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ABORDAR EL CUELLO DE BOTELLA MIGRATORIO EN EL SUR DE MÉXICO

México no está haciendo “nada” por frenar la migración hacia el norte, como afirma el presidente de los EE.UU., Donald Trump. En estas preguntas y respuestas, el director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, Ivan Briscoe, dice que Washington debería ayudar a México a enfrentar los desafíos que traen los flujos migratorios y de refugiados centroamericanos, que ahora están concentrándose en sus conflictivos estados sureños.

Por: Ivan Briscoe Program Director, Latin America and Caribbean itbriscoe.

¿A qué se debe la crisis migratoria en México?

La pobreza y la violencia en el Triángulo Norte de América Central (que comprende a El Salvador, Guatemala y Honduras) están obligando a cientos de miles de centroamericanos a huir cada año hacia México. La mayoría se dirige hacia el norte debido a la profunda inseguridad económica. Pero el 39,2 por ciento de los centroamericanos encuestados en México por Médicos Sin Fronteras (MSF) en diciembre de 2016, dijeron que abandonaron sus hogares porque ellos o sus familias fueron atacados, amenazados, extorsionados o presionados para unirse a bandas criminales. Bajo estas circunstancias muchos de ellos probablemente calificarían como refugiados, con derecho a protección internacional bajo las leyes aplicables.

Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha respondido al movimiento de personas desde México y América Central con una aplicación cada vez más estricta de sus controles fronterizos: en el año 2000 los Estados Unidos detuvo al mayor número de migrantes indocumentados, cerca de dos millones, en su frontera sur. Pero como tema político y asunto de intenso escrutinio público en los EE.UU., la migración sufrió un revolcón en 2014 tras la llegada de una oleada de menores no acompañados desde América Central. Durante su campaña presidencial, el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, dijo infamemente que México estaba “enviando” a EE.UU. a personas que describió como “trayendo drogas”, “trayendo crímenes” y “violadores”. Prometió tomar medidas enérgicas contra su ingreso a los EE.UU., incluso construir un muro en la frontera con México y presionar a ese país para detener el flujo hacia el norte. Con su renovado y grandilocuente discurso anti-mexicano de principios de abril, parece que busca hacer cumplir esas promesas.

Un control fronterizo más estricto y el temor infundido por la retórica de la administración Trump han reducido el número de centroamericanos que llegan al Río Bravo, pero han aumentado las cifras de quienes se quedan en México. Entre 2013 y 2017, México ha visto que las solicitudes de estatus de refugiado se han multiplicado once veces (ver gráfico), principalmente las presentadas por centroamericanos. Como deja en claro nuestro próximo informe sobre el sur de México, las autoridades en el Triángulo Norte y México están enfrentando con dificultades la necesidad de  responder a una creciente emergencia humanitaria. Organizaciones de defensa de los migrantes y aquellas basadas en la fe brindan refugio y apoyo a las personas en tránsito, incluidos muchos niños, pero están crónicamente mal financiadas, y deben lidiar con el acoso de las autoridades migratorias y de seguridad, así como el de los grupos criminales.

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¿Qué está haciendo México ante la crisis?

Contrario a los airados trinos del presidente Trump, México sí ha respondido a la presión por parte de Estados Unidos de frenar el flujo de centroamericanos, en efecto convirtiéndose en un ejecutor del control fronterizo de los EE.UU. En todos los años desde 2015, México ha deportado a más centroamericanos que los EE.UU. y ha reforzado los controles en su propia frontera sur.

Desde 2007, Estados Unidos ha apoyado estos esfuerzos con $24 millones en equipamiento y capacitación para el control de la frontera sur bajo la Iniciativa Mérida, así como con $75 millones adicionales desde 2014 para comunicaciones seguras entre agencias involucradas en el Plan Frontera Sur de México. La frontera está custodiada por una docena de bases navales en los ríos, y se establecieron cordones de seguridad que penetran profundamente el territorio mexicano. El Plan estipula que los funcionarios de migración deben trabajar en estrecha colaboración con los militares, así como con la policía federal y estatal, para hacer cumplir los controles. Como resultado, muchos menos centroamericanos están llegando a la frontera con los EE.UU., donde las capturas han disminuido a niveles nunca vistos desde 1971.

La xenofobia se está extendiendo por el sur de México a medida que la ira se acumula por la llegada de un número sin precedentes de centroamericanos a pueblos insuficientemente equipados por el Estado para hacerle frente a este influjo.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, favorece la participación continua de los militares en la seguridad pública. Promulgó una “ley de seguridad interna” en diciembre de 2017 que permite la participación de los militares en operaciones de seguridad doméstica, aunque su implementación espera la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los grupos de derechos humanos se oponen ferozmente a la ley. El aumento de la militarización genera dudas sobre posibles arbitrariedades y violaciones de derechos humanos, y amenaza con afianzar un estilo de policía contraproducente y de “mano dura” similar a la de El Salvador y Honduras.

