La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se ha convertido en un espacio de fuertes conflictos entre autoridades y estudiantes, gran cantidad de alumnos han denunciado ser víctimas de persecución, pero en 2017 al menos seis pidieron asilo político en Costa Rica.
EL PRIMERO EN SALIR
Marcio Noé Silva es un joven líder estudiantil pasante de la carrera de psicología, al haber sido parte de las tomas de las instalaciones de Ciudad Universitaria se le levanta varios procesos penales que lo llevaría inevitablemente a la cárcel al no poder gozar de medidas sustitutivas a la prisión.
“Entre el 26 y 27 de septiembre (de 2017) se pone la segunda orden de captura, se podía dar una coyuntura peligrosa por la crisis post electoral que vendría (ya sabíamos eso), me mantuve prófugo y salí de Honduras entre el 10 y el 13 de octubre, ingresé a Nicaragua y a Costa Rica de forma clandestina, cruzando ríos en yegua, esto para evitar ir a la prisión porque no he cometido delitos, soy víctima de persecución”, explicó Silva.
Mientras vivió en Costa Rica considera estuvo seguro, se mantuvo gracias a las ayudas de estudiantes y exdocentes de la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica y de los 9 meses que estuvo allá solamente durante los últimos tres recibió apoyo de una organización hondureña.
Denuncia haber sido víctima de persecución, estigmatización y exposición mediática ya que “desde la página oficial de la UNAH dos veces mencionaron mi nombre como que yo incitaba al caos, eso es violencia institucional, quien nos violentaba es la institución a través de un acoso psicológico y personal, te exponían, hay pruebas de que este es un estado donde hay ejecuciones y es de una forma de decirles hagan lo que deben”.
Durante el mes de agosto de este año el periodista Renato Álvarez se refirió a las tomas de calles que realizaban estudiantes de educación media pidiendo que “la inteligencia del Estado debería haber identificado a todos estos estudiantes o cualquier institución del Estado ya debería de estar preparando una acción para contrarrestar a estos anárquicos”.
El 30 agosto de ese mes fueron encontrados los cadáveres de los jóvenes Mario Enrique Suárez (19) y Gersón Daniel Meza (18), encostalados y con signos de tortura, a través de redes sociales se difundieron las imágenes del momento cuando fueron secuestrados de sus casas por hombres portando uniformes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), chalecos antibala, armas de grueso calibre y vehículos polarizados y sin placa.
Para el sector más progresista de este país es una ejecución extrajudicial contra dos jóvenes estudiantes para acallar las tomas, pero de forma oficial las autoridades se limitaron a referir que “los uniformes de los hombres que se ven en el video las letras de la ATIC son más grandes que en el uniforme real y no tienen el logotipo en la manga izquierda, ni en la gorra y el chaleco, por lo tanto descartamos que los responsables sean agentes de la ATIC”.
Miembros de la sociedad civil como Carlos Hernández de Transparencia Internacional expresaron que “se debe hacer una investigación objetiva del caso, ya que esta situación ha sido reiterativa en los últimos días y el Fiscal General ya está actuando, si resultara ser que son elementos de esta fuerza, no dudo que los van a sacar, lo importante es que la verdad salga a la luz y que se aplique la justicia en este caso de los estudiantes”.
Hasta el momento no se ha realizado ni una captura ni se ha dado un solo indicio que indique que se pueda resolver este caso, cabe mencionar que estas ejecuciones a estudiantes no son nuevas, siendo el caso más notorio cuando unos policías mataron a Rafael Alejandro Vargas Castellanos y su amigo Carlos David Pineda, el primero hijo de la reconocida socióloga Julieta Castellanos.
Mientras estuvo en Costa Rica Silva solicitó refugio y su abogado allá le alentaba a quedarse, pero en la coyuntura de una reforma al Código Procesal Penal se logra una negociación para cambiar las medidas de prisión preventiva a medidas cautelares, con la condición de que se presente ante el juez y así decide regresar y llega a territorio nacional un seis de junio de este año.
Concluye expresando que aún es víctima de persecución “a través páginas falsas me ponen como líder del MEU, que ando incitando al desorden, no puedo explicar como fue a ciencia cierta pero la semana antepasada me trataron de subir a un carro y por las personas con que andaba me salvé, todavía no puedo explicarlo, nunca me había pasado pero si siento miedo”.
LA FALSA IMPUTACIÓN DE UN DELITO POR IMÁGENES EN REDES SOCIALES
Eduardo Urbina, líder estudiantil y miembro activo del Partido Libertad y Refundación (Libre) tuvo que salir de Honduras un 10 de diciembre del 2017 “desde el cinco estuve escondido, sentí miedo por publicaciones en redes sociales donde daban mi dirección y datos personales, en aras de preservar la vida me escondo y salgo del país, quedo en la clandestinidad”, desde que llega a Costa Rica solicita refugio, por considerarse víctima de persecución política.
