/ORGANIZACIONES DESISTEN DE BUSCAR ABORTO LEGAL PARA NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS EN GUATEMALA

ORGANIZACIONES DESISTEN DE BUSCAR ABORTO LEGAL PARA NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS EN GUATEMALA

En medio de la crisis política que desató el gobierno de Jimmy Morales, al anunciar que no renovaría el convenio con la CICIG a partir de septiembre de 2019, la discusión en torno al aborto en Guatemala pasó desapercibida, así también, la derrota que las organizaciones sociales sufrieron en el país.

La diputada Sandra Morán había presentado en noviembre pasado una iniciativa de ley que eliminaba la responsabilidad penal a los prestadores de salud que ayuden a interrumpir un aborto a niñas menores de 14 años.

El proyecto de ley establecía que esta medida sólo iba a asumirse cuando las niñas sean menores de 14 años y el embarazo haya sido consecuencia de violación, explotación sexual o trata de personas.

La interrupción del embarazo debía ser voluntaria, según decía el proyecto de ley presentado por la diputadaMorán y sólo se requerirá que la menor llene un formulario de consentimiento o mediante un sistema de apoyo si se trata de una niña con discapacidad.

Pero la intensa reacción que la propuesta de ley recibió en los grupos anti abortos, la mayoría de ellos ligados a las iglesias evangélica y católica del país, provocó que las organizaciones sociales dieran marcha atrás a la propuesta, relegando la discusión a oponerse a otro proyecto que pretende, por el contrario, aumentar las restricciones a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo.

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“Tomando en cuenta las diferentes posturas, preferimos priorizar la situación y reparación a las niñas. No estamos listos (en Guatemala) para hablar de la interrupción” del embarazo, dijo a la AFP Paula Barrios, activista de Mujeres Transformando el Mundo.

El proyecto de protección a niñas se encuentra en discusión en la comisión parlamentaria de la mujer, que debe emitir un dictamen antes de elevarlo al pleno.

Al retirar el polémico artículo, no tendría que existir algún impedimento para que se apruebe la normativa, agregó la diputada Sandra Morán, del partido izquierdista Convergencia, ponente del proyecto.

“Esta (iniciativa de) ley nunca fue una ley de aborto, esta siempre fue una ley de atención y reparación para las niñas”, aclaró la congresista.

La ley actual guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre.

Pero el Congreso de Guatemala debate ahora una ley que prevé aumentar las restricciones al aborto estableciendo penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que sufran abortos, incluso involuntarios. Además, incrementa el castigo por interrupción del embarazo, prohíbe la educación en diversidad sexual y veta nuevamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los opositores a esta norma la califican de “anticonstitucional” y contraria a tratados internacionales, y anuncian recursos de amparo.

El domingo, unos 20.000 feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley de protección a las niñas.

Bajo el lema “Guate por la vida y la familia”, los manifestantes acusaron a la iniciativa de legalizar el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.

El diputado Fernando Linares, del derechista Partido de Avanzada Nacional, fue quien presentó la propuesta de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que vendría a revertir el poco espacio que la salud sexual y reproductiva tiene en las mujeres guatemaltecas, estableciendo penas de prisión por aborto intencional de los 1 a 3 años actuales a entre 5 y 10 años. Además, agrega penas de entre 2 y 4 años por intento de aborto o aborto “culposo”.

Según organizaciones feministas, esta iniciativa criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria.

Su aprobación sería “un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres”, dijo a la AFP Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.

Centroamérica es una de las regiones más restrictivas del mundo contra el aborto, En El Salvador, Honduras y Nicaragua está totalmente prohibido.

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.