México se ha dejado ir por este camino en buena parte porque teme perder su privilegiada condición de socio comercial de Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, los líderes mexicanos defienden los beneficios tácticos de la cooperación a largo plazo con Washington sobre migración, pues esa cooperación se encuentra en el corazón de los esfuerzos del gobierno por manejar la volatilidad y la hostilidad periódica del presidente Trump. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dejó en claro que el papel crítico que juega su país en el control migratorio es una moneda de cambio en las negociaciones comerciales. La imposición por parte de Trump de aranceles sobre el acero, el aluminio, las lavadoras y los paneles solares el pasado mes de marzo, demuestra su voluntad de negociar duro en temas de comercio. Esta demostración de fuerza podría persuadir al gobierno mexicano para que cumpla con las demandas de los EE.UU. de endurecer aun más su posición frente a los migrantes indocumentados. Sin embargo, los resultados de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México podrían alterar estas dinámicas transaccionales.

¿Qué le está sucediendo a los centroamericanos en tránsito a través de México?

Los migrantes y refugiados centroamericanos están cada vez más concentrados en el sur de México. En 2017, el 70,7 por ciento de los extranjeros detenidos por las autoridades migratorias mexicanas fueron capturados en cuatro de los siete estados del sur de México: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La Comisión Mexicana de Asistencia a los Refugiados (COMAR) está desbordada por las solicitudes de asilo. Los refugios privados y las estaciones migratorias (centros de detención) están saturados.

Los centroamericanos que avanzan hacia el norte son presa fácil para una amplia gama de delincuentes. Médicos sin Fronteras relata que dos tercios de los encuestados informaron haber sido víctimas de violencia durante su viaje a los Estados Unidos; casi un tercio de las mujeres encuestadas dijeron que habían sufrido abusos sexuales durante el viaje. Miembros de pandillas callejeras de América Central (maras) ahora siguen el flujo de personas vulnerables hasta México para extorsionarlas y amenazarlas, incluso espiando y amenazando a los resguardos de migrantes, y colaborando con el crimen organizado mexicano. Algunos de las víctimas son secuestradas a cambio de un rescate; otros son forzadas a la explotación sexual; y todas están obligadas a buscar refugio en lugares que no están preparados y a menudo no están dispuestos a recibirlos.

Apoyar los esfuerzos de México por proporcionar una mayor protección a migrantes y refugiados también favorecería los intereses de los EE.UU., ya que puede ayudar a mitigar los problemas de seguridad que llevan a las personas a dejar México en busca de protección más al norte.

La xenofobia se está extendiendo por el sur de México a medida que la ira se acumula por la llegada de un número sin precedentes de centroamericanos a pueblos insuficientemente equipados por el Estado para hacerle frente a este influjo. Los medios sensacionalistas y los políticos locales a menudo describen a los atribulados migrantes y refugiados como miembros de las temidas maras, sumándole la estigmatización y la discriminación a su ya difícil situación.

¿Qué se debería hacer?

El gobierno de los EE.UU. claramente tiene la intención de fortificar su propia frontera sur. Como mínimo, debería compensar por la presión que ejerce sobre las instituciones y los recursos de México utilizados para proteger a las personas vulnerables que están siendo detenidas ahí, apoyando los esfuerzos de las autoridades mexicanas y del Triángulo Norte por fortalecer la supervisión de las agencias de seguridad y las instituciones estatales que trabajan en temas de migrantes y refugiados, sobre todo el COMAR. La asistencia técnica de Estados Unidos y la UE y el apoyo al desarrollo de capacidades en consulados centroamericanos de escasos recursos en la ruta migratoria a través de México ayudaría a garantizar una mejor protección para migrantes y refugiados, especialmente en un momento de intensificación del sentimiento anti-migrantes en los estados del sur.

Los EE.UU. y la UE deberían intensificar su apoyo para la prevención de la violencia y el desarrollo económico en los lugares del sur de México donde han llegado la mayoría de centroamericanos. Deberían ayudar urgentemente a los tres países del Triángulo Norte y a México a desarrollar nuevos programas para reintegrar a los deportados a sus países de origen y a los refugiados en el extranjero, incluso a través de iniciativas que les den acceso a atención médica, empleo, educación y apoyo psicosocial cuando sea necesario.

Para equilibrar la carga que representa el movimiento de personas, los EE.UU. y la UE también podrían impulsar el apoyo técnico para poder ampliar el procesamiento de refugiados centroamericanos, especialmente el de menores, en países vecinos (principalmente Belice y Costa Rica) y garantizar que los gobiernos y las ONG en la región proporcionen refugio adecuado a quienes esperan decisiones. El apoyo financiero y logístico a países vecinos como Panamá y Costa Rica, así como a otros países latinoamericanos que han aceptado recibir refugiados, ayudaría a amortiguar el impacto de las políticas de inmigración cada vez más restrictivas adoptadas en los destinos más tradicionales.

Desde una perspectiva humanitaria, estos pasos ayudarían a México a lidiar de manera responsable con el creciente número de personas vulnerables que continúan cruzando su frontera sur, a pesar de sus esfuerzos por detenerlos. Apoyar los esfuerzos de México por proporcionar una mayor protección a migrantes y refugiados también favorecería los intereses de los EE.UU., ya que puede ayudar a mitigar los problemas de seguridad que llevan a las personas a dejar México en busca de protección más al norte.

Fuente: www.crisisgroup.org