El pasado 25 de mayo la muerte del afroamericano George Floyd asfixiado por varios policías blancos en Estados Unidos ha desembocado en una de las peores revueltas sociales en las últimas décadas, casi desde la muerte en 1968 de Martin Luther King, líder histórico de los derechos de los negros.
La indignación por lo que se denomina un crimen racial ha causado una convulsión sin precedentes con más de seis días continuos de protestas, disturbios, saqueos, que iniciaron en la ciudad de Minneapolis y se ha extendido a más de 140 ciudades en 21 estados en el país norteamericano.
En Honduras se han dado casos emblemáticos de personas que han sido asesinadas por la Policía Nacional y también acontecimientos que, en la mayoría de casos, han quedado en la impunidad y poco o nada hizo la población hondureña para exigir ¡JUSTICIA!
Aunque no han sido crímenes o hechos racistas como el suscitado en los Estados Unidos, son de gran impacto en la sociedad hondureña con el contraste que allá se han dado estallidos sociales haciendo “sacudir” gobiernos en exigencia de la justicia, mientras que aquí son minorías las que exigen ese derecho.
Una de las muertes que causó impacto en el país, fue el asesinato del “abogado de los pobres” el cuatro de diciembre de 2006; El abogado Dionisio Díaz García fue conocido por defender a personas de escasos recursos y empleados de restaurantes de comidas rápidas y empresas de seguridad que violentaban los derechos de los trabajares. En 2006 dos personas que se conducían en una motocicleta le arrebataron la vida.
En 2009 se condenó a César Daniel Amador Estrada, agente de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), y a Ramón Eusebio Solís Zelaya guardia de seguridad, por el asesinato de García; Sin embargo, el siete de abril de 2014 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia los absolvió del delito quedando en la impunidad.
También en 2009, el golpe de Estado del 28 de junio contra Manuel Zelaya Rosales, que para algunos ha sido una “sucesión constitucional”, despertó las protestas en el país que duraron varios días dejando al menos 20 muertes de ciudadanos a manos de la policía y el ejército. Cinco meses después se celebró las elecciones generales donde resultó electo Porfirio Lobo Sosa lo que terminó de disolver las protestas.
Ese mismo año, el ocho de diciembre de 2009, Julián Arístides González director de la Lucha contra el Narcotráfico, conocido como el “Zar antidrogas”, fue ejecutado por un dispositivo armado conformado por una escuadra de oficiales que se conducían en tres vehículos, cuatro agentes de tránsito y tres gatilleros en dos motocicletas de la DNIC que lo esperaban en las cercanías del barrio el Guanacaste donde lo asesinaron.
El 7 de diciembre de 2011, también a manos de policías corruptos, dirigidos por narcotraficantes, fue ultimado Alfredo Landaverde, analista y experto en narcotráfico quien dos semanas antes de su muerte denunció la estructura criminal que planificó el asesinato de Arístides González; Landaverde fue víctimas de amenazas tras denunciar oficiales de alto mando de la policía. Ambos hechos se mantienen en la impunidad.
Otro hecho que no solo causó revuelo a nivel nacional sino internacional, fue el vil asesinato de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores, líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente, ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento para activistas del medio ambiente.
Fue asesinada el 3 de marzo de 2016, su sentencia de muerte fue oponerse contra la construcción de la represa Agua Zarca, en el río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca.
La campaña emprendida por Cáceres logró la cancelación del proyecto a la empresa más grande de represas a nivel mundial que se retiró de su participación de la empresa DESA, también abandonó el proyecto la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial.
Solo la población campesina salió a las calles y una minoría de la población acuerpó la lucha por exigir justicia en la muerte de Cáceres, quien según informes fue asesinada por policías y militares encapuchados.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres, al ex jefe de seguridad de Desa y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos Douglas Geovanny Bustillo; al ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández; al oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos, Mariano Díaz Chávez; Óscar Torres; al gerente ambiental de Desa Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rapalo; y Edilson Duarte Meza. Todos actores materiales, aún están en la impunidad los actores intelectuales del crimen.
En 2017, las elecciones generales provocaron masivas protestas por el denominado “fraude electoral” y la reelección de Juan Orlando Hernández luego de ir perdiendo las elecciones con más del 70 por ciento de los votos escrutados.
La crisis postelectoral dejó como resultado al menos 26 muertes de ciudadanos a manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras que hasta el día de hoy se mantienen en completa impunidad al igual que las muertes en el golpe de Estado de 2009.
Una de las muertes que más congoja causó fue la de Anselmo Villareal, el 20 de enero de 2018, quién fue asesinado por un Policía Militar en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
Don Anselmo transitaba por el lugar de la protesta en su bicicleta y se dirigía rumbo a su hogar luego de haber realizado su jornada laboral, lastimosamente una bala le alcanzó y cayó al suelo, cuando no pudo levantarse pidió ayuda, los manifestantes lo auxiliaron, pero finalmente falleció.
Los últimos acontecimientos de protesta en el país fueron a causa de la privatización de la salud y la educación que quería implementar el gobierno de Juan Orlando Hernández, esto provocó que los maestros y empleados de la salud se unieran bajo la Plataforma Social en Defensa de la Salud y Educación de Honduras.
Tras varios días de masivas y fuertes movilizaciones, los médicos y maestros lograron, quizás en una hazaña que no se registraba desde la “huelga bananera”, doblegar las acciones del gobierno quienes eliminaron varios decretos ministeriales que iban en decadencia del derecho a la salud y educación.
Al tiempo de realizarse estas protestas, la lucha se comenzó a aminorar y se dejaron de realizar las protestas por parte de la Plataforma. Hoy en la actualidad los hondureños se afrontan a la pandemia del Covid-19 con un sistema de salud deficiente.
Ni la condena contra el narcotraficante Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante Juan Orlando Hernández, ni la aprobación de Nuevo Código Penal en Honduras han despertado de nuevo las protestas.
La población en Estados Unidos se encuentra en las calles exigiendo que los policías que mataron a George Floyd paguen por su crimen, en cambio en Honduras la mayoría de asesinatos por policías y militares se encuentra en la impunidad y pese a los diversos motivos que existen para estar en las calles y exigir una verdadera justicia siguen sin tener un despertar social.
Por: CABP
