sectores de la sociedad (académicos, obreros, sociedad civil, intelectuales, estudiantes, artistas, campesinos, instituciones políticas, etc.) sobre las intenciones del actual Presidente de la República de perpetuarse en el poder por medio de reformas a la Constitución del Estado y la derogación de los artículos pétreos, la expectativa y la preocupación social es creciente.
Sectores de la sociedad y partidos de oposición acusan al gobierno de haber secuestrado en su totalidad el poder del Estado, al ostentar en su absoluto control los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, de haber traído de vuelta al ejercicio civil a dos de los poderes más nocivos de la historia de la humanidad: el poder eclesiástico y el poder militar. Este hecho supone un retroceso de dimensiones proporcionales, pues el regreso de la Iglesia y el Ejército a las acciones de la administración pública civil no sólo significa un enorme retroceso para el país, sino también un acontecimiento anti-histórico en los procesos democráticos, pues los gobiernos liberales de Occidente han luchado durante siglos para librarse de la nociva influencia de éstos.
Al parecer, la militarización actual del Estado, para la cual se han creado una serie de nuevas dependencias armadas como la Policía Militar y el Escuadrón Tigres, no sólo tiene por objeto el combate a la criminalidad, sino también el posible sostenimiento, a través de la represión ciudadana, del proyecto reeleccionista del gobierno.
No obstante, el punto más importante no es en sí la Policía Militar, que ya existe y es una realidad tangible entre nosotros; es el proyecto de adoctrinamiento del que se está haciendo parte a miles de niños alrededor de la nación con el programa “Guardianes de la Patria”, en el cual se ha incluido la participación de las iglesias cristianas (católicas y protestantes) y del Ejército, para un entrenamiento religioso–militar. Esto, por otro lado, tiene un sentido lógico para las pretensiones de control en la sociedad, pues dispone así de los dos elementos de obediencia y control sistemático más efectivos: las armas y la fe. De hecho, sólo el año 2015, el gobierno graduó cerca de 30,000 niños militares (La Tribuna, edición del 28/11/15).
El gran problema de la militarización del Estado actual no está en la presente Policía Militar ni en el Ejército, sino en las juventudes militares que representan la continuidad y el fortalecimiento del poder marcial en Honduras. Las juventudes militares han sido creadoras de las más cruentas batallas y los regímenes más crueles, tal como lo demostraron los regímenes de Franco en España, de Mussolini en Italia, de Amin Dada en Uganda, de Stalin en la antigua URSS, y del mismo Hitler en la Alemania nazi, quienes construyeron ejércitos implacables adiestrando a los soldados desde niños.
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Albany Flores Garca es escritor, historiador y editor, Honduras, 1989. Es autor de los libros Geografía de la ausencia y La muerte prodigiosa, es editor en malàdive editores, y director-fundador de la revista El zángano tuerto.
