El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y el secretario de Trabajo, Carlos Madero, recibieron este lunes a directivos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), quienes presentaron observaciones sobre la Ley de Alivio de Deuda cuyo segundo debate está anunciado para mañana en el Congreso Nacional.
«El día de hoy ha venido aquí a Casa Presidencial el presidente de la Andeph a urgir para que se pueda aprobar esta ley; el Presidente los ha escuchado y han traído algunas observaciones que tienen que ver con las tasas de interés, las garantías, que no vayan a existir cobros ocultos cuando se otorguen los préstamos y la participación de institutos de previsión», dijo Madero.
«La ley nos parece excelente; todos los empleados, tanto privados como públicos, estamos esperando la aprobación «, afirmó el presidente de la Andeph, Fredy Gómez.
Sin embargo, aclaró que «no estamos de acuerdo en que se esté dejando por fuera a institutos de previsión, en este caso el Injupemp, porque los empleados públicos no tendrían los mismos beneficios que los del sector privado».
Además, Gómez pidió fijar un «techo estable» en el sentido de que «la banca privada le ofrece las facilidades pero al final le aplican gastos de cierre y gastos legales; entonces, al final esto no tendría ningún beneficio».
Gómez también dijo que la propuesta va encaminada a los requisitos que pide la banca privada.
«No queremos que la banca vaya a poner muchos atajos porque por primera vez los bancos van a tener acceso a deducción por planilla mensual, lo que significa ‘riesgo cero’. Pedimos mínimas condiciones, no podemos caer en la emoción de que solo porque necesitamos la ley vamos a decir que sí a todo», puntualizó.
El dirigente indicó que esta observación también se llevará a la comisión de dictamen del Congreso Nacional para que la tome en consideración.
La Ley de Alivio de Deuda, propuesta por el Ejecutivo, beneficiará entre 900.000 y un millón de trabajadores públicos y privados; la mayoría de ellos tienen hasta un 70 por ciento de su salario comprometido, principalmente por «deuda por consumo».
Dentro de las reglas de esta ley está que una vez que la persona sea beneficiada no podrá volver a endeudarse por más del 40 por ciento de su salario.
