El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, en el programa Cuarto Poder, negó que hayan acordado con el Consejo Económico y Social (CES) ampliar el periodo de suspensión laboral ya que asegura es ilegal y vulnera los derechos de los trabajadores.
Ayer la Secretaría de Trabajo anunció, luego de que se venciera el plazo de 120 días que otorga la ley para la suspensión de empleados en casos fortuitos, se decidió ampliar el periodo para evitar que las empresas despidan de manera definitiva a sus empleados.
Durón reiteró que la suspensión laboral que han realizado las empresas es ilegal y que no han sido parte de esa decisión de ampliar el periodo de suspensión dejando a los trabajadores sin ingresos desde el mes de abril donde comenzaron a suspender a los empleados.
“No es cierto que se pactó nada. El sector privado está de acuerdo que se extienda la suspensión, pero sin la obligación del beneficio que estableció el decreto 33-20 que es el bono solidario. Si amplían la suspensión sin el beneficio no podemos aceptar eso pues dejan sin ingresos a los trabajadores”.
Para Durón la empresa privada lo que busca es justificar con un argumento jurídicos que las empresas puedan cancelar los contratos a los empleados sin responsabilidad laboral por lo que señaló que “comenzarán a llover demandas”.
“Los que están en contra del Código Laboral es porque el 75 por ciento de este defiende a los trabajadores, cualquier decisión que tomen en el Ministerio de Trabajo lo que va suceder es que los trabajadores van a impugnar estas suspensiones, porque no existe suspensiones firmes, lo que tenemos son notificaciones que le facultan a los patronos a ser solicitudes para suspender empleados”, explicó.
Por su parte el abogado Fausto Cálix detalló que el artículo 101 del Código del Trabajo señala que quien autoriza las suspensiones o no es la Secretaría del Trabajo, pero esta tiene que autorizarla después de un proceso administrativo que inicie el patrono o la empresa que decidió suspender esos contratos.
“No se puede iniciar una nueva suspensión si ni siquiera se ha iniciado el proceso administrativo. Quieren amenazar con despedir a los empleados si no aceptan la suspensión, pero en caso que suceda el empleado podrá solicitar el reintegro o el pago de sus prestaciones”, señaló.
En defensa, el empresario Jimmy Daccarett argumentó que la pandemia del Covid-19 ha venido a afectar los ingresos de las empresas y que la decisión tomada por la Secretaría de Trabajo es con la finalidad de mantener los empleos y no despedir a los trabajadores.
“Estamos viviendo momentos excepcionales, es importante que se otorgue ese beneficio para dar un compás de espera para que las empresas puedan sostener la mayor cantidad de empleos, de esa forma estaría dando más tiempo para que las empresas pudieran ver si reactivan la economía y mantener los trabajos. Si les colocan la suspensión a 120 días las empresas, aunque no quieren se van a ir al despido absoluto entonces se busca la flexibilidad de ampliar ese periodo”, advirtió.
https://www.facebook.com/196823256997645/videos/300014831197917/
