Las maniobras de corrupción en Honduras- Parte I- La extinción MACCIH/UFECIC

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), fue creada, el 19 de enero de 2016, con la finalidad de combatir la corrupción e impunidad que tenía sometido a los hondureños y provocó que instituciones del Estado fueran saqueadas. Desde su creación la MACCIH presentó catorce casos de investigación, esto le valió como pasaje para su terminación esto por haber creado un fuerte rechazo de las élites políticas corruptas que controlan...
Redaccion 2junio 20, 2020

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), fue creada, el 19 de enero de 2016, con la finalidad de combatir la corrupción e impunidad que tenía sometido a los hondureños y provocó que instituciones del Estado fueran saqueadas.

Desde su creación la MACCIH presentó catorce casos de investigación, esto le valió como pasaje para su terminación esto por haber creado un fuerte rechazo de las élites políticas corruptas que controlan el país y que hicieron todo lo necesario para sacarla de su camino.

La MACCIH surgió en respuesta a una serie de protestas motivadas por el escándalo del monumental latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Su desempeño llevó al procesamiento de 113 personas ​incluida la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo quien una vez que finalizó la estadía de la misión en el país todo su proceso fue declarado nulo y se tendrá que volver a realizar.

También colaboró en la promulgación de la Ley de Política Limpia y la integración de los primeros juzgados en el país para actos de corrupción conocidos como Tribunales en Materia de Corrupción.

La lucha que emprendió la MACCIH tuvo siempre obstáculos para evitar llegar a las estructuras criminales corruptas que tienen sometida y sentenciada a una castigadas Honduras esta es una lista de los principales impedimentos:

El 24 de enero del año 2018, el Congreso Nacional aprobó, por mayoría de votos, la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018 donde estipula que mientras exista una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no se podrá perseguir penal o administrativamente a los funcionarios públicos, diputados, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, entre otros.

Una vez aprobada esta reforma, los cinco diputados, Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleázar Juárez, acusados por la MACCIH en el caso “Red de Diputados”, se beneficiaron y el proceso fue engavetado mientras el TSC realiza las investigaciones correspondientes esto por decisión de la magistrada Alma Consuelo Guzmán y hasta este momento, dos años después, no ha hecho ni dicho nada sobre los avances del caso.

Por otra parte, el 15 de febrero del 2018 la noticia que asombró a los hondureños fue la renuncia inesperada del entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, a través de un mensaje en twitter anunciaba su renuncia y denunciaba a Luis Almagro de promover la corrupción desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

Jiménez había denunciado situaciones de corrupción en la OEA “Lo que no podemos permitir es que haya corrupción en la MACCIH” sostuvo al asegurar que el 25 por ciento del personal de la misión se encontraba en los Estados Unidos, en la sede de la OEA.

Jiménez había denunciado también que existía una investigación contra el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y se especuló que divulgar esto fue el detonante de su salida.

También, el 30 de mayo del 2018 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió un recurso de inconstitucionalidad en contra del convenio firmado entre el gobierno de Honduras y la OEA, que dio vida a la MACCIH.

Los magistrados de la sala de los constitucional declararon, por unanimidad de votos la constitucionalidad del convenio, pero debilitó las funciones de la desaparecida y exterminada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

La presión internacional antes de emitir una resolución al recurso no se hizo esperar, un día antes, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro se había pronunciado exigiendo a la corte un fallo enmarcado en la Constitución de la República.

También, la Embajada de los Estados Unidos, por medio de la entonces encargada de negocio Heide Fulton, a través de un comunicado solicitó a la Corte no resolver un fallo que generara más corrupción en el país

El 18 de junio de 2018 la Secretaría de la OEA, junto con el gobierno, a través de un comunicado anunciaban el nombramiento del nuevo jefe de la MACCIH, el ex fiscal brasileño, Luis Antonio Guimarães Marrey; Para el ocho de mayo Guimarães anunciaba su salida de la misión aludiendo que él había firmado un contrato por un periodo de un año.

