Al menos 260 mujeres en Honduras denuncian diariamente violencia doméstica e intrafamiliar durante la cuarentena.
Aunque muchos casos son denunciados, cuando llegan a los entes de justicia se frenan las investigaciones y los procesos judiciales.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) expresó que el 90% de las muertes violentas son hombres y el 10% de los homicidios son mujeres.
«La gente puede ser decir que es poca la diferencia que están perdiendo la vida pero si lo vemos al revés, ¿cuántas mujeres son víctimas de violencia sexual? El 88% de las mujeres son las que sufren violencia sexual y el 12% son hombres», señaló Ayestas, en un foro organizado por Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras.
De esta violencia, el 76% son niñas y adolescentes en edad de 5 a 19 años que la sufren y en el 52% de los casos de las víctimas son personas conocidas. Ayestas menciona que apenas el 13% llegaron a una evaluación medico legal.
«No se hacen trabajos con la diligencia ni la oportunidad. Esta es una herramienta y si no se documenta tendremos como consecuencia un vacio y una vulnerabilidad», enfatiza la exdirectora de Medicina Forense, la doctora Semma Julissa Villanueva.
Las mujeres no llegan a un juicio público porque desisten, no tienen dinero, porque las instancias les queda lejos o son amenazadas, continuó Ayestas.
«Tengo casos documentados donde la evidencia de la investigación criminal ha fallado, no está funcionando las unidades de investigación, ni las mesas contra el feminicidio. Nos quedamos solo con las cifras y se quedan en números, porque la investigación se vuelve defectuosa y cómplice», agregó la doctora Villanueva.
Los círculos de la violencia se repiten debido a que se ha convertido en una práctica cultural generalizada, tomándose como comportamientos naturales que puede desencadenar hasta la muerte. Ayestas dice que se puede desaprender a través de la educación en las familias y en las escuelas para que esto no se normalice.
«Es impresionante como pocas mujeres asisten, estas mujeres llegan a los servicios forenses y tienen que ser recibidas con una sensibilidad y calidad importante, ni los propios funcionarios están sensibilizados para recibir con ese daño físico, mental y sexual», dijo Villanueva.
El servicio forense ayuda a fundamentar, apoyar y documentar los daños, pero las mujeres no acuden y las instituciones frenan a que se evite y se condene la violencia.
«Cada vez que el servicio forense no brinda la garantía de la prueba oportuna para que los fiscales entiendan que ha ocurrido la vulneración de los derechos, estamos promoviendo la impunidad», dice Villanueva.
Al menos 406 feminicidios se cometieron el año pasado y el sistema de emergencia 911 recibió más de 91 mil denuncias de violencia doméstica. Desde que se decretó el toque de queda a nivel nacional, más de 50 mujeres han sido asesinadas.
Con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 25 de junio, organizaciones han exigido que se reforme porque favorece a las personas que cometen los delitos y se han rebajado las penas.
«Es un código que favorece la promoción de la violencia contra las mujeres, disminuyen cuando se logre judicializar los casos. Por ejemplo, podría permutar o negociar de alguna manera confianzas o con trabajo de campo para que pueda disminuir las penas», dice Villanueva.
