Un total de 355.3 millones de lempiras transfirió la Secretaría de Finanzas a 292 municipios del país, para el denominado operativo «Honduras Solidaridad».
Cada bolsa con alimentos tuvo un costo de 500 lempiras, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Finanzas.
Uno de los mayores riesgos es que las transferencias de los fondos sean destinadas a otros procesos que nada tienen que ver con la emergencia ocasionada por el coronavirus en Honduras.
Es posible que se produzcan innumerables actos de corrupción y que el dinero termine en el bolsillo de los alcaldes, puesto que tienen vía libre para el manejo de los fondos.
Debido a lo anterior, los ediles están obligados a liquidar casi a diario los fondos transferidos.
Día tras día son constantes las denuncias y reclamos de personas que no reciben el beneficio de los alimentos e insumos de bioseguridad.
Muchas aldeas y caseríos se han quedado sin recibir el famoso saco solidario, cuya entrega ha sido politizada por los mismos funcionarios municipales.
Control
Los entes contralores de justicia tienen en su poder una gran cantidad de denuncias por el mal manejo de los recursos que han denunciado ciudadanos.
Entre las municipalidades bajo la mira de las autoridades por denuncias de irregularidades en la administración de fondos figuran Danlí y San Antonio de Flores, del departamento de El Paraíso; Gualaco, Olancho; y Quimistán, Santa Bárbara.
En el caso de Danlí, que fue la alcaldía que más recursos recibió durante la emergencia (14 millones de lempiras), un equipo de auditores del Tribunal Superior de Cuentas procedió a revisar las órdenes de compra, pago, facturas, actas de recepción e inventarios. En otras palabras, el registro de las cantidades compradas, salidas y las existencias.
Asimismo, el TSC verificó si la suma del valor de los productos que conforman las raciones que se están entregando es consistente con el monto de L 500.00, que corresponde al monto de la transferencia entre el número de la población meta a atender, y se buscaron evidencias de las entregas realizadas. Además, se constató si el tipo de productos incluidos en las raciones guarda relación con lo propuesto en el Decreto Ejecutivo PCM-025-2020.
Los recursos fueron aprobados para que los alcaldes puedan adquirir artículos de higiene para distribuirlos en sus municipios a las familias más afectadas por la crisis del coronavirus.
Uno de los principales propósitos del gobierno es focalizar la entrega de ayudas a los hogares más pobres, atendiendo al menos el mínimo de la cantidad indicada por las autoridades.
Asimismo, la estrategia es priorizar la atención a hogares adicionales, que deben encontrarse en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y que, según la consideración del equipo de entrega, deban ser atendidos en el marco de la emergencia.
Beneficiados
Los beneficiados con los recursos aprobados por el gobierno son 710,744 hogares, que se traduce en 2.3 millones de hondureños favorecidos, según las cifras oficiales.
La transferencias municipales se hicieron de manera directa a las municipalidades, y serán ejecutadas en dos etapas.
Los recursos fueron transferidos de manera condicionada, es decir que solamente pueden usarse para la compra de alimentos e insumos de bioseguridad.
El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Carlos Eduardo Cano, manifestó que Honduras Solidaria es un compromiso que han adquirido las municipalidades, y debe ser un programa transparente que acerque y tome en cuenta las diferentes instituciones en los municipios.
«Quien puede garantizar esas transferencias es el CODEM, ya que involucra a todas las instituciones del municipio. En tal sentido, se han girado instrucciones a los 298 alcaldes a los que se les hizo la transferencia que respeten el compromiso de la compra y entrega de alimentos a la población”, advirtió.
Entre las municipalidades que más recursos recibieron figura Danlí, que recibió 14 millones de lempiras, y por otro lado se encuentra El Progreso, que obtuvo ocho millones de lempiras.
Mientras tanto, Juticalpa y Catacamas se agenciaron seis millones de lempiras en cada municipalidad.
A las alcaldías de Olanchito y Siguatepeque le fueron transferidos cinco millones de lempiras y a Comayagua siete millones de lempiras.
