La última raya del tigre

El 30 de abril, el fiscal estadounidense Geoffrey Berman anunció cargos penales contra uno de los policías más poderosos de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como “El Tigre”, y señaló que había “abusado de sus cargos en la policía hondureña para violar las leyes y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional contra el narcotráfico” durante casi 20 años. Berman sostiene que el exdirector de la policía protegía los cargamentos de...
Redacciónmayo 5, 2020

El 30 de abril, el fiscal estadounidense Geoffrey Berman anunció cargos penales contra uno de los policías más poderosos de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como “El Tigre”, y señaló que había “abusado de sus cargos en la policía hondureña para violar las leyes y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional contra el narcotráfico” durante casi 20 años.

Berman sostiene que el exdirector de la policía protegía los cargamentos de cocaína “a petición” del presidente Hernández y de su hermano, Tony, excongresista que fue condenado por narcotráfico en octubre de 2019. Bonilla, asegura la fiscalía, aprovechaba su papel en la Policía Nacional para “facilitar” el paso seguro de toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, y llegó a utilizar la “violencia, e incluso asesinatos”, para proteger a los “narcotraficantes con conexiones políticas con los que estaba aliado”, lo cual incluye al presidente y a su hermano, según la denuncia criminal del 29 de abril.

En un comunicado de prensa sobre la acusación, Berman dice que Bonilla operaba directamente a nombre del presidente Hernández y su hermano “para adelantar la conspiración [de narcotráfico]”.

En un comunicado, el presidente Hernández negó los señalamientos, a las que calificó de ser “100 por ciento falsas” y que están basadas en “en acusaciones hechas por narcotraficantes confesos que son inexactas”.

El nombre de Bonilla también había salido a la luz durante el juicio de Tony Hernández en 2019. El narcotraficante convicto Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, testificó que el exagente de la policía era un confidente cercano del presidente Hernández y su hermano, y que protegía los cargamentos de drogas y les notificaba de las operaciones de las fuerzas de seguridad. Bonilla negó conocer a El Rojo.

El expolicía negó todos los cargos recientes, así como tener alguna conexión con narcotraficantes o con los hermanos Hernández. Si es declarado culpable, Bonilla enfrenta una pena mínima de 10 años y una condena máxima de cadena perpetua.

El exdirector de la policía ha protagonizado controversias durante mucho tiempo. Su nombramiento para el cargo en 2012, por parte del entonces presidente Porfirio Lobo, fue bastante criticado debido al oscuro historial de abusos a los derechos humanos de Bonilla, que incluía acusaciones de que formó parte de un escuadrón de la muerte. A pesar de esto, la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad continuó llegando a las unidades que operaban bajo su mando, hasta que fue removido del cargo en 2013, justo antes de que Hernández llegara a la presidencia por primera vez.

De manera inesperada, el Ministerio Público de Honduras anunció el 2 de mayo que Bonilla también está siendo acusado de blanquear 20 millones de lempiras (unos US$800.000), según un informe de El Heraldo. Si se le acusa en Honduras, Bonilla no puede ser extraditado a Estados Unidos hasta que responda por esos cargos en su país.

La acusación a Bonilla es, hasta ahora, la que involucra de forma más directa a Juan Orlando Hernández en la operación de narcotráfico de la que formó parte su hermano Tony, y además vincula al presidente hondureño con asesinatos supuestamente cometidos con su conocimiento. Aunque las acusaciones en su contra siguen acumulándose, no es claro si ello tendrá algún efecto para el mandatario.

Por el momento, Hernández es prácticamente intocable debido a la inmunidad presidencial. Estados Unidos, además, no suele acusar a presidentes en funciones ni a expresidentes, aunque hay excepciones sobresalientes, como la del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la del expresidente de Panamá, Manuel Noriega.

El Distrito Sur de Nueva York podría estar allanando el camino para acusar a Hernández una vez abandone el cargo en 2022, con lo que evitaría cualquier intento de que aspire a un tercer mandato y provoque otra crisis constitucional. Hernández, no obstante, también podría extender su inmunidad si se vincula al Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que los presidentes de la región pueden hacerse miembros honorarios después de dejar sus cargos.

hay evidencias que “establecen sus estrechos vínculos con violentos narcotraficantes”, como afirma Dana Frank, profesora de la Universidad de California en Santa Cruz, en comunicación por correo electrónico con InSight Crime.

La denuncia contra el exjefe policial sostiene que Tony Hernández y el presidente Hernández, quien es identificado simplemente como CC-4, “ayudaron a Bonilla a ascender en los rangos dentro de la Policía Nacional de Honduras” entre 2010 y 2013, cuando Juan Orlando ejerció como presidente del Congreso. A cambio, Bonilla “ofrecía protección a sus actividades de narcotráfico”.

Bonilla era “de tanta confianza” del presidente Hernández y de su hermano que ambos le encomendaban “tareas especiales, incluso asesinatos”, según dice la denuncia. Esto incluye el asesinato de un traficante rival, cuya muerte, según se supone que Tony dijo, “era necesaria”, dado que le había impedido llevar cargamentos de cocaína a Guatemala a través del municipio de Santa Rita, en el departamento de Copán, al oeste del país, según un testigo criminal identificado como CW-1.

Aunque no se identifica por su nombre, se presume que dicho testigo es el exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien se declaró culpable de tráfico de drogas y armas y ha estado cooperando con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration DEA) con la esperanza de recibir una sentencia más indulgente. Ardón ya había mencionado antes, durante el juicio a Tony Hernández, el presunto papel de Bonilla en el asesinato del narcotraficante. En última instancia, según la información otorgada por Ardón en la denuncia del 29 de abril, Bonilla “pudo coordinar [el] asesinato”.

En esencia, los fiscales estadounidenses alegan que el presidente Hernández, quien ha negado vehementemente las acusaciones que lo vinculan al narcotráfico, no solo tenía un hermano que dirigía una conspiración de narcotráfico internacional: las autoridades estadounidenses ahora señalan que trabajaba en coordinación con él para facilitar sus actividades de tráfico de cocaína.

Aunque los vínculos del presidente con la actividad criminal se hacen cada vez más claros, las más recientes acusaciones no causan mayor revuelo por ahora, y lo más probable es que no tendrán mucho impacto. Las afirmaciones de que el presidente Hernández ofreció protección oficial a un laboratorio de drogas que producía entre 300 y 500 kilogramos de cocaína al mes apenas llamaron la atención de los titulares en marzo de este año y luego cayeron en el olvido en Honduras.

A pesar de los numerosos señalamientos de narcotráfico por parte de los fiscales estadounidenses, el presidente Hernández ha logrado forjar una fuerte relación con Estados Unidos, especialmente con la administración del presidente Donald Trump, con la que ha cooperado en acuerdos polémicos, como la medida de que los solicitantes de asilo en Estados Unidos sean enviados de vuelta a sus lugares de origen, o la de trasladar la embajada del país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

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