La Fundación Friedrich Ebert realizó un foro virtual donde expertos en diversos temas ambientales y de derechos de comunidades garífunas e indígenas expusieron la realidad del país frente al impacto del SARS-CoV-2 o Covid-19 y la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Actualmente cuenta con nueve ratificaciones Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.
La abogada Clarisa Vega del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) manifestó que Honduras no ha ratificado dicho acuerdo, pero si lo aprueba este generaría que el país mejore las condicione actuales en materia del medio ambiente sobretodo en su debilitada institucionalidad.
“Honduras no ha firmado ni ratificado el acuerdo que fue aprobado por 23 países entre ellos Honduras y este pueda incidir en un cambio en nuestros países que vaya encaminado a solventar problemas ambientales y mejorar la institucionalidad para generen cambios y desarrollo en nuestros países”.
“Tenemos grandes problemas con la corrupción, el uso indiscriminado de los recursos naturales, vulneración de derechos, toda esta situación es tan problemática, pero tenemos la confianza que el acuerdo de Escazú sea un paso para avanzar a otro nivel” expresó.
Según Vega, la pandemia del coronavirus ha mostrado la problemática de debilidad del sistema sanitario del país y esto producto de políticas ineficaces que se han tomado y han venido rezagando causando grandes problemas a la población y sin poder ofrecer una respuesta a las exigencias de la pandemia.
“Están pidiendo responsabilidad, educación, cultura de la población cuando no se ha trabajado en aspectos importantes en Honduras. Hay un alto índice de analfabetismo… Las familias hacen un esfuerzo de quedarse en casa, pero necesitan llevar el sustento a sus hogares y por eso vemos como se ha aumentado la curva de casos”, agregó.
Para Vega, la falta de respuesta del Gobierno ha incentivado que personas y grupos que salen a protestar por alimentos sean reprimidos y también ver miembros de grupos indígenas, defensores de los derechos humanos y ambientales en una vulneración de derechos extrema.
“La crisis por el coronavirus es una crisis que amerita atención inmediata pero no está sola, tenemos la crisis climática, la crisis del agua, la crisis migratoria, la crisis alimentaria, todo este colapso se debe salir de ellas haciendo un esfuerzo más allá para que este acuerdo sea firmado y ratificado y depositado en Naciones Unidas”, concluyó Vega.
Por su parte, Lucía Vijil del Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad) explicó sobre las repercusiones en la población indígena, garífuna y como el acuerdo de Escazú los protegería.
“La acción de defensa del territorio ya era complicada sin el Covid-19 con la pandemia aumenta la vulnerabilidad de los derechos humanos de las comunidades indígenas y garífunas, así como a los defensores de los derechos del territorio” señaló.
Según datos del Cespad, se han registrado cuatro asesinatos de defensores de sus territorios en medio de la pandemia del Covid-19 mostrando que la persecución y el asedio a los grupos campesinos y garífunas no se ha detenido.
“Hay comunidades que han reportado que continúa el hostigamiento por parte de empresas de seguridad privadas, policiales y militares, sumado al estrés por el confinamiento, todo un proceso de hostigamiento, persecución y criminalización de entes policiales en esos sectores”, explicó.
“Estamos atravesando en medio de un contexto Covid la contra ofensiva extractivista porque no se detuvo en estos tiempos, sino que continúan con sus actividades. Se han instalado zonas de empleo y desarrollo económico conocidas como ZEDE, se han otorgado licencias ambientales en línea a través de Mi Ambiente, se ha agudizado la situación agraria y se han otorgado proyectos en comunidades garífuna sin ser consultados”, señaló.
Para Vijil, lo más preocupante es la suspensión de garantías constitucionales en este contexto vulnerando a las comunidades indígenas y garífunas que siempre han vivido en un estado permanente de excepción y desde el pasado a la actualidad no han contado con el respaldo de los gobiernos en temas de seguridad y protección de derechos humanos al momento de ejercer su trabajo de defensoría.
“El acuerdo de Escazú garantizaría el derecho de acceder de forma oportuna y efectiva a la información ambiental lo que implicaría una reducción sustantiva de los conflictos socio ambientales, garantizaría el acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por los daños a los defensores de los territorios”, finalizó.
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