Tela y Puerto Cortés obtuvieron cuatro millones de lempiras a través de las transferencias.
Por otra parte, Lepaera, Intibucá, Copán Ruinas y Nacaome recibieron tres millones de lempiras, mientras que Gracias obtuvo un total de dos millones de lempiras.
A Santa Bárbara, Patuca, San Lorenzo y Quimistán se les confirieron dos millones de lempiras.
Curiosamente, en la lista no figuran las municipalidades del Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba, consideradas las tres principales ciudades del país.
La municipalidad que menos recibió fue la de Juan Francisco Bulnes en Gracias a Dios, una de las zonas más olvidadas de Honduras. Esta alcaldía solo obtuvo 26,000 lempiras por concepto de transferencias para combatir el Covid.
Mientras tanto Utila, uno de los centros turísticos del país, apenas obtuvo 30,000 lempiras.
Las reacciones
Los alcaldes no se quedaron callados y alzaron su voz, señalando que el gobierno solamente les ha transferidos los recursos correspondientes a la emergencia sanitaria y no las transferencias que ordinariamente reciben cada mes.
«La entrega de los alimentos lo estamos haciendo con la sociedad civil, la iglesia, los patronatos y la veeduría del Ejercito y la Policía. El Gobierno está dando 500 lempiras por familia, eso es extremadamente poco y no se pueden suplir todos los productos de la canasta básica para 15 días o un mes», cuestionó en el programa Cuarto Poder, el alcalde de Cedros, David Castro.
Aseveró además que en su caso está complementando las bolsas solidarias con fondos municipales para poder satisfacer las necesidades de sus pobladores.
Los ojos de los operadores de justicia y de los diferentes veedores de la sociedad están puesto sobre las 292 alcaldías que manejan millonarias cantidades de dinero en el marco de la operación Honduras Solidaria.
Y es que en el algunos municipios las transferencias llegaron en tiempo y forma, sin embargo, los alcaldes no han comprados los insumos de primera necesidad y productos de bioseguridad.
«Ocupamos la comida que nos ofreció el gobierno, estamos sin trabajo, no estamos muriendo de hambre», suplicó un ciudadano de El Progreso que aún no recibe el beneficio.
La Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública tiene un equipo de agentes indagando más de una decena de denuncias por el supuesto mal manejo y corrupción con los fondos públicos.
Aunque el Ministerio Público se encuentra con el obstáculo de que no podrá emitir ningún requerimiento fiscal sin que antes termine las auditorías el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
No obstante, el TSC instruyó de oficio a los auditores internos de las municipalidades supervisar los procesos de compras y contrataciones de bienes, insumos y servicios que se realicen, así como las acciones relacionadas con la Emergencia Sanitaria Nacional Covid-19.
El ente contralor advirtió que los auditores a que deben velar por que el anticipo de las transferencias asignadas a las municipalidades sea utilizado exclusivamente para la compra de alimento, medicamentos y productos de higiene personal, a fin de enfrentar el Estado de Emergencia y no que vayan a terminar a sus bolsillos.
Los alcaldes están obligados a liquidar a diario los recursos asignados.
Pero, los veedores de la socieda, entre ellos el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), también están preocupados por el mal manejo de los fondos transferidos por la Secretaría de Finanzas a las distintas municipalidades.
«El Fonac diseñará e implementará una estrategia de veeduría social y proceso de acompañamiento ciudadano a los procesos de contratació de obras públicas, así como la adquisición de bienes y servicios», expresó Omar Rivera, titular del Fonac.
Señaló que es necesario garantizar plena y absoluta transparencia, rendición de cuentas y un clima habilitante a la participación ciudadanay la auditoría social, y velará porque los principios de eficiencia, publicidad, igualdad y competencia se cumplan.
«Un estado de emergencia no obliga a actuar en opacidad, autorizar una contratación directa no exige sacrificar calidad o precios razonables», exhortó a los alcaldes, Omar Rivera.
