En el período colonial la administración pública estuvo dirigida por los peninsulares, —los españoles—, pero también por los criollos que comenzaron a aparecer con más fuerza en la política a finales del siglo XVIII. La administración de las nuevas provincias estaba signada por las instituciones de carácter público que pertenecían a la Corona, y las instituciones clericales dirigidas por la Iglesia.
Hasta finales del siglo XIX, el Estado y la Iglesia fueron prácticamente indisolubles, y las grandes decisiones eran tomadas por los reyes con la bendición del Papa. En la América española se instauraron una importante serie de instancias gerenciales que permitieran el buen funcionamiento de las provincias, en términos políticos, económicos y sociales.
De esa manera, se establecieron figuras como la Encomienda, el Repartimiento, el Corregimiento, y las Alcaldías Mayores, entre otros. La Encomienda fue una institución socioeconómica donde una determinada autoridad fuerte prestaba protección a los más débiles, a cambio que éstos se comprometieran a pagar con su trabajo o en especia algún tipo de tributo.
«El beneficiario (encomendero) cobra y disfruta el tributo de sus indios, en dinero, en especie (alimentos, tejidos, etc.) o en trabajo (construcción de casas, cultivo de tierras o cualquier otro servicio); a cambio de ello, debe amparar y proteger a los indios encomendados e instruirles en la religión católica, por sí o por medio de una persona seglar o eclesiástica (doctrinero) que él mantendrá[1]».
Por lo tanto, la encomienda no implicaba la propiedad sobre los nativos; era una concesión no heredable. Al quedar vacante (sin poseedor) ésta volvía al monarca, quien podía retener a los indígenas bajo administración real o entregarlos a otro encomendero.
Paralelo a la encomienda funcionó el sistema del Repartimiento, que consistió en el trabajo rotativo y obligatorio del indígena en proyectos de obras públicas o trabajos agrícolas considerados vitales para el bienestar de la comunidad. Esta modalidad de trabajo se basaba en reclutamientos laborales precolombinos, como lo fueron el cuatequil mexicano y la mita[2] peruana, que los españoles aplicaron con un sentido diferente al que se tenía en las sociedades nativas.
Las encomiendas paulatinamente fueron perdiendo su razón de ser, entre otros motivos, por la caída de la población aborigen, la desaparición de los conquistadores ávidos de recompensa y la paz que imperó en la mayoría de las provincias. En cambio, los repartimientos persistieron hasta el fin del período colonial.
Como hemos explicado, la corona fue incapaz de conceder encomiendas indígenas al cada vez mayor número de españoles. Por ello, muchos de éstos se vieron forzados a recurrir a otras alternativas para proveerse de mano de obra, por lo que aparecieron diversas formas de peonaje y trabajadores libres sin remuneración. Pese a que la esclavitud indígena se había abolido en 1548 con Cristóbal de Pedroza, y pese a que en 1542 la Corona había dictado las Leyes Nuevas que prohibían el trabajo forzado de los nativos, siguieron existiendo en las leyes españolas, muchas salvedades que permitían el maltrato de los conquistadores hacia los indígenas.
Consideramos pertinente lo anterior, porque todas esas instancias administrativas fueron paralelas, y en muchos de los casos estuvieron supeditadas a la figura de Alcaldía Mayor, que era un institución más grande y extensa geográfica, política y económicamente.
La Alcaldía Mayor se estableció como una institución de amplios poderes que tenía relación directa con la Audiencia de Guatemala y la Corona. Los Alcaldes Mayores era una especie de Jueces superiores a los que también los llamó Gobernadores o Corregidores. La fundación de Alcaldías Mayores proliferó en toda América Latina, siendo las más importantes la Alcaldía Mayor de Bogotá (existente aun hoy día), la de Caracas, San Salvador, entre muchas otras a lo largo del continente.
Resulta importante apuntar que la fundación de la Alcaldía Mayor (como institución administrativa) tenía un propósito estratégico militar y económico, y contaba con una jurisdicción mucho más amplia que otras instituciones de la Corona.
Además, fue con esta institución cunando por primera vez —por lo menos en América— se hace visible y pública la gran influencia ejercida por el clero en los asuntos del Estado. La Corona y la Iglesia trabajan en conjunto para mantener un orden religioso, político y económico que las beneficiaba a ambas. La influencia de la Iglesia es tan notable, que en muchos de los casos el Obispo de turno funge también como Presidente de la Audiencia[3]; un puesto administrativo reservado a los altos funcionarios españoles.
La fundación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa se extendió por la Corona española en tiempos de Felipe II, siendo Gobernador de la Provincia de Honduras Alonso Contreras de Guevara, quien en 1580 informó al rey que: «unos indios del pueblo de Tegucigalpa le llevaron al Justicia Mayor de Valladolid de Comayagua, don José de Santiaponce, un mineral que al fundirse se vio que era plata de la buena[4]». A su jurisdicción pertenecía una extensión territorial que cubría los actuales departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca (parte), Valle, y algunos pueblos de La Paz como Aguantequerique.
El 22 de abril de 1579, Pedro de Alvarado extendió el título de Alcalde Mayor al Capitán Juan José de la Cueva, primo hermano de la esposa del adelantado, Beatriz de la Cueva, justo el mismo año que la orden de los franciscanos se instalaba en Honduras[5]. Juan de la Cueva fue nombrado oficialmente como primer Alcalde Mayor de la ciudad por el Presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el licenciado García de Valverde y Mercado. No obstante, el 17 de agosto de 1579 el poblado pasó a llamarse Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa.
Desde entonces, el Real de Minas de Tegucigalpa se distinguió entre los asentamientos y fundaciones de la Provincia hondureña, no sólo por su ferviente actividad minera; también lo hizo recreando un ambiente cultural diverso que se manifestó en el mestizaje, la proliferación de castas, la división entre los pueblos de indios y las “repúblicas” de los españoles; la existencia de milicias, el florecimiento de la industria del estanco, los juegos de azar, una economía formal al cuidado de la Corona, un movimiento comercial de contrabando con los piratas ingleses y holandeses de la costa norte, y una sociedad con profundas contradicciones, etc.
Citas al pie.
[1] Céspedes del Castillo, Guillermo. América Hispánica (1492-1898), Labor, Barcelona, 1983.
[2] El Coatequilt era un sistema utilizado en el Imperio azteca que obligaba a los indios a trabajar durante meses en yacimientos matalíferos. La Mita fue un sistema parecido a Coatequitl, que se practicó sobre todo en América del Sur en la época incaica y durante la Conquista. Se aplicaba especialmente al trabajo obligatorio en las minas.
[3] Valladares, Omar Aquiles. Las Bruxas de las Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en el siglo XVII, 1ra edición, Malàdive Editores, Tegucigalpa, 2016, pp. 50-118.
[4] Zelaya y Ferrera, Rolando. “La Ciudad de la Villa del Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia y su patriótico ayuntamiento”, disponible en: https://historiadehondurasenlinea.blogspot.com/2012/12/la-ciudad-de-la-villa-del-real-de-minas.html. Visto el 29/11/2016.
[5] Valladares, Nahúm. Apuntes para la historia de Honduras (inédito).