El 15 de diciembre del año anterior, durante las protestas que denunciaban un fraude electoral, en la salida hacia el norte desde la capital, precisamente en El Carrizal, desconocidos quemaron un camión propiedad del ejército, en cuestión de minutos a través de redes sociales se acusa a Urbina de haberlo quemado, mostrando fotos de un hombre con algún parecido, pero que definitivamente no es él, esto sustentado porque está plenamente acreditado que este ya se encontraba en Costa Rica desde hacía cinco días.
“Yo ya estoy en Costa Rica cuando queman el camión, páginas falsas empiezan a vincular la quema del camión con el afiche que había circulado antes, a tal punto que la fiscalía utilizó estas publicaciones en redes para acusarme, sin tener prueba alguna libra orden de captura por los delitos de uso de material de guerra, fabricación de explosivos e incendio agravado, me acusaron con puras publicaciones de Facebook, sin fundamento alguno”, detalla Urbina, quien cuenta con su pasaporte sellado en Costa Rica y los boletos del bus que lo trasladó desde Tegucigalpa hasta San José.
Meses después Urbina fue detenido y lo mantienen preso al tener orden de captura y alerta migratoria de Interpol, solicitando su extradición hacia Honduras, pero el 20 de abril se resuelve su proceso de refugio, obteniendo estatus de refugiado con protección del gobierno de Costa Rica, por lo que tres días después sale libre.
Detalla que su estadía en la cárcel fue agobiante, triste y solitaria, lamenta que tiene pocas esperanzas de volver a ver su familia en el corto plazo, aunque no tiene certeza guarda la esperanza de verlos más adelante.
LUEGO DE LAS ELECCIONES, CUATRO ESTUDIANTES MÁS HUYEN DEL PAÍS
Desde el año 2015 ha ido escalando la protesta y conflictividad entre estudiantes universitarios y autoridades, pero el proceso electoral y la vinculación de algunos de estos jóvenes con partidos políticos puso sus vidas en riesgo, según denuncian ellos mismos.
Dilcia (pseudónimo) se considera una víctima de persecución y hostigamiento por parte de las autoridades universitarias y del Estado al menos desde el 2016.
“Nosotros sabemos que agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) estaban infiltrados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) desde 2016, enfrente de mi casa donde se realizaban algunas reuniones de junio a octubre tuve vigilancia permanente de ocho de la noche a dos de la mañana, lo sé por su vestimenta, características físicas, forma de caminar, por los carros en que los iban a dejar, ellos sabían todos nuestros movimientos y lo hacían por intimidarnos”, detalló.
Esto se confirma a través del documento “Apreciación de Inteligencia DIPOL”, elaborado por la DPI, donde describen al menos 35 acciones de seguimiento hacia las movilizaciones y reuniones de estos con movimientos sociales y partidos políticos desde el 09 de febrero hasta 05 de septiembre del año 2017.
Durante el juicio en el cual se condenó a tres estudiantes por el delito de usurpación, compareció una agente de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), quien explicó haberse infiltradado en el movimiento estudiantil para elaborar perfiles y dar seguimiento al menos a seis personas.
Dilcia explica que también fue víctima de acoso y amenazas vía mensajes de texto de números desconocidos pero también de una autoridad universitaria, en octubre del año pasado fue detenida junto a otra compañera en un bus interurbano y la policía pretendía arrestarla sin ninguna orden y solo por ser estudiante, por la presión de los otros pasajeros no fue privada de su libertad, en ese momento comenzó a considerar pedir apoyo para dejar el país.
Detalla que en el marco de las protestas postelectorales, el acoso y persecución se incrementó, vehículos sin placas les daban seguimiento e incluso en una ocasión les hicieron disparos, personas que aparentemente apoyaban a la Alianza en Oposición se identificaron como infiltrados y les recomendaron mejor dejar el país para que no les pasara nada malo, por lo que se abocaron al Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) quien realizó un análisis de riesgo y decidió enviar a Mayra y tres estudiantes más a Costa Rica para salvar sus vidas.
Estos allá aplicaron al igual que Silva y Urbina a medidas de protección, aunque en los primeros meses del 2018 decidieron regresar a Honduras, cuando ya había pasado la peor parte de la crisis, al día de hoy consideran que todavía hay persecución contra ellos y que su integridad física se ve comprometida.
Luego de una protesta realizada a principios de diciembre por el aumento al transporte que terminó en la quema de tres buses, se detuvo y acusó del hecho a tres estudiantes universitarios, según el Ministerio Público y Policía Nacional los jóvenes bajaron a los pasajeros, quebraron los vidrios e incendiaron los automotores, aportando pruebas testificales y periciales del hecho.
Pero el juez declaró un sobreseimiento definitivo al considerar que no se había probado la participación de los jóvenes, extremo que estos siempre alegaron, no tener participación en el hecho y haber sido detenidos únicamente por ser estudiantes que estaban en las inmediaciones de la máxima casa de estudios.
En este momento hay al menos tres líderes estudiantiles de esta generación radicados en Europa, esto también por amenazas a su integridad y con la ayuda de organismos de Derechos Humanos.
