La muerte del menor José Moreno Rodríguez a manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) el pasado 2 de enero, en el municipio de Santa María del Real, en el departamento de Olancho, provocó indignación y reclamo por parte de organizaciones civiles, que vieron en el incidente un ejemplo de la impunidad con que operan los cuerpos militares en las comunidades de Honduras.
Que inmediatamente después del incidente se presentara al Congreso Nacional el paquete de reformas al código penal, provocó, cuando menos, sospecha.
Casa Alianza Honduras, para el caso, una organización que trabaja con por los derechos de los niños en situación de calle y quien anualmente recaba información sobre la muerte de menores en el país, lanzó un comunicado público en el cual lamenta la muerte de Moreno Rodríguez y reitera su reclamo en contra de la ayuda militar en el país.
«Cada dólar de ayuda militar a Honduras se traduce en violación de derechos humanos de las y los pobres en Honduras», indica el comunicado, lamentando que la comunidad internacional tolere la falta de cumplimiento del compromiso por parte del gobierno manifestado recientemente en Ginebra, por la vice ministra de Derechos Humanos: «Los militares van a ser retirados de la seguridad pública en el último trimestre del 2016».
El NO rotundo que la oposición mantiene como una carta de trueque político al paquete de reformas pedidas por el ejecutivo, en el contexto de la muerte de Moreno Rodríguez, no ha permitido llevar ambas discusiones con la seriedad necesaria.
Una, es la discusión que deberíamos estar llevando sobre el verdadero contexto en donde se piden las reformas al código penal, en medio de un incremento en la campaña regional en contra de las pandillas y el esfuerzo por parte del gobierno —efectivo o no, esa debería ser la discusión— para reducir el delito de extorsión, un flagelo que hoy por hoy mantiene contra la pared a miles de familias en las principales ciudades del país.
Y otra discusión que deberíamos estar llevando en este contexto, son las nefastas consecuencias que tiene la violencia del país, en contra las niñas y los niños en su desarrollo social y emocional.
Casa Alianza en su comunicado, exige al gobierno, revisar su estrategia militarista de seguridad y avanzar hacia una estrategia de seguridad humana con la participación de todos los sectores. Poner un alto a esta política de gobierno que permite el abuso, la tortura y el asesinato de parte de los militares a la población civil y a otras instancias de sociedad civil, no callar ante estos abusos y asesinatos.
Toda sociedad, sea cual sea su trasfondo cultural, económico o social, puede y debe poner fin a la violencia contra los niños y niñas. Eso no significa que haya que limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar la mentalidad de las sociedades y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia, en consecuencia, toda forma de violencia en contra de niñas y niños se puede prevenir.
¿Pero, cuales son realmente los datos de la violencia que sufren los y las niñas en Honduras?
A nivel nacional, según los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia en Honduras, en el 2015 se registraron 1,084 muertes de niños y niñas por causa externa. Las niñas representan el 26.7% del total de casos y los niños el 73.2%. Estas muertes muestran un incremento de 1.4%, es decir, 15 casos más en comparación al 2014.
Los homicidios tienen la mayor incidencia al ocupar el primer lugar con 570 muertes (482 niños y 88 niñas) que representan el 52.5% del total; le siguen las muertes por eventos de tránsito con 213 (139 niños y 74 niñas), las muertes accidentales que fueron 137 (95 niños y 42 niñas), las indeterminadas 120 (55 niños, 63 niñas y 2 sin dato) y los suicidios que sumaron 44 casos (22 niños y 22 niñas).
Al comparar con el 2014, los suicidios muestran un aumento de 16 casos (57.1%), las muertes accidentales tuvieron un incremento de 35 (34.3%) y por tránsito 49 (29.9%). En cambio, los homicidios se redujeron al registrar 57 (9.1%) casos menos y las muertes indeterminadas 28 menos (18.9%).
Entre 2008 y 2015, en el país se registraron 4,627 homicidios de niños y niñas. Del 2008 al 2010 el comportamiento de la tasa de homicidios de menores de 18 años fue creciente, pasando de 10.3 (380) a 15.3 (580) por cada cien mil habitantes, para el 2011 la tasa se redujo en promedio 1 punto, en cambio, en el año 2012 la tasa de homicidios incrementó en promedio 5 puntos, pasando de 14.6 a 19.5. En el 2013, la tasa presentó el decrecimiento de un punto y a partir de allí, el comportamiento de la tasa de homicidios de niños y niñas mostró una tendencia decreciente al pasar de 18.5 a 15.5 en año 2015, es decir, una reducción de 22.7%.
En el 2015, se registraron 570 homicidios a menores que afectaron en mayor medida a los niños con 482 víctimas, es decir, el 84.6%; los homicidios de niñas fueron 88, y representan el 15.4% de los casos.
De acuerdo al análisis por edad, se mantiene la tendencia de años anteriores, el grupo etario de 12 a 18 años siguen siendo el más afectado al acumular 89.1% de las muertes por homicidios (441 niños y 67 niñas).
La vía pública fue el lugar de mayor riesgo para los menores de edad al registrar el 68.1% de los homicidios de niñas (45) y niños (343). Las casas de habitación, hoteles o similares registraron 8.8% de los casos; río, laguna o mar 3.5%; solares baldíos o lugares a la intemperie 2.8%; fincas o campos 1.8%. Además, se registraron 6 homicidios en Centro de Menores y una muerte en posta policial.
Durante el año 2015, el posible móvil de las muertes de niñas y niños se desconocen en un 51.6% de los casos, manteniendo un porcentaje similar al año anterior (51.8%), lo cual refleja la necesidad de mejorar la protección de indicios como punto toral para una eficiente investigación.
En los homicidios donde existe un posible móvil identificado se encuentran: las riñas interpersonales (12.8%), ajuste de cuentas o modalidad sicarial (10.0%), relacionado con maras o pandillas (9.6%) y las muertes vinculadas a la delincuencia común (4.0%).
En el 2015, se registró en promedio 48 homicidios de niños y niñas por mes. Enero fue el de mayor incidencia con 56 muertes. El primer trimestre (enero a marzo) acumuló 26.7% de las víctimas, el segundo trimestre el 25.4%, lo que indica que la primera mitad del año contabilizó más de la mitad de las muertes violentas de niños y niñas por homicidio.
En comparación al 2014, los homicidios presentaron una reducción de 9.1%, es decir, 57 homicidios menos. Los meses de marzo, agosto, septiembre y octubre mostraron aumentos de 5.8%, 7.3%, 10.9% y 17.9%, respectivamente. El comparativo del resto de meses presentó una reducción en el número de casos.
Durante el 2015, un total de 111 municipios de los 298 del país, registraron homicidios de niñas y niños. Los 3 municipios con más incidencia fueron el Distrito Central (153), San Pedro Sula (94) y Choloma (40); sin embargo, las estadísticas reflejan variaciones porcentuales: el Distrito Central y Choloma presentan aumento de 4.8% (7) y 17.6% (6) respectivamente, en cambio, San Pedro Sula muestra una reducción de 42.7% (70) en las muertes.
Entre los municipios que registraron de 11 a 30 homicidios se destacan dos: La Ceiba y El Progreso con 19 y 15 muertes, respectivamente. Asimismo, 9 municipios sumaron entre 6 y 10 homicidios: La Lima (9), Villanueva (8) con una reducción del 27.7%, Comayagua (7), Quimistán (7), Siguatepeque (7), El Negrito (6), Santa Cruz de Yojoa (6), Catacamas (6) y Puerto Cortés (6); también, 97 municipios presentaron entre 1 y 5 homicidios. En 187 municipios no se reportaron homicidios de niños y niñas.
En el año 2015, los municipios con mayor incidencia homicida fueron: Francisco Morazán (163) y Cortés (169), le siguen Yoro con 40 casos, Copán y Santa Bárbara con 32 muertes cada uno, Atlántida 30 y Comayagua con 27 víctimas. En total, 11 departamentos del país presentaron entre 1 y 15 homicidios.