En su gestión al mando de la MACCIH, Guimarães, presentó siete denuncias de corrupción y fue enfático en las exigencias a los diputados del Congreso Nacional de eliminar la Ley de Secretos y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz que todavía duermen “el sueño de los justos”.

Desde la salida de Guimarães, hasta su culminación, el mando de la MACCIH, lo asumió Ana María Calderón, abogada de nacionalidad peruana.

Otro acto que mostró el poder de la élite política fue cuando el 13 de septiembre del 2018 el pleno de magistrados de la Corte Suprema declaró con lugar el recurso de amparo presentado por la defensa legal del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, por lo que de manera inmediata se suspendió la investigación en su contra realizada por la MACCIH mientras no fuera informado sobre las acusaciones en su contra.

Con este fallo de la Corte detuvo la investigación contra Oliva; Jiménez Mayor antes de su retirada del país había anunciado, en un foro de televisión, que alrededor de 86 diputados se encontraban bajo investigación y dentro de ellos estaba el presidente del Congreso Nacional, Oliva, que actuó de manera rápida, buscó a través de un recurso de amparo detener dicha investigación y su petición fue declarada con lugar.

En el Congreso Nacional, el pasado 15 de octubre del año anterior, con 88 votos a favor, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Especial del Fondo Departamental en la cual se activa la inmunidad parlamentaria y establece que los miembros de ese poder del Estado no tendrán responsabilidad en materia penal, civil y administrativa por su función legislativa; También, el TSC es el responsable de investigar, en un plazo de tres años, los fondos públicos utilizados por los diputados.

De nuevo los diputados del Congreso Nacional crearon y reformaron leyes para que la MACCIH o cualquier institución que investiga actos de corrupción no los puedan investigar; se han presentado varios recursos de inconstitucionalidad a la Corte para que declare en contra estas reformas, pero no han sido resueltas.

La noche del diez de diciembre el Congreso Nacional instó al Poder Ejecutivo a que no renovara el Convenio Honduras-Organización de Estados Americanos (OEA), que dio vida a la MACCIH.

El informe presentado destacaba que se había comprobado la participación de extranjeros en el secuestro de documentos, allanamientos y audiencias judiciales, así como efectuar presiones públicas a jueces cuando los fallos no estaban en sintonía con lo deseado por la misión.

También señalaba que no se conoció de la ejecución del presupuesto de la Misión porque los funcionarios se negaron a dar informes a la comisión investigadora del Congreso.

El informe destacaba que Honduras había perdido independencia judicial, ya que la MACCIH postuló la creación de un circuito especial anticorrupción, para lo cual se crearon tribunales especiales, donde su personal era seleccionado con la interferencia de la misión.

Finalmente, el gran obstáculo que enfrentó la MACCIH fue su renovación, aunque se decía que era fácil ya que solo se necesita un cruce de cartas entre Juan Orlando Hernández y Luis Almagro, estos nunca se pusieron de acuerdo.

El Gobierno de Hernández, a través de un comunicado, anunciaba el 17 de enero que la misión no continuaría en Honduras “no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio” detallaba.

“Como Poder Ejecutivo yo no puedo con una simple firma comprometer la opinión de otro poder del Estado, llámese Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Procuraduría General de la República (PGR), o una institución independiente como el Ministerio Público” fueron las declaraciones de Hernández.

El tiro de gracias se concluyó el 24 de enero de este año cuando se sustituyó la UFECIC por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

La lucha contra la corrupción se detuvo con la salida de la misión y la sustitución de la UFECIC, la pandemia del Covid-19 ha sido el tiempo perfecto para cometer actos de corrupción sin importarle la salud del pueblo hondureño.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha emprendido una lucha siendo la única institución que ha denunciado los actos de corrupción en medio de la pandemia, pero ese esfuerzo se queda en nada cuando la institucionalidad está sometida por la imperante corrupción.

Acerca de El Pulso

Propósito: Somos un equipo de investigación periodística, que nace por la necesidad de generar un espacio que impulse la opinión sobre los temas torales de la política, economía y la cultura hondureña. Estamos comprometidos con el derecho que la gente tiene de estar verdaderamente informada.

Derechos Reservados 2019