El Comité Directivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN), a través de un comunicado, exigió al gobierno de Honduras adopte acciones de respuesta para atender las necesidades en el contexto de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante la pandemia por COVID-19.
La red COIPRODEN, conformado por al menos 24 organizaciones de niñez y juventud, expresaron su preocupación por la agudización de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez y juventud del país, especialmente por la grave omisión de las medidas de prevención, control y tratamiento y los riesgos de desprotección de parte del Estado.
Según datos recabados, el 26 por ciento de los casos reportados por COVID-19 en Honduras corresponden a niñez y juventud; Del total de casos confirmados 35 son niñas y niños y 94 son jóvenes.
De los 129 casos entre niñez y juventud, el 66 por ciento son del departamento de Cortés con 85 casos y el 19 por ciento del departamento de Francisco Morazán con 25 casos. El 16 por ciento restante está distribuido en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, La Paz, Santa Bárbara y Yoro
Honduras registra una tasa de letalidad del 9.31 por ciento con 46 decesos. De estos dos jóvenes han muerto por COVID-19, lo que representa un 4.34 por ciento, (25 y 30 años de edad).
“Por lo antes expuesto, consideramos fundamental que el Estado representado a través de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), particularmente la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGER), los Comités de Emergencia Municipal (CODEM), Alcaldías Municipales, Comisión de La Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, y particularmente las instituciones rectoras de políticas públicas: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Instituto Nacional de Juventud (INJ) asuman su mandato institucional de coordinación y articulación entre las diferentes instancias mencionadas, a través de la adopción de acciones de respuesta integrales para atender las necesidades en el contexto de la pandemia y los riesgos de desprotección de la niñez y juventud.
COIPRODEN demanda al Estado de Honduras una estrategia integral inmediata, para atender a la niñez y adolescencia vulnerabilizada por el sistema, en hacinamiento en sus hogares y con escasez de alimentos, situación que los vuelve susceptibles al contagio.
También, recomiendan al DINAF, asignar una partida presupuestaria “para la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de mitigación y respuesta a favor de la niñez migrante deportada no acompañada a fin de acondicionar espacios físicos estatales adecuados, con personal especializado de forma que puedan observar la cuarentena en condiciones de dignidad humana. Que puedan acceder a pruebas diagnósticas, recibir tratamiento, alimentación y protección”. Cita parte del comunicado.
A la vez, solicita se conforme una comisión multisectorial de sociedad civil integrada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foros Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), para la veeduría social de los fondos asignados al gobierno y hacerle frente a la crisis en el marco de la declaratoria de emergencia.
“Hacemos un llamado enérgico a los servidores públicos para que utilicen responsablemente y con trasparencia los fondos asignados para atender la emergencia, garantizando de esta manera el derecho a la salud y a la vida del pueblo hondureños, particularmente de los sectores colocados en condición de mayor vulnerabilidad”.
“Las 24 organizaciones de sociedad civil que integran la Red COIPRODEN, reafirmamos nuestra disposición y compromiso en conformar una coalición en donde converja el liderazgo de diferentes especialistas de los sectores socio-económicos-políticos y académicos que permita establecer estrategias para hacer frente a esta crisis con especial atención a la niñez y juventud que se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social”.