Al comparar con el 2014, los departamentos donde se redujo el número de homicidios fueron: Cortés 29.6% (71), Colón 50% (14), Olancho 42.1% (8), Atlántida 16.7% (6), Islas de las Bahía 33.3% (1), y Gracias a Dios con el 50% (1). Los departamentos que presentaron incrementos fueron: Santa Bárbara con 113.3% (17), Francisco Morazán 5.2% (8), Copán 33.3% (8), La Paz 75% (3), Lempira 25% (3), Comayagua 8% (2), Ocotepeque 50% (1), Intibucá 16.7% (1) y Yoro 2.6% (1). Manteniendo la misma incidencia están: El Paraíso, Choluteca y Valle. (Mapa No. 2)
Durante el 2015, se presentaron 350 escenas de crimen en las que murieron 387 menores. En escenas de una víctima perdieron la vida 318 niños y niñas (53 niñas, 258 niños y 7 cuyo sexo está indeterminado) estos casos representan el 90.9% del total. En 28(8%) escenas perdieron la vida 2 menores (6 niñas y 50 niños); asimismo, se registraron 3 escenas con 3 muertes (4 niñas y 5 niños) y una escena donde 4 niños fueron víctimas simultáneamente.
En comparación al 2014, el número de eventos disminuyó al pasar de 381 a 350 escenas de crimen al igual que la cantidad de víctimas por cada hecho.
En el 2015, los homicidios de niños y niñas mostraron un comportamiento diario en incidencia muy similar al de 2014, ya que, el lunes registró 90 (15.8%) muertes, viernes 87 (15.3%), miércoles 85 (14.9%), domingo 83 (14.6%), jueves 82 (14.4%) y sábado 80 (14%) víctimas; con menor frecuencia de homicidios está el martes al sumar 63 casos que representan 11.1% del total de víctimas. El 19 de enero con 7 muertes y 14 de marzo con 6 víctimas son los días que registraron mayor ocurrencia de muertes.
El uso del arma de fuego en las muertes por causa externa de niños y niñas, muestro que el departamento de Cortés tuvo la mayor incidencia con 30.8% (123) de las muertes utilizando este tipo de instrumento. Francisco Morazán acumuló 24% (96), Yoro 8.8% (35), Atlántida 7% (28) y Santa Bárbara 6.5% (26). Los tres departamentos donde no se presentaron muertes por causa externa utilizando arma de fuego fueron: Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Ocotepeque.
En el país, durante los últimos 8 años (2008-2015) se han registrado 3,824 muertes por causa externa de niños y niñas utilizando el arma de fuego. De esas muertes, 400 ocurrieron en el 2015 y al desagregarlas, 391 fueron homicidios, 4 suicidios, 1 muerte accidental y 4 indeterminadas.
El análisis por años mostró aumentos sostenidos de 60.6% entre 2008 y 2010, pasando de 325 muertes a 522 y para el 2011(497) hubo un descenso de 4.8% en comparación al año anterior. Sin embargo, en el 2012 nuevamente hay un aumento de 25.6%; es a partir del 2013 que se muestra una tendencia decreciente de 31.5%, pasando de 584 a 400 muertes en el 2015.
De enero a diciembre del 2015, las muertes de niños y niñas por arma de fuego siguen afectando a los niños al sumar el 88% (352) de las víctimas. Entre los 12 y 18 años se acumularon el 92.8% del total de muertes de menores; de éstos, la mayor frecuencia se presentó entre los 16 y 18 años con 300 víctimas (niñas 27 y niños 273), que representan el 75% del total. Entre los 0 a 11 años ocurrieron el 7.3% de las muertes (10 niñas y 19 niños); no obstante, la vulnerabilidad se manifiesta desde el nacimiento.
Durante el 2015, en 90 de los 298 municipios de Honduras ocurrieron 391 homicidios de niños y niñas por arma de fuego. En total, 5 de estos municipios acumularon el 55.2% de las muertes de menores por arma de fuego: Distrito Central registró 89 víctimas, San Pedro Sula 68, Choloma 30, La Ceiba 17 y El Progreso con 12 homicidios. 25 municipios acumularon el 26.8% de los casos, con frecuencias de 3 a 7 homicidios y 17.9% se presentaron en 57 municipios con 1 y 2 víctimas.
