Tegucigalpa. Más del 50 por ciento de los hondureños considera que el Presidente de la República y sus funcionarios son el mayor foco de corrupción en el país. Así lo presenta Transparencia Internacional (TI), en su último informe “ LAS PERSONAS Y LA CORRUPCIÓNME_ES: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE»
Transparencia Internacional es una organización, no gubernamental que se dedica a la lucha contra la corrupción en el mundo, uniendo organizaciones de sociedad civil, sector privado y gobiernos. En Honduras esta representada por el presidente de la Asociación para una Honduras Más justa (ASJ), Carlos Hernández.
El estudio presentado, es parte del Barómetro Global de la Corrupción, herramienta para enumerar los países, en una escala de como las poblaciones perciben sus instituciones. Para el informe fueron evaluados más de 22 mil personas, entre mayo y noviembre de 2016.
El informe revela que para los hondureños la institución más corrupta es la Policía Nacional, seguida por el Presidente y sus funcionarios y entre 40 al 50 por ciento de percepción de instituciones descompuestas están, los concejales presidenciales y diputados. Según la población los que tienen mejor percepción son los líderes religiosos.
La percepción en Centroamérica es que los empresarios, empleados públicos y los líderes religiosos, son los que tiene una imagen positiva o menos corrupta. El 65 por ciento de los costarricenses dice sentir un incremento en la corrupción, mientras los hondureños y los salvadoreños aprecian que la corrupción aumentó en un 53 por ciento y los guatemaltecos presentan el porcentaje más bajo de la región.
Honduras Primer Lugar
Dentro de los indicadores evaluados están el pago de sobornos en escuelas, hospitales, documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales. Honduras obtuvo el primer lugar en la región, siendo el trato con los tribunales el nivel más alto de soborno.
Si bien el documento deja de forma muy amplia la definición de «soborno», en sus notas al final establece que «A fin de facilitar la lectura, utilizamos el término “soborno” para referirnos a aquellos que indicaron que habían pagado un soborno, dado un regalo o hecho algún favor a cambio de favorecer el acceso a un servicio público. Es importante destacar que, debido a los cambios realizados a la pregunta sobre soborno del cuestionario del Barómetro Global de la Corrupción, no es posible comparar encuestas previas del BGC con los datos que se presentan en esta instancia. La pregunta se modificó para indagar sobre el pago individual (ya no por hogar) de sobornos. Ahora también se pregunta sobre servicios brindados por el gobierno, en vez de sobre cualquier tipo de proveedores de servicios».
En todo caso, el 56 por ciento de los entrevistados hondureños confió que pagó sobornos en las instancias de justicia del país; del 21 al 30 por ciento lo hicieron en hospitales y escuelas y del 11 al 20 por ciento a la policía o por servicios públicos.
En la región latinoamericana, la atención médica reportó el indicador más elevado de sobornos, casi dos de cada cinco personas que accedieron a este servicio público, incluyendo tratamientos urgentes y vitales, tuvieron que pagar algún soborno. Mientras que en la educación pública una de cada cinco personas tuvo que pagar un pago indebido para obtener el servicio educativo.
El representante del Capitulo Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, dijo que “en el país tenemos el gran desafío en el Poder Judicial. El estudio refleja que en este poder es donde se dan los mayores pagos de sobornos, por lo que desde ASJ estamos acompañando los esfuerzos del Poder Judicial para lograr independencia y mejorar la aplicación de justicia para todos en igualdad de condiciones».
En El Pulso reconocemos que la forma más común de pago de lo que podría ser considerado como «soborno» por el documento, en los tribunales de justicia se paga al escribiente entre 300 y 500 lempiras para notificar a la contraparte de una demanda. Ese pago se entiende como para movilización y por como está hecha la pregunta, parece que el documento lo interpreta como soborno.
Un fraude la clase gobernante
Para el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz, los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, clase política y líderes del sector privado. Mencionó que el soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y que es un gran obstáculo para acceder a servicios públicos claves, en especial, para los grupos más vulnerables de la ciudadanía.
“Es necesario que los gobiernos tomen mayores medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles, sobre todo en los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los cuales deben tener un papel clave en lucha contra la impunidad. Deben fortalecer mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los corruptos y brindar mayores protecciones a quienes denuncian hechos de corrupción”, indicó Ugaz.
Ultimo lugar en denuncia
Honduras, es el segundo país de Centroamérica que más paga sobornos por la adquisición de un servicio público, y el sexto de Latinoamérica. México ocupa el primer lugar. Adicional, los hondureños son los últimos en Centroamérica que están dispuestos a denunciar un acto de corrupción que presencien, seis de cada diez personas no están dispuestas; en cambio, ocho de cada diez costarricenses están dispuestos a denunciar actos irregulares.
En la región, de los ciudadanos que indicaron haber pagado sobornos, menos de uno de cada 10 sostuvo que efectivamente denunció el hecho ante las autoridades (9 por ciento) y del total que sí lo hizo, 28 (por ciento) aseguró haber sufrido algún tipo de represalia.
Una gran mayoría de los consultados dijo tener esperanza en el papel positivo que pueden desempeñar los ciudadanos para combatir el soborno. Los sondeados en Brasil, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua y Honduras, son los más proclives a manifestarse de acuerdo en que los ciudadanos pueden desempeñar un papel relevante en la lucha contra la corrupción (entre 83 a 76 por ciento)
En Honduras, siete de cada 10 está de acuerdo en que las personas comunes pueden marcar la diferencia. En toda la región, el 72 por ciento de los hombres están de acuerdo en que las personas pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción, en comparación con el 69% de las mujeres.
(JS)
