Frente a las pérdidas futuras que dejaría la pandemia del covid-19, Palmerola International Airports (PIA) ha enviado una carta donde solicita un ingreso adicional a lo establecido en el contrato de 51.3 millones de dólares (más de 1,280 millones de lempiras).
El representante legal de la concesionaria, Lenir Alexander Pérez, explicó al representante Leo Castellón, la Superintendencia de la Alianza Pública-Privada (SAPP), en una nota donde indica que los efectos de la pandemia podrían causar una drástica caída en el tráfico de aeropuertos por el temor que podría persistir de las personas en viajar y deja un impacto negativo en el sector turístico.
Según estimaciones de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Palmerola también tendría un impacto en la reducción de 1,149 millones de pasajeros en los primeros doce años de operación.
Pérez resalta en la carta que el proyecto «requiere una atención primordial por parte del gobierno producto de la incertidumbre de la industria que afectara tanto la fecha de inicio de explotación como la operación del aeropuerto de Toncontín».
En ese sentido, Pérez manifiesta que el gobierno y la concesionaria pueden llegar a un arreglo directo en base de que se necesita buscar soluciones y beneficiar a ambas partes para que “no impactar al gobierno de Honduras con erogaciones adicionales pero debiendo ser viable tanto financiera como técnicamente”.
Por su parte, el diputado Jorge Cálix dijo que según la nota se busca una resolución de conflictos y en redes sociales denuncia que «es una amenaza de demanda al Estado de Honduras», pero Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos de Grupo EMCO-Munich desmiente que el gobierno dará esa erogación.
Cálix menciona que el Estado ha invertido más del 58 por ciento del costo final de la obra.
Lenir Perez y su empresa amenazan al Estado de Honduras con demandar por más de $ 51 millones por “futuras pérdidas”. Y eso que ni siquiera han comenzado a operar.
Cómo abogado les puedo asegurar que lo que busca la empresa es que le den la concesión de los otros 3 aeropuertos.
— Jorge Cálix (@JorgeCalixHN) July 30, 2020
“Ellos están activando una cláusula del contrato donde el gobierno tiene una obligación de pagar”, enfatiza Cálix.
«Estamos comunicando el impacto y no estamos esperando ninguna erogación en función a la cantidad de dinero, estamos planteando la problemático y el futuro impacto y nosotros prever un plan de acción”, explicó Peter Fleming.
Cabe destacar que no es la primera vez que se modifica, amplia ni se le incrementa a los fondos del proyecto de Palmerola.
En el 2019 el Congreso Nacional aprobó una ampliación por cinco años más de la concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Además otra de las aprobaciones del CN contemplaba el aumento de un 20 por ciento del presupuesto para su construcción de obras adicionales.
Palmerola desmintió luego de haber causado polémica la nota, que solicitó al gobierno desembolsos adicionales y reitera que solo se propone encontrar soluciones contemplado en el contrato de concesión, “una figura que no impacte al gobierno de Honduras con erogaciones adicionales”.
“No solicita dinero al gobierno para subsidiar proyecto, el concesionario deja claro que no pide dinero e invoque esa cláusula para que el concedente en el caso de INSEP, se siente en mesas técnicas hagan los estudios, determinen el impacto y cuáles serán las soluciones o compensaciones”, aclaró Castellón.
COHEP propone junta administradora
El sector de la empresa privada también notificó su preocupación a través de una carta la presidente del Consejo Superior de Alianza Público-Privada, Martha Doblado, sobre el vencimiento a finales de septiembre del contrato de concesión.
Entre las propuestas es la conformación de una junta administradora de transición del sistema aeroportuario del norte y litoral atlántico que podrían encargarse de a planificación, dirección, coordinación administración del sistema Aeroportuario; la elaboración de proyectos de inversión
“Proponemos una junta administrativa sin fines de lucro integrados por las gremiales que operen el aeropuerto, lo administren en una forma eficiente y económica para que sea un polo de desarrollo”, agregó el expresidente del COHEP, Luis Larach.
La desaparición de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada como parte de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según una agencia internacional, que inició el proceso de licitación en el 2018 ha causado estos retrasos